27 Diciembre 2014
EN UN BAR. Espeche suele recibir a vecinos fuera de su despacho oficial. la gaceta / foto de FRANCO VERA (archivo)
El intendente de Bella Vista, Luis Armando Espeche, atraviesa quizás el momento de mayor tensión política en sus más de 11 años de gestión. El jefe municipal fue objeto de una denuncia en la Justicia Federal por los presuntos delitos de fraude a la administración pública, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con su cargo.
Según la documentación aportada por el peronista disidente Enrique Romero, Espeche recibió en 2006 un anticipo financiero del Poder Ejecutivo (PE) por $ 2,7 millones, con el objetivo de atender el pago de sentencias judiciales firmes en contra del municipio. Sin embargo, aseguró Romero en la demanda planteada el martes pasado, ninguno de los acreedores que eran destinatarios de ese dinero “ha cobrado” un peso.
Con esta acusación, Espeche suma un nuevo conflicto. En el último mes, el intendente fue señalado por una vecina de Bella Vista, Lilia Fernández, por supuestamente haberla atacado a golpes y con una “picana” eléctrica (el funcionario alega que él fue la víctima). Además, la Cámara en lo Contencioso Administrativo le ordenó, producto del planteo del edil radical Sebastián Salazar, que entregue copias de las Cuentas de Inversión de 2011, 2012 y 2013, donde figuran los gastos e ingresos del municipio en esos períodos.
Un decreto del PE
Según la documentación, el 22 de febrero de 2006, el intendente Espeche le envió una nota al entonces Coordinador de Municipios y Comunas, Sergio Mansilla (actual senador nacional), para solicitarle asistencia financiera reintegrable por $ 2,7 millones, a fin de “atender el pago de sentencias judiciales condenatorias firmes en contra de la Municipalidad”. La nota pasó por diferentes áreas del PE, y regresó con el visto bueno, aunque con una salvedad: “el destino de la asistencia financiera es, en definitiva, exclusiva responsabilidad del municipio solicitante”.
El 2 de mayo de 2006, el gobernador José Alperovich firmó el decreto 1.227/3 (SH), que confirmó el auxilio económico a Bella Vista, y fijó 20 cuotas para su devolución.
Entre los supuestos acreedores del municipio aparecía Valentina Sosa de Díaz, quien por haber transportado ripio para obras públicas por $ 2.700 antes del 31 de diciembre de 2004, debía facturar (tras la conversión automática por ley) unos U$S 1.800.
Romero citó la demanda sobre cobros interpuesta por Sosa de Díaz contra Bella Vista, en la Cámara en lo Contencioso Administrativo. En ese expediente consta que un perito contable acudió a la Intendencia en mayo pasado. Allí, el contador general municipal, Ángel Eduardo Córdoba, le indicó que no se había recibido dinero de la Nación ni de la Provincia para abonarle a la denunciante. Y agregó que esos fondos habían sido destinados a saldar una deuda por $ 2,7 millones con “la firma José Minetti y compañía (Ingenio de Bella Vista)”.
Romero sostiene que “si este fuera el caso, estaríamos ante una malversación de caudales públicos, tipificada en el Código Penal, porque no se realizó el pago a las personas determinadas y perfectamente identificadas”. La sospecha del dirigente opositor es que el intendente llevó adelante un “lavado de esos activos”. Y pidió al fiscal federal Antonio Gustavo Gómez que cite a una docena de testigos y dé intervención a la Unidad de Investigación Financiera de la Nación.
Según la documentación aportada por el peronista disidente Enrique Romero, Espeche recibió en 2006 un anticipo financiero del Poder Ejecutivo (PE) por $ 2,7 millones, con el objetivo de atender el pago de sentencias judiciales firmes en contra del municipio. Sin embargo, aseguró Romero en la demanda planteada el martes pasado, ninguno de los acreedores que eran destinatarios de ese dinero “ha cobrado” un peso.
Con esta acusación, Espeche suma un nuevo conflicto. En el último mes, el intendente fue señalado por una vecina de Bella Vista, Lilia Fernández, por supuestamente haberla atacado a golpes y con una “picana” eléctrica (el funcionario alega que él fue la víctima). Además, la Cámara en lo Contencioso Administrativo le ordenó, producto del planteo del edil radical Sebastián Salazar, que entregue copias de las Cuentas de Inversión de 2011, 2012 y 2013, donde figuran los gastos e ingresos del municipio en esos períodos.
Un decreto del PE
Según la documentación, el 22 de febrero de 2006, el intendente Espeche le envió una nota al entonces Coordinador de Municipios y Comunas, Sergio Mansilla (actual senador nacional), para solicitarle asistencia financiera reintegrable por $ 2,7 millones, a fin de “atender el pago de sentencias judiciales condenatorias firmes en contra de la Municipalidad”. La nota pasó por diferentes áreas del PE, y regresó con el visto bueno, aunque con una salvedad: “el destino de la asistencia financiera es, en definitiva, exclusiva responsabilidad del municipio solicitante”.
El 2 de mayo de 2006, el gobernador José Alperovich firmó el decreto 1.227/3 (SH), que confirmó el auxilio económico a Bella Vista, y fijó 20 cuotas para su devolución.
Entre los supuestos acreedores del municipio aparecía Valentina Sosa de Díaz, quien por haber transportado ripio para obras públicas por $ 2.700 antes del 31 de diciembre de 2004, debía facturar (tras la conversión automática por ley) unos U$S 1.800.
Romero citó la demanda sobre cobros interpuesta por Sosa de Díaz contra Bella Vista, en la Cámara en lo Contencioso Administrativo. En ese expediente consta que un perito contable acudió a la Intendencia en mayo pasado. Allí, el contador general municipal, Ángel Eduardo Córdoba, le indicó que no se había recibido dinero de la Nación ni de la Provincia para abonarle a la denunciante. Y agregó que esos fondos habían sido destinados a saldar una deuda por $ 2,7 millones con “la firma José Minetti y compañía (Ingenio de Bella Vista)”.
Romero sostiene que “si este fuera el caso, estaríamos ante una malversación de caudales públicos, tipificada en el Código Penal, porque no se realizó el pago a las personas determinadas y perfectamente identificadas”. La sospecha del dirigente opositor es que el intendente llevó adelante un “lavado de esos activos”. Y pidió al fiscal federal Antonio Gustavo Gómez que cite a una docena de testigos y dé intervención a la Unidad de Investigación Financiera de la Nación.
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular
