Por Federico Türpe
27 Diciembre 2014
En un documento elaborado por la asamblea plenaria del Episcopado, integrada por más de 100 obispos, la Iglesia advirtió en mayo que “la Argentina está enferma de violencia”.
Los camporistas Wado De Pedro, diputado nacional, y José Ottavis, vicepresidente de la Cámara Baja bonaerense, no tardaron en responderle al clero y negaron que la Argentina esté enferma de violencia, como sí lo estuvo, dijeron, en el 55, en el 76 y en 2000.
“Muchos viven con miedo al entrar o al salir de su casa, o temen dejarla sola, o están intranquilos esperando el regreso de los hijos...”, dijeron los obispos. “Hay una violencia cada vez más feroz y despiadada. Es evidente la incidencia de la droga en algunas conductas violentas y en el descontrol de los que delinquen, en quienes se percibe escasa y casi nula valoración de la vida propia y ajena...”. “Frente al delito, deseamos ver jueces y fiscales que actúen con diligencia, que tengan los medios para cumplir su función, y que gocen de la independencia, la estabilidad y la tranquilidad necesarias. La lentitud de la Justicia deteriora la confianza de los ciudadanos en su eficacia. Algunos profesionales suelen utilizar de modo inescrupuloso artilugios legales para burlar o esquivar la Justicia: también esto es inmoral”, advirtieron en el documento ignorado por la presidenta, como tantos otros temas a los que señala como meras operaciones desestabilizadoras.
Hace días se cumplió un año de los violentos hechos que causaron muertes y destrozos por millones de pesos, primero en la ciudad de Córdoba y más tarde en Tucumán, en medio de una extorsiva huelga policial. Mientras el fuego ardía en decenas de barricadas vecinales y los disparos tronaban por todo el Gran Tucumán, la presidenta bailaba sobre un escenario en Plaza de Mayo.
En la provincia, el gobernador José Alperovich desaparecía por 72 horas, sentando a la anarquía en el sillón de Lucas Córdoba, luego de que había asegurado que no habría saqueos en Tucumán. Por eso, cuando el 27 de noviembre pasado Alperovich dijo que creía que “diciembre será tranquilo” muchos comenzaron a temblar. Desautorizando sus propias palabras, días más tarde activó un mega operativo para prevenir posibles saqueos y brotes de violencia generalizada, que incluyó, entre otras medidas, el despliegue de toda la Policía en la calle y el reparto de “planes antisaqueo” entre los sectores más postergados.
Al margen de que se pueda cuestionar o no los métodos, está claro que el gobernador aprendió la lección y esta vez no se quedó de brazos cruzados. Abandonó esa posición de negación casi patológica que acusan los sectores más radicalizados del kirchnerismo, para quienes la inflación, la inseguridad, la pobreza o el avance del narcotráfico, por citar sólo cuatro de los problemas más graves, son exageraciones de los medios de comunicación.
El país es cada vez más violento y no hacía falta que lo digan los obispos, lo sabe el vecino de a pie que camina por la calle con palpitaciones. Chicanas como las de De Pedro u Ottavis, clásicas de una gestión que apela a la violencia hasta por Cadena Nacional, lejos de resolver el drama lo agrava, porque se presume que si un gobierno niega un problema menos aún intenta solucionarlo. También podemos afirmar que había más violencia durante las guerras civiles argentinas del Siglo XIX. Siempre es más fácil señalar al más feo para creernos lindos.
La sociedad está dividida, comenzando por la presidenta, que confronta con alguien cada vez que habla. Pero también generan violencia la brecha entre los más ricos y los más pobres, cada vez más pronunciada, y la fuerte caída del poder adquisitivo estos últimos tres años, sobre todo del asalariado.
En los hospitales tucumanos declararon el jueves el “código rojo” por la cantidad de heridos que llegaron a las guardias, la mayoría con armas blancas. Tanto médicos como fiscales coincidieron en que hace muchos años no se vivía una Navidad tan violenta. Es un síntoma muy peligroso de un conflicto social bastante más complejo, aunque debe atenderse cuanto antes. Como actores sociales somos todos responsables, pero mucho más lo son las máximas autoridades, que tienen que serenarse, reconocer que la violencia está ganando, y empezar a trabajar por la paz.
Los camporistas Wado De Pedro, diputado nacional, y José Ottavis, vicepresidente de la Cámara Baja bonaerense, no tardaron en responderle al clero y negaron que la Argentina esté enferma de violencia, como sí lo estuvo, dijeron, en el 55, en el 76 y en 2000.
“Muchos viven con miedo al entrar o al salir de su casa, o temen dejarla sola, o están intranquilos esperando el regreso de los hijos...”, dijeron los obispos. “Hay una violencia cada vez más feroz y despiadada. Es evidente la incidencia de la droga en algunas conductas violentas y en el descontrol de los que delinquen, en quienes se percibe escasa y casi nula valoración de la vida propia y ajena...”. “Frente al delito, deseamos ver jueces y fiscales que actúen con diligencia, que tengan los medios para cumplir su función, y que gocen de la independencia, la estabilidad y la tranquilidad necesarias. La lentitud de la Justicia deteriora la confianza de los ciudadanos en su eficacia. Algunos profesionales suelen utilizar de modo inescrupuloso artilugios legales para burlar o esquivar la Justicia: también esto es inmoral”, advirtieron en el documento ignorado por la presidenta, como tantos otros temas a los que señala como meras operaciones desestabilizadoras.
Hace días se cumplió un año de los violentos hechos que causaron muertes y destrozos por millones de pesos, primero en la ciudad de Córdoba y más tarde en Tucumán, en medio de una extorsiva huelga policial. Mientras el fuego ardía en decenas de barricadas vecinales y los disparos tronaban por todo el Gran Tucumán, la presidenta bailaba sobre un escenario en Plaza de Mayo.
En la provincia, el gobernador José Alperovich desaparecía por 72 horas, sentando a la anarquía en el sillón de Lucas Córdoba, luego de que había asegurado que no habría saqueos en Tucumán. Por eso, cuando el 27 de noviembre pasado Alperovich dijo que creía que “diciembre será tranquilo” muchos comenzaron a temblar. Desautorizando sus propias palabras, días más tarde activó un mega operativo para prevenir posibles saqueos y brotes de violencia generalizada, que incluyó, entre otras medidas, el despliegue de toda la Policía en la calle y el reparto de “planes antisaqueo” entre los sectores más postergados.
Al margen de que se pueda cuestionar o no los métodos, está claro que el gobernador aprendió la lección y esta vez no se quedó de brazos cruzados. Abandonó esa posición de negación casi patológica que acusan los sectores más radicalizados del kirchnerismo, para quienes la inflación, la inseguridad, la pobreza o el avance del narcotráfico, por citar sólo cuatro de los problemas más graves, son exageraciones de los medios de comunicación.
El país es cada vez más violento y no hacía falta que lo digan los obispos, lo sabe el vecino de a pie que camina por la calle con palpitaciones. Chicanas como las de De Pedro u Ottavis, clásicas de una gestión que apela a la violencia hasta por Cadena Nacional, lejos de resolver el drama lo agrava, porque se presume que si un gobierno niega un problema menos aún intenta solucionarlo. También podemos afirmar que había más violencia durante las guerras civiles argentinas del Siglo XIX. Siempre es más fácil señalar al más feo para creernos lindos.
La sociedad está dividida, comenzando por la presidenta, que confronta con alguien cada vez que habla. Pero también generan violencia la brecha entre los más ricos y los más pobres, cada vez más pronunciada, y la fuerte caída del poder adquisitivo estos últimos tres años, sobre todo del asalariado.
En los hospitales tucumanos declararon el jueves el “código rojo” por la cantidad de heridos que llegaron a las guardias, la mayoría con armas blancas. Tanto médicos como fiscales coincidieron en que hace muchos años no se vivía una Navidad tan violenta. Es un síntoma muy peligroso de un conflicto social bastante más complejo, aunque debe atenderse cuanto antes. Como actores sociales somos todos responsables, pero mucho más lo son las máximas autoridades, que tienen que serenarse, reconocer que la violencia está ganando, y empezar a trabajar por la paz.
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