31 Diciembre 2014
BUENOS AIRES.- La denominada cláusula RUFO -siglas de Rights Upon Future Offers-, que impide a la Argentina mejorar ofertas a sus acreedores, respecto de las que accedieron quienes aceptaron los canjes de 2005 y 2010, vencerá hoy. La caída de esa disposición permitirá al Gobierno nacional intentar en mejores condiciones, la reanudación de las negociaciones con holdouts que tienen fallos favorables en la justicia de Estados Unidos (EEUU).
Este grupo de acreedores se benefició por una sentencia del juez de Nueva York, Thomas Griesa, que determinó que la Argentina debe pagarles U$S 1.330 millones en efectivo por incumplimiento de la condición de la cláusula de igual tratamiento de acreedores (pari passu). Si a esto se le suman intereses y las presentaciones de los denominados me too (”a mi también”: acreedores que requieren el mismo fallo), la deuda total a negociar orilla los U$S 10.000 millones.
Tras el rechazo de la Corte Suprema de EEUU de revisar las sentencias en contra del país, el Gobierno y los “fondos buitre” tuvieron durante varios meses una serie de encuentros a instancias del mediador judicial, Dan Pollack, nombrado por Griesa. En todos los casos, el Gobierno planteó como oferta las condiciones de los canjes 2005 y 2010, apelando a las restricciones que le imponía la cláusula RUFO.
Esta condición está contenida en los títulos que se entregaron en ambas operaciones y se extingue el 31 de diciembre de 2014: hoy.
El Gobierno reiteró en varias oportunidades que pretende renegociar la totalidad de la deuda aún no reestructurada pero en condiciones, justas, equitativas y legales.
Si bien en el mercado financiero aún persiste la idea de que la Argentina buscará una negociación con los holdouts que le permita acercarse a la normalidad financiera, una serie de acciones tomadas por el Gobierno en las últimas semanas generó mayor incertidumbre sobre su real propósito.
El conflicto judicial mantiene a la Argentina en un default selectivo desde el 30 de julio, cuando Griesa impidió el pago de vencimientos a acreedores reestructurados hasta que no se cumpla con su fallo. Esa situación complicó el escenario financiero y limita al país a acceder al mercado de capitales y obtener las divisas necesarias para sostener la actividad económica. (DyN)
Este grupo de acreedores se benefició por una sentencia del juez de Nueva York, Thomas Griesa, que determinó que la Argentina debe pagarles U$S 1.330 millones en efectivo por incumplimiento de la condición de la cláusula de igual tratamiento de acreedores (pari passu). Si a esto se le suman intereses y las presentaciones de los denominados me too (”a mi también”: acreedores que requieren el mismo fallo), la deuda total a negociar orilla los U$S 10.000 millones.
Tras el rechazo de la Corte Suprema de EEUU de revisar las sentencias en contra del país, el Gobierno y los “fondos buitre” tuvieron durante varios meses una serie de encuentros a instancias del mediador judicial, Dan Pollack, nombrado por Griesa. En todos los casos, el Gobierno planteó como oferta las condiciones de los canjes 2005 y 2010, apelando a las restricciones que le imponía la cláusula RUFO.
Esta condición está contenida en los títulos que se entregaron en ambas operaciones y se extingue el 31 de diciembre de 2014: hoy.
El Gobierno reiteró en varias oportunidades que pretende renegociar la totalidad de la deuda aún no reestructurada pero en condiciones, justas, equitativas y legales.
Si bien en el mercado financiero aún persiste la idea de que la Argentina buscará una negociación con los holdouts que le permita acercarse a la normalidad financiera, una serie de acciones tomadas por el Gobierno en las últimas semanas generó mayor incertidumbre sobre su real propósito.
El conflicto judicial mantiene a la Argentina en un default selectivo desde el 30 de julio, cuando Griesa impidió el pago de vencimientos a acreedores reestructurados hasta que no se cumpla con su fallo. Esa situación complicó el escenario financiero y limita al país a acceder al mercado de capitales y obtener las divisas necesarias para sostener la actividad económica. (DyN)
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