28 Diciembre 2014
Un fallo de la Justicia recordó al Gobierno que no puede violar la Ley y provocó el debate sobre si los presos tienen derecho a tener derechos.
En las cárceles argentinas, menos del 20% de los detenidos tiene la posibilidad de tener un trabajo de 40 horas semanales (mínimo para percibir el salario básico de $4.400), algunos trabajan para el Estado en áreas de los penales y otros para empresas privadas que contratan con los Servicios Penitenciarios y que, en la mayoría de los casos lo hacen para ampliar el margen de su ganancia.
El trabajo no registrado se encuentra prohibido en nuestra legislación, la Ley no distingue si quien trabaja lo hace estando detenido o en libertad. Y por otra parte la posibilidad de tener empleo les permite cumplir con lo establecido por el artículo 121 de la Ley de Ejecución de la Pena (24.660) cuando dice que:
“La retribución del trabajo del interno, deducidos los aportes correspondientes a la seguridad social, se distribuirá simultáneamente en la forma siguiente:
a) 10% para indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito, conforme lo disponga la sentencia;
b) 35% para la prestación de alimentos, según el Código Civil;
c) 25% para costear los gastos que causare en el establecimiento;
d) 30% para formar un fondo propio que se le entregará a su salida.”
Pero claro, ninguno de estos supuestos podría darse si no trabajan, o si lo hacen en negro como ocurre en la actualidad.
Sobrevive entonces otro debate, que es el que no se da y que está más allá de lo establecido por la Ley: ¿cuál es el rol de la cárcel en nuestra sociedad?.
Para aquellos que consideren que los presos deben pasarla verdaderamente mal, que los violen, que los torturen y que en ocasiones los maten, deben saber que eso es lo que ocurre en la actualidad. En nuestras cárceles el Estado se convierte en delincuente y agrava con su accionar el problema que declama querer resolver.
Por eso, reducir el daño que causa la cárcel y promover la educación y el trabajo resultan ser entonces las mejores herramientas para impulsar en contextos de encierro, con el objetivo de motivar creando oportunidades, para que la vuelta al medio libre pueda ser lo menos traumática y sin que se produzcan nuevos conflictos, y porque es lo que ordena la Ley, la que alguna vez el gobierno debería respetar.
En las cárceles argentinas, menos del 20% de los detenidos tiene la posibilidad de tener un trabajo de 40 horas semanales (mínimo para percibir el salario básico de $4.400), algunos trabajan para el Estado en áreas de los penales y otros para empresas privadas que contratan con los Servicios Penitenciarios y que, en la mayoría de los casos lo hacen para ampliar el margen de su ganancia.
El trabajo no registrado se encuentra prohibido en nuestra legislación, la Ley no distingue si quien trabaja lo hace estando detenido o en libertad. Y por otra parte la posibilidad de tener empleo les permite cumplir con lo establecido por el artículo 121 de la Ley de Ejecución de la Pena (24.660) cuando dice que:
“La retribución del trabajo del interno, deducidos los aportes correspondientes a la seguridad social, se distribuirá simultáneamente en la forma siguiente:
a) 10% para indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito, conforme lo disponga la sentencia;
b) 35% para la prestación de alimentos, según el Código Civil;
c) 25% para costear los gastos que causare en el establecimiento;
d) 30% para formar un fondo propio que se le entregará a su salida.”
Pero claro, ninguno de estos supuestos podría darse si no trabajan, o si lo hacen en negro como ocurre en la actualidad.
Sobrevive entonces otro debate, que es el que no se da y que está más allá de lo establecido por la Ley: ¿cuál es el rol de la cárcel en nuestra sociedad?.
Para aquellos que consideren que los presos deben pasarla verdaderamente mal, que los violen, que los torturen y que en ocasiones los maten, deben saber que eso es lo que ocurre en la actualidad. En nuestras cárceles el Estado se convierte en delincuente y agrava con su accionar el problema que declama querer resolver.
Por eso, reducir el daño que causa la cárcel y promover la educación y el trabajo resultan ser entonces las mejores herramientas para impulsar en contextos de encierro, con el objetivo de motivar creando oportunidades, para que la vuelta al medio libre pueda ser lo menos traumática y sin que se produzcan nuevos conflictos, y porque es lo que ordena la Ley, la que alguna vez el gobierno debería respetar.
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