Por Álvaro José Aurane
20 Diciembre 2014
“Es la vigencia efectiva del derecho -y no sólo su configuración- la que se plantea como principal problema del ejercicio del poder. Este concepto se vincula con la idea misma que anima a nuestra Constitución: el sometimiento del gobierno a la ley”. Alberto Bianchi, “Control de Constitucionalidad”.
Dictar una ley que declara en Emergencia Económica a la Provincia es una cuestión vinculada a las finanzas públicas sólo en la forma. La materia del asunto es otra: consiste en la ruptura con la Constitución. Implica el fin del sometimiento del Gobierno al Derecho, porque el poder político se autoriza a sí mismo a apartarse de las normas y a fijar sus propias reglas. Por ejemplo, no pagar lo que debe, inclusive, en contra de lo que ordene el Poder Judicial.
La Emergencia Económica, aunque sea ley, opone al Estado de Derecho un verdadero Estado de Excepción. Porque, como ha dicho la Corte Suprema de la Nación, el Estado de Derecho no se agota en la sola existencia de una adecuada y justa estructura normativa general, sino que exige esencialmente la vigencia real y segura del derecho en el seno de la comunidad (Fallos, 300:1282 y 305:504).
En ese plano, mantener a la Provincia en Emergencia Económica durante 12 años consecutivos es varias veces peor. Es una ruptura ya no con la Constitución, sino contra el sistema constitucional mismo. Es un quiebre del alperovichismo no sólo con las normas reunidas en la Ley Fundamental (en definitiva, aquí rige “su” Constitución, gestada en almuerzos de quincho y promulgada el día 6 del mes 6 del año 6 de la década de 2000). El divorcio es con los límites constitucionales impuestos a las instituciones representativas. Para que haya república, nadie debe tener más poder que el conferido por el Derecho.
Deconstituyentes
El sistema constitucional es un complejo sistema de reglas y de instituciones, de separaciones y de contrapesos, de garantías y de funciones, que ha sido no sólo repudiado sino esencialmente neutralizado por este Gobierno. De hecho, no sólo es escandaloso que se haya gobernado durante tres períodos consecutivos bajo Emergencia Económica. También es alarmante que, cuando reformaron la Constitución para anularla, escribieran que, en realidad, no son tres períodos sino dos.
Nuestros Poderes Salvajes (tal el título de la obra de Luigi Ferrajoli, honoris causa de la UNT, a quien se debe esta descripción de los procesos deconstituyentes a manos del populismo) operaron todo esto en nombre de la omnipotencia que les confiere la mayoría.
Es que para vivir 12 años bajo un Gobierno que decidió estar exceptuado de las normas constitucionales, la expresión “consenso popular”, necesariamente, tenía que ser bastardeada. Fue desnaturalizada y reconvertida para ser presentada como la única fuente de legitimación del poder político. O sea, como fuente para legitimar todo abuso y, a la vez, para deslegitimar toda crítica y todo control. Había que desterrar el paradigma del Estado constitucional de derecho, como sistema de vínculos legales impuestos a cualquier poder. “El proceso deconstituyente se ha desarrollado también en el plano social y cultural, con la eliminación de los valores constitucionales en las conciencias de una gran parte del electorado”, completa Ferrajoli. Los que bregaron por la calidad democrática y la calidad republicana comenzaron a ser defenestrados. Eran gorilas, golpistas, destituyentes. Nunca ciudadanos.
Pero lo que esa mayoría aclamadora de una democracia meramente plebiscitaria no esperaba era que los consagrados con su voto usarían su nombre en vano para poner las leyes en su contra. Grandes, medianos y pequeños proveedores del Estado, empleados públicos, particulares o jubilados de todas las clases sociales, que vieron sus derechos conculcados por el Estado, debieron pasar años y hasta décadas en los tribunales, triunfando en una instancia solamente para pleitear en otra porque el Gobierno sólo sabe apelar. Y cuando obtuvieron los fallos definitorios, el Estado contestó que no honraría sus compromisos, sino que pagaría con títulos de deuda pública, por los que hay que esperar otra década para amortizar. Tarde vinieron a enterarse que la primera ley de los regímenes clientelares (aprobada a mano alzada por parlamentos siempre arrodillados ante los poderes ejecutivos) es pan para hoy, hambre para siempre. Trágico el destino de los que se farsaron del reclamo de calidad institucional: cuando entendieron que la Constitución está para proteger a las mayorías incluso de las mayorías, era demasiado tarde.
Malpensantes
Establecer una democracia formal alumbró uno de los mayores triunfos de la democracia pavimentadora: el derecho ilegítimo. La ley, en Tucumán, es lo que al alperovichismo quiera. Con todo lo ello implica en materia de Poderes Salvajes: “El populismo propone al jefe como encarnación de la voluntad popular. Los partidos perdieron su papel de mediación representativa. Se padece la homologación de los que se limitan a consentir y la denigración de los que se atreven a disentir. La despolitización es masiva. La disolución de la opinión pública es palmaria. Prima el interés privado, lo que pone en crisis la participación política. Abundan la manipulación de la información y la decadencia en la moral pública”.
Sólo entonces se entiende cómo es posible que, aún contando con los recursos para pagar las deudas del Estado con los tucumanos, como ordena la Justicia, la Legislatura avale a pedido del Ejecutivo otro año de Emergencia Económica. Sólo entonces el gobernador puede pedir un año más para que el Estado que administra (y que dentro de 11 meses ya no administrará) salde sus compromisos con los ciudadanos de a pie. Es curiosa la percepción del que está en el poder: él, después de gobernar ocho años seguidos, no pudo esperar cuatro años para recién volver a postularse a gobernador (y así honrar el espíritu constitucional). Por el contrario, arremetió con la recontra-reelección. Pero los jubilados, que mes a mes deben optar entre comer o pagar los remedios, sí pueden seguir esperando y sí pueden seguir muriéndose sin cobrar el 82% móvil.
“Para mayor transparencia, para evitar que se piense mal, pagamos cuando hay sentencia firme”, dice José Alperovich. El beneficio de la movilidad y la porcentualidad para los pasivos tiene sentencia firme. ¿Cómo se hace para pensar bien al respecto?
Absolutos
No hay razón para mantener a Tucumán en Emergencia Económica. Por eso, la vinculación del Estado de Excepción con las finanzas públicas es sólo una cuestión de forma.
Alperovich mismo reconoce que no tiene problemas de endeudamiento. “Debíamos (desde el Estado) tres presupuestos (cuando asumió en 2003) y ahora debemos el 10% de uno, y la deuda está (refinanciada) a 20 años”.
Pero hay cifras más contundentes que las proporciones de los porcentajes: los números absolutos del Presupuesto provincial. Cuando el alperovichismo llegó al poder, el plan de recursos y gastos apenas alcanzaba $ 2.000 millones. El que fue aprobado para 2015 es de $ 31.500 millones. Léase, esta gestión dispone de 16 veces más recursos para su último año en comparación con el primero. En ese período, por cierto, la inflación no fue del 1.600%: la del Indec no acumula el 150%; la de la oposición, en el peor de los casos, estima el doble.
Malditas
La pregunta está cantada. Si no hay problemas presupuestarios, inflacionarios ni de endeudamiento, ¿porque el poder político mantiene la Emergencia Económica? Porque puede y porque quiere. Puede porque argumenta que en las elecciones consiguió 42 legisladores (entre propios y aliados) para hacer lo que le plazca. Quiere porque el Estado de Excepción le permite el disfrute ilimitado de la discrecionalidad: abolición de la licitación pública, imperio de la contratación directa, elección a dedo de los contratistas de siempre. No es que el régimen asfaltador pagaría cualquier precio a cambio de eso: decidió que al costo lo abonen los tucumanos. Gobernar sin someterse a la ley, a cambio de no pagar los juicios que ganó el pueblo, ha de parecerle a los cuneteadores el precio más justo del mundo.
Frente a esta provincia al revés, la Historia no tiene lecciones sino sólo crueldades para Tucumán. La prórroga de la Emergencia Económica opera en simultáneo al cese de detención del financista Jorge Rigourd, quien fuera enviado a Villa Urquiza acusado de presuntas estafas, a partir de la sospecha (entre otras) de que no había incurrido en una simple mora en el pago a sus acreedores (como alega su defensa), sino que tenía los recursos para saldar los compromisos y no quería hacerlo. La Justicia resolvió no dictarle prisión preventiva justo cuando se prorroga el Estado de Excepción. Justo cuando el poder político, a la vez que dice que no tiene problemas financieros ni económicos, decide que seguirá sin pagar lo que adeuda a sus acreedores. Esta coincidencia sólo admite dos opciones: o Rigourd nunca debió ser detenido, porque actúa conforme el proceder de los mismísimos miembros de dos poderes del Estado. O él si se mereció la privación de la libertad, pero no sólo él... Maldita sean todas las ironías del Destino subtropical.
La legalidad tucumana, entonces, consiste en un Gobierno que plantea que hay reglas para todos, menos para él.
Feliz Navidad para el que pueda.
Dictar una ley que declara en Emergencia Económica a la Provincia es una cuestión vinculada a las finanzas públicas sólo en la forma. La materia del asunto es otra: consiste en la ruptura con la Constitución. Implica el fin del sometimiento del Gobierno al Derecho, porque el poder político se autoriza a sí mismo a apartarse de las normas y a fijar sus propias reglas. Por ejemplo, no pagar lo que debe, inclusive, en contra de lo que ordene el Poder Judicial.
La Emergencia Económica, aunque sea ley, opone al Estado de Derecho un verdadero Estado de Excepción. Porque, como ha dicho la Corte Suprema de la Nación, el Estado de Derecho no se agota en la sola existencia de una adecuada y justa estructura normativa general, sino que exige esencialmente la vigencia real y segura del derecho en el seno de la comunidad (Fallos, 300:1282 y 305:504).
En ese plano, mantener a la Provincia en Emergencia Económica durante 12 años consecutivos es varias veces peor. Es una ruptura ya no con la Constitución, sino contra el sistema constitucional mismo. Es un quiebre del alperovichismo no sólo con las normas reunidas en la Ley Fundamental (en definitiva, aquí rige “su” Constitución, gestada en almuerzos de quincho y promulgada el día 6 del mes 6 del año 6 de la década de 2000). El divorcio es con los límites constitucionales impuestos a las instituciones representativas. Para que haya república, nadie debe tener más poder que el conferido por el Derecho.
Deconstituyentes
El sistema constitucional es un complejo sistema de reglas y de instituciones, de separaciones y de contrapesos, de garantías y de funciones, que ha sido no sólo repudiado sino esencialmente neutralizado por este Gobierno. De hecho, no sólo es escandaloso que se haya gobernado durante tres períodos consecutivos bajo Emergencia Económica. También es alarmante que, cuando reformaron la Constitución para anularla, escribieran que, en realidad, no son tres períodos sino dos.
Nuestros Poderes Salvajes (tal el título de la obra de Luigi Ferrajoli, honoris causa de la UNT, a quien se debe esta descripción de los procesos deconstituyentes a manos del populismo) operaron todo esto en nombre de la omnipotencia que les confiere la mayoría.
Es que para vivir 12 años bajo un Gobierno que decidió estar exceptuado de las normas constitucionales, la expresión “consenso popular”, necesariamente, tenía que ser bastardeada. Fue desnaturalizada y reconvertida para ser presentada como la única fuente de legitimación del poder político. O sea, como fuente para legitimar todo abuso y, a la vez, para deslegitimar toda crítica y todo control. Había que desterrar el paradigma del Estado constitucional de derecho, como sistema de vínculos legales impuestos a cualquier poder. “El proceso deconstituyente se ha desarrollado también en el plano social y cultural, con la eliminación de los valores constitucionales en las conciencias de una gran parte del electorado”, completa Ferrajoli. Los que bregaron por la calidad democrática y la calidad republicana comenzaron a ser defenestrados. Eran gorilas, golpistas, destituyentes. Nunca ciudadanos.
Pero lo que esa mayoría aclamadora de una democracia meramente plebiscitaria no esperaba era que los consagrados con su voto usarían su nombre en vano para poner las leyes en su contra. Grandes, medianos y pequeños proveedores del Estado, empleados públicos, particulares o jubilados de todas las clases sociales, que vieron sus derechos conculcados por el Estado, debieron pasar años y hasta décadas en los tribunales, triunfando en una instancia solamente para pleitear en otra porque el Gobierno sólo sabe apelar. Y cuando obtuvieron los fallos definitorios, el Estado contestó que no honraría sus compromisos, sino que pagaría con títulos de deuda pública, por los que hay que esperar otra década para amortizar. Tarde vinieron a enterarse que la primera ley de los regímenes clientelares (aprobada a mano alzada por parlamentos siempre arrodillados ante los poderes ejecutivos) es pan para hoy, hambre para siempre. Trágico el destino de los que se farsaron del reclamo de calidad institucional: cuando entendieron que la Constitución está para proteger a las mayorías incluso de las mayorías, era demasiado tarde.
Malpensantes
Establecer una democracia formal alumbró uno de los mayores triunfos de la democracia pavimentadora: el derecho ilegítimo. La ley, en Tucumán, es lo que al alperovichismo quiera. Con todo lo ello implica en materia de Poderes Salvajes: “El populismo propone al jefe como encarnación de la voluntad popular. Los partidos perdieron su papel de mediación representativa. Se padece la homologación de los que se limitan a consentir y la denigración de los que se atreven a disentir. La despolitización es masiva. La disolución de la opinión pública es palmaria. Prima el interés privado, lo que pone en crisis la participación política. Abundan la manipulación de la información y la decadencia en la moral pública”.
Sólo entonces se entiende cómo es posible que, aún contando con los recursos para pagar las deudas del Estado con los tucumanos, como ordena la Justicia, la Legislatura avale a pedido del Ejecutivo otro año de Emergencia Económica. Sólo entonces el gobernador puede pedir un año más para que el Estado que administra (y que dentro de 11 meses ya no administrará) salde sus compromisos con los ciudadanos de a pie. Es curiosa la percepción del que está en el poder: él, después de gobernar ocho años seguidos, no pudo esperar cuatro años para recién volver a postularse a gobernador (y así honrar el espíritu constitucional). Por el contrario, arremetió con la recontra-reelección. Pero los jubilados, que mes a mes deben optar entre comer o pagar los remedios, sí pueden seguir esperando y sí pueden seguir muriéndose sin cobrar el 82% móvil.
“Para mayor transparencia, para evitar que se piense mal, pagamos cuando hay sentencia firme”, dice José Alperovich. El beneficio de la movilidad y la porcentualidad para los pasivos tiene sentencia firme. ¿Cómo se hace para pensar bien al respecto?
Absolutos
No hay razón para mantener a Tucumán en Emergencia Económica. Por eso, la vinculación del Estado de Excepción con las finanzas públicas es sólo una cuestión de forma.
Alperovich mismo reconoce que no tiene problemas de endeudamiento. “Debíamos (desde el Estado) tres presupuestos (cuando asumió en 2003) y ahora debemos el 10% de uno, y la deuda está (refinanciada) a 20 años”.
Pero hay cifras más contundentes que las proporciones de los porcentajes: los números absolutos del Presupuesto provincial. Cuando el alperovichismo llegó al poder, el plan de recursos y gastos apenas alcanzaba $ 2.000 millones. El que fue aprobado para 2015 es de $ 31.500 millones. Léase, esta gestión dispone de 16 veces más recursos para su último año en comparación con el primero. En ese período, por cierto, la inflación no fue del 1.600%: la del Indec no acumula el 150%; la de la oposición, en el peor de los casos, estima el doble.
Malditas
La pregunta está cantada. Si no hay problemas presupuestarios, inflacionarios ni de endeudamiento, ¿porque el poder político mantiene la Emergencia Económica? Porque puede y porque quiere. Puede porque argumenta que en las elecciones consiguió 42 legisladores (entre propios y aliados) para hacer lo que le plazca. Quiere porque el Estado de Excepción le permite el disfrute ilimitado de la discrecionalidad: abolición de la licitación pública, imperio de la contratación directa, elección a dedo de los contratistas de siempre. No es que el régimen asfaltador pagaría cualquier precio a cambio de eso: decidió que al costo lo abonen los tucumanos. Gobernar sin someterse a la ley, a cambio de no pagar los juicios que ganó el pueblo, ha de parecerle a los cuneteadores el precio más justo del mundo.
Frente a esta provincia al revés, la Historia no tiene lecciones sino sólo crueldades para Tucumán. La prórroga de la Emergencia Económica opera en simultáneo al cese de detención del financista Jorge Rigourd, quien fuera enviado a Villa Urquiza acusado de presuntas estafas, a partir de la sospecha (entre otras) de que no había incurrido en una simple mora en el pago a sus acreedores (como alega su defensa), sino que tenía los recursos para saldar los compromisos y no quería hacerlo. La Justicia resolvió no dictarle prisión preventiva justo cuando se prorroga el Estado de Excepción. Justo cuando el poder político, a la vez que dice que no tiene problemas financieros ni económicos, decide que seguirá sin pagar lo que adeuda a sus acreedores. Esta coincidencia sólo admite dos opciones: o Rigourd nunca debió ser detenido, porque actúa conforme el proceder de los mismísimos miembros de dos poderes del Estado. O él si se mereció la privación de la libertad, pero no sólo él... Maldita sean todas las ironías del Destino subtropical.
La legalidad tucumana, entonces, consiste en un Gobierno que plantea que hay reglas para todos, menos para él.
Feliz Navidad para el que pueda.
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