21 Diciembre 2014
BUENOS AIRES.- Sólo se “normaliza” aquello que es anormal y habitualmente al Gobierno le sucede siempre cuando está contra las cuerdas, quiere cambiar sobre la marcha e imagina un bolo punch salvador. A veces no tiene distancia para aplicarlo, pero la férrea vocación por ganar otra vez el centro del ring, lleva al kirchnerismo a un nuevo embate, aunque tenga que cambiar sobre la marcha. Los antecedentes le juegan a favor: dos o tres veces besó la lona y se supo recuperar. El verbo normalizar es hoy referencia ineludible no sólo para hablar de los cepos instituidos en el mercado cambiario, que acaba de reconocer como distorsivos el recién ratificado titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, sino también para analizar la purga encarada por la presidenta, Cristina Fernández, en la secretaría de Inteligencia (ex SIDE, hoy SI), una dependencia que, recién once años después, cuando las papas queman, el Gobierno descubrió que se había vuelto ingobernable. ¿Qué significa la “normalización paulatina” del mercado cambiario? En verdad, lo que reconoció la incontinente verba de Vanoli no es demasiado relevante en términos prácticos, sino una monumental expresión de deseos al que le agregó el fallido de la “lenta normalización” del acceso a las divisas.
Sin embargo, lo dicho por el funcionario resulta ser de una factura notable en cuanto a que, quien se supone que es un defensor a ultranza del modelo, ha dejado en claro que el sistema de cepos estatistas le ha traído al país más problemas que beneficios. Sistema que, por otra parte, fue minimizado otrora, en cuanto al grado de perturbación de la economía, por la mismísima Presidenta. Y si no es “normal” el sistema de racionamiento de divisas que usa el kirchnerismo para impedir que particulares e importadores accedan a los dólares que quieren tener para cubrirse de la inflación o que necesitan para comprar insumos o mercaderías en el exterior, en democracia tampoco lo es que los servicios de Inteligencia se rebelen y que se nieguen a cumplir órdenes o que lo hagan a medias, en esta disputa abierta que protagonizan Gobierno y Justicia.
Todo lo que se observa que está saltando por el aire en estos tiempos de extremas turbulencias es parte de la historia chapucera del kirchnerismo que, por trabas ideológicas que lo impulsan a ir siempre a contramano del mundo o por verticalismo extremo o por ineptitud manifiesta o por todo a la vez, suele mostrar poca vocación por la gestión y se enreda en controles sobre controles que le terminan complicando cualquier asunto.
Como no cree en los mercados, lo mismo que ahora Vanoli pretende que se arregle le ha pasado al Gobierno con los diferentes cepos burocráticos que impuso en estos años sobre los precios, el trigo, la carne, los autos, la energía y otros más, temas que le han traído más distorsiones que beneficios y que le ha quitado las ganas de invertir a muchísima gente de aquí y del exterior.
“Ni siquiera supieron gestionar sus propias matufias”, opinó ante DyN un politólogo de primerísimo nivel, quien analizaba las pifiadas de forma que se descubren a diario en cada una de las causas donde hay olor a corrupción. “O se creían muy vivos o impunes de por vida”, añadió mientras ponía al vicepresidente, Amado Boudou, como el paradigma más irresponsable del modus operandi.
Mientras tanto, siguen saliendo a la luz no sólo datos del caso Ciccone, sino que ahora se enlaza el “asesoramiento” que la dueña visible de la imprenta, The Old Fund, una empresa ligada al socio de Boudou, José María Núñez Carmona, cuyo presidente era Alejandro Vanderbroele, hizo sobre un canje de deuda de la provincia de Formosa por el que cobró casi ocho millones de pesos del gobierno del kirchnerista Gildo Insfrán.
“Las reestructuraciones de deuda de las provincias con el gobierno nacional se llevan a cabo a nivel institucional”, acaba de declarar en sede judicial el ex ministro de Economía, Carlos Fernández. En buen romance, lo que dijo el inmediato antecesor de Boudou en el Palacio de Hacienda es que los asesoramientos en estos casos no son necesarios, porque no hay ni road shows, ni prospectos, ni cláusulas internacionales que atender, como en los préstamos que tramita la Nación.
Para el analista, el caso Lázaro Báez ya es otra cosa, ya que el territorio y los negocios emparentan la cuestión directamente con Néstor Kirchner primero y, tras su muerte, con su hijo Máximo. El episodio Hotesur, derivado casi de una falta administrativa menor (la falta de balances ante la IGJ) que motivó un allanamiento muy publicitado del juez Claudio Bonadio en una oficina vacía, parece haber sido la gota que colmó el vaso de la Presidenta y que blanqueó las hostilidades contra la Justicia.
Ya no era el dinero “físico” que iba y volvía de Santa Cruz en valijas repletas de billetes de 500 euros que se pesaban, ni estaba en la mira el valijero Leonardo Fariña o el primer dueño de la seudofinanciera La Rosadita, Federico Elaskar. Tampoco eran las cuentas bancarias en paraísos como Panamá o Seychelles o aún las 130 que parecen estar radicadas en Nevada, que los buitres dicen que son de Báez y Cristóbal López. Para Cristina, ahora se puso en juego otra cosa: Hotesur es propiedad de la primera familia y allí Báez y otros empresarios de Santa Cruz pagaron habitaciones que nunca nadie usó, uno de los ejemplos de libro más notorios del lavado de dinero.
Vale la pena repasar el manifiesto que ella misma expuso el martes en su blog. El escrito sonó a una muy buena excusa para pegarle a los medios que se hicieron eco de la especie, salvo que se repare en el penúltimo párrafo: “por eso, todos los días la calumnia y la difamación en una campaña mediática sin precedente contra ‘los Kirchner’. Y no sólo a quienes fuimos o somos Presidentes, sino también a nuestros hijos”, escribió.
Más allá de la tradicional propensión política que tiene el kirchnerismo a victimizarse, está más que claro que Cristina está preocupada como madre para que las esquirlas del escándalo no alcancen sobre todo a su hijo Máximo, mucho más ligado que Florencia a la administración de los bienes de la sucesión. Según una interpretación, esta fue la razón de fondo por la cual la Presidenta se obsesionó con los jueces federales a quienes buscó parar con la asistencia de la SI. Para sus estándares, esa dependencia le negó su apoyo o no supo cómo hacerlo y de allí que se decidiera “normalizarla”. La historia hay que remontarla a los tiempos en que el ex presidente Kirchner colocó al frente de la ex SIDE a dos pingüinos de Santa Cruz, a Héctor Icazuriaga en la cúpula y a Francisco Larcher como subsecretario de Inteligencia. Las fuentes a las que accedió DyN señalaron que ambos pasaron estos años siendo más que leales al Gobierno, aunque fueron “perforados” por la estructura, especialmente debido a la pelea que más abajo existía entre el director general de Operaciones, Antonio Stiusso y el director del área de Reunión Interior, Fernando Pocino, hoy cercano al jefe del Ejército, César Milani, un hombre que está formado en la inteligencia militar. La necesidad de volver a tener el control político pleno del área y un reportaje que dio Stiusso la semana pasada a la revista Noticias porque, según un informante, “probablemente ya sabía lo que venía”, empujaron a la Presidenta a colocar como número 1 (o “señor 5”) a un hombre de su extrema confianza, Oscar Parrilli, para que lo echara por “extorsionador”.
Durante la última semana, lamentablemente la contienda Gobierno-Justicia puede ser contada en términos bélicos, como una suerte de escaramuzas sin final a la vista, ya que la ofensiva judicial ha sido de citaciones varias a Tribunales por procesamientos o imputaciones de jueces, algunos ratificados por la Cámara respectiva, que fueron desde el ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, al ministro de Economía, Axel Kicillof o al fiscal de la Procelac, Carlos Gonella. Por el lado del Gobierno, los avances para ganar territorio se dieron en el Consejo de la Magistratura, ya que se logró instalar como juez electoral en la provincia de Buenos Aires, con el voto definitorio, una vez más a favor del kirchnerismo, de su nueva presidenta, Gabriela Vázquez, a Laureano Durán quien es secretario de la Cámara Federal de la Plata y no juez.
Inmediatamente, la oposición hizo el gesto más fuerte de la semana, al aparecer unida en el Congreso para oponerse a la designación, en lo que llamó “un plan sistemático de coacción de la justicia argentina”, situación que amenazó con denunciar penalmente.
Sin embargo, lo dicho por el funcionario resulta ser de una factura notable en cuanto a que, quien se supone que es un defensor a ultranza del modelo, ha dejado en claro que el sistema de cepos estatistas le ha traído al país más problemas que beneficios. Sistema que, por otra parte, fue minimizado otrora, en cuanto al grado de perturbación de la economía, por la mismísima Presidenta. Y si no es “normal” el sistema de racionamiento de divisas que usa el kirchnerismo para impedir que particulares e importadores accedan a los dólares que quieren tener para cubrirse de la inflación o que necesitan para comprar insumos o mercaderías en el exterior, en democracia tampoco lo es que los servicios de Inteligencia se rebelen y que se nieguen a cumplir órdenes o que lo hagan a medias, en esta disputa abierta que protagonizan Gobierno y Justicia.
Todo lo que se observa que está saltando por el aire en estos tiempos de extremas turbulencias es parte de la historia chapucera del kirchnerismo que, por trabas ideológicas que lo impulsan a ir siempre a contramano del mundo o por verticalismo extremo o por ineptitud manifiesta o por todo a la vez, suele mostrar poca vocación por la gestión y se enreda en controles sobre controles que le terminan complicando cualquier asunto.
Como no cree en los mercados, lo mismo que ahora Vanoli pretende que se arregle le ha pasado al Gobierno con los diferentes cepos burocráticos que impuso en estos años sobre los precios, el trigo, la carne, los autos, la energía y otros más, temas que le han traído más distorsiones que beneficios y que le ha quitado las ganas de invertir a muchísima gente de aquí y del exterior.
“Ni siquiera supieron gestionar sus propias matufias”, opinó ante DyN un politólogo de primerísimo nivel, quien analizaba las pifiadas de forma que se descubren a diario en cada una de las causas donde hay olor a corrupción. “O se creían muy vivos o impunes de por vida”, añadió mientras ponía al vicepresidente, Amado Boudou, como el paradigma más irresponsable del modus operandi.
Mientras tanto, siguen saliendo a la luz no sólo datos del caso Ciccone, sino que ahora se enlaza el “asesoramiento” que la dueña visible de la imprenta, The Old Fund, una empresa ligada al socio de Boudou, José María Núñez Carmona, cuyo presidente era Alejandro Vanderbroele, hizo sobre un canje de deuda de la provincia de Formosa por el que cobró casi ocho millones de pesos del gobierno del kirchnerista Gildo Insfrán.
“Las reestructuraciones de deuda de las provincias con el gobierno nacional se llevan a cabo a nivel institucional”, acaba de declarar en sede judicial el ex ministro de Economía, Carlos Fernández. En buen romance, lo que dijo el inmediato antecesor de Boudou en el Palacio de Hacienda es que los asesoramientos en estos casos no son necesarios, porque no hay ni road shows, ni prospectos, ni cláusulas internacionales que atender, como en los préstamos que tramita la Nación.
Para el analista, el caso Lázaro Báez ya es otra cosa, ya que el territorio y los negocios emparentan la cuestión directamente con Néstor Kirchner primero y, tras su muerte, con su hijo Máximo. El episodio Hotesur, derivado casi de una falta administrativa menor (la falta de balances ante la IGJ) que motivó un allanamiento muy publicitado del juez Claudio Bonadio en una oficina vacía, parece haber sido la gota que colmó el vaso de la Presidenta y que blanqueó las hostilidades contra la Justicia.
Ya no era el dinero “físico” que iba y volvía de Santa Cruz en valijas repletas de billetes de 500 euros que se pesaban, ni estaba en la mira el valijero Leonardo Fariña o el primer dueño de la seudofinanciera La Rosadita, Federico Elaskar. Tampoco eran las cuentas bancarias en paraísos como Panamá o Seychelles o aún las 130 que parecen estar radicadas en Nevada, que los buitres dicen que son de Báez y Cristóbal López. Para Cristina, ahora se puso en juego otra cosa: Hotesur es propiedad de la primera familia y allí Báez y otros empresarios de Santa Cruz pagaron habitaciones que nunca nadie usó, uno de los ejemplos de libro más notorios del lavado de dinero.
Vale la pena repasar el manifiesto que ella misma expuso el martes en su blog. El escrito sonó a una muy buena excusa para pegarle a los medios que se hicieron eco de la especie, salvo que se repare en el penúltimo párrafo: “por eso, todos los días la calumnia y la difamación en una campaña mediática sin precedente contra ‘los Kirchner’. Y no sólo a quienes fuimos o somos Presidentes, sino también a nuestros hijos”, escribió.
Más allá de la tradicional propensión política que tiene el kirchnerismo a victimizarse, está más que claro que Cristina está preocupada como madre para que las esquirlas del escándalo no alcancen sobre todo a su hijo Máximo, mucho más ligado que Florencia a la administración de los bienes de la sucesión. Según una interpretación, esta fue la razón de fondo por la cual la Presidenta se obsesionó con los jueces federales a quienes buscó parar con la asistencia de la SI. Para sus estándares, esa dependencia le negó su apoyo o no supo cómo hacerlo y de allí que se decidiera “normalizarla”. La historia hay que remontarla a los tiempos en que el ex presidente Kirchner colocó al frente de la ex SIDE a dos pingüinos de Santa Cruz, a Héctor Icazuriaga en la cúpula y a Francisco Larcher como subsecretario de Inteligencia. Las fuentes a las que accedió DyN señalaron que ambos pasaron estos años siendo más que leales al Gobierno, aunque fueron “perforados” por la estructura, especialmente debido a la pelea que más abajo existía entre el director general de Operaciones, Antonio Stiusso y el director del área de Reunión Interior, Fernando Pocino, hoy cercano al jefe del Ejército, César Milani, un hombre que está formado en la inteligencia militar. La necesidad de volver a tener el control político pleno del área y un reportaje que dio Stiusso la semana pasada a la revista Noticias porque, según un informante, “probablemente ya sabía lo que venía”, empujaron a la Presidenta a colocar como número 1 (o “señor 5”) a un hombre de su extrema confianza, Oscar Parrilli, para que lo echara por “extorsionador”.
Durante la última semana, lamentablemente la contienda Gobierno-Justicia puede ser contada en términos bélicos, como una suerte de escaramuzas sin final a la vista, ya que la ofensiva judicial ha sido de citaciones varias a Tribunales por procesamientos o imputaciones de jueces, algunos ratificados por la Cámara respectiva, que fueron desde el ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, al ministro de Economía, Axel Kicillof o al fiscal de la Procelac, Carlos Gonella. Por el lado del Gobierno, los avances para ganar territorio se dieron en el Consejo de la Magistratura, ya que se logró instalar como juez electoral en la provincia de Buenos Aires, con el voto definitorio, una vez más a favor del kirchnerismo, de su nueva presidenta, Gabriela Vázquez, a Laureano Durán quien es secretario de la Cámara Federal de la Plata y no juez.
Inmediatamente, la oposición hizo el gesto más fuerte de la semana, al aparecer unida en el Congreso para oponerse a la designación, en lo que llamó “un plan sistemático de coacción de la justicia argentina”, situación que amenazó con denunciar penalmente.
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