La Cámara, en condiciones de resolver el caso de Manzur

Después de un semestre de vicisitudes procesales, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán quedó habilitada para definir si confirma o revoca el sobreseimiento de Juan Manzur, vicegobernador con licencia y ministro de Salud de la Nación, en la investigación de un supuesto enriquecimiento ilícito. A mediados de este mes, tanto el fiscal general subrogante Leopoldo Peralta Palma como Fernando Poviña y Nicolás Pedro Brito, codefensores del funcionario denunciado, presentaron por escrito sus posiciones respecto del recurso de apelación que había formulado Carlos Brito, fiscal federal N° 1 entonces a cargo de la Fiscalía Federal N° 2, contra la sentencia de Daniel Bejas, juez federal N° 1, que declaró la inocencia del imputado.

El cumplimiento de ese trámite deja expedita la vía para que los vocales Marina Cossio, Ricardo Sanjuán, Ernesto Wayar, Raúl Mender y Graciela Fernández Vecino emitan una sentencia que aún puede ser cuestionada ante la Cámara Nacional de Casación Penal. En su primera presentación en esta fase del proceso, Peralta Palma había pedido “siguiendo instrucciones de Gustavo Gómez, fiscal general ante la Cámara”, que el recurso de apelación sea sostenido y atacado en forma oral y pública, como establece el Código Procesal Penal de la Nación en vigor. Pero esa solicitud “cayó en desgracia” con la posterior recusación de Gómez por “temor de falta de objetividad” que articularon Poviña y Nicolás Pedro Brito, y la resolución de la Cámara que hizo lugar a este planteo. Sucede que, por medio de una acordada, el tribunal dispuso que la audiencia en cuestión sea celebrada sólo si una de las partes lo pide en forma explícita y que, en este caso, las partes prefirieron -incluso el reemplazante de Gómez- manejarse por escrito.

Si el tribunal no emite un fallo mañana o pasado, la definición de la situación de Manzur quedará para el año próximo debido a que el miércoles comienza el receso de verano en el Poder Judicial. El abogado Brito informó a este diario que la defensa no había pedido que la causa sea declarada asunto de feria: por lo tanto, y siempre que no haya novedades entre este lunes y el martes, la resolución será emitida a partir de febrero. Si la Cámara se inclina por la continuidad de la investigación y esa decisión queda firme, la representación del Ministerio Público será ejercida por Pablo Camuña, fiscal federal N° 2 designado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en noviembre pasado.

La causa comenzó el 18 de agosto de 2010 a partir de la denuncia que presentó Oscar López, abogado y peronista disidente (el denunciante amplió su presentación original nueve veces). El 13 de junio pasado, el juez Bejas, que había conservado el rol de director de la investigación, sobreseyó a Manzur y rechazó la posibilidad de extender la pesquisa más allá del período original de 2009-2010, como querían López y el fiscal Brito.

La decisión del magistrado giró alrededor de tres ejes: 1) la afirmación de que las numerosas diligencias y medidas de pruebas ordenadas en el expediente no habían confirmado la hipótesis del enriquecimiento ilícito; 2) el informe técnico favorable al funcionario investigado que a finales de 2012 emitió Héctor Roccatagliata, miembro del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y 3) la posibilidad de abrir una nueva investigación penal para determinar la licitud de los incrementos patrimoniales registrados durante los años 2011 y 2012. “Declaro que la pesquisa no afecta el buen nombre y el honor de Manzur”, expresó Bejas al disponer el sobreseimiento.