Por Roberto Delgado
19 Diciembre 2014
Las noticias sobre drogas y narcotráfico son tan estruendosas que aturden. Pero, curiosamente, no producen reacciones: nadie en el Gobierno abrió la boca cuando el ex jefe de la Policía Metropolitana porteña, Eugenio Burzaco, trazó en Tucumán un futuro tétrico, diciendo que si todo sigue igual los narcos se llevarán puesto al país. Tampoco se dijo nada cuando la Auditoría General de la Nación (a cuyo frente está el opositor Leandro Despouy) advirtió que la situación en las fronteras está peor. Ni cuando el camarista federal Ricardo Sanjuán reiteró su convicción de que el Estado está retrocediendo y sentenció que las policías provinciales están “sumidas en la corrupción”. También la Iglesia habló de las mafias del narcotráfico. Y el juez federal 1 de Salta, Julio Bavio, pidió una ley de derribo de aviones del narcotráfico. Todo esto se dijo en las últimas semanas. También la oposición lanzó sus críticas: lo hicieron Sergio Massa y Ernesto Sanz en Tucumán, con una visión general sobre el narcotráfico; y José Cano y la gente del Acuerdo Cívico y Social, cuando denunciaron que hay punteros políticos del oficialismo vinculados con dealers, lo que generó una airada respuesta del gobernador José Alperovich.
Pero más allá de esto, el gobierno tucumano no reaccionó. Antes bien, acuerda callado las políticas de la Nación. Esta, aunque ya no insiste con la empantanada propuesta de despenalizar el consumo, más bien pone el énfasis en destacar que el mayor problema de las adicciones está en el alcohol. Lo dijeron tanto el ex titular de la Sedronar, Rafael Bielsa, como el actual, el sacerdote Juan Carlos Molina. El cura Molina plantea una estrategia comunitaria para abordar las adicciones y que la Policía y la Justicia locales se ocupen del narcomenudeo -es decir la venta barrial de droga, que va creciendo a pasos agigantados-. Pero el pedido nacional de hace un año de que las provincias se hagan cargo de este problema que no puede manejar la justicia federal (que dice que tiene espantosas carencias de infraestructura) ha sido ralentizado. Por un lado, hay juristas como Daniel Erbetta, de Santa Fe, que rechazan que esa provincia adhiera a esta ley de narcomenudeo porque -dice- es un “engañapichanga”. Por otro lado, aunque el Gobierno tucumano haya adherido con fervor a esta ley, acaba de anunciar por medio del secretario de Seguridad, Paul Hofer, que todavía tiene que estudiar el asunto y avisó que no estará listo para hacerse cargo de las causas chicas en marzo.
O sea, las cosas están igual, a pesar de la dura denuncia del camarista Sanjuán. En opinión de los funcionarios tucumanos, la Policía antidrogas provincial (Digedrop) está trabajando bien (por lo general detienen a pequeños dealers y consumidores) y si no hacen más es porque -según dice una fuente- “la Justicia federal no autoriza más de 60 operativos al año”. Pero juristas como Mario Juliano (de Necochea) enfatizan que la persecución de pequeños dealers es inviable.
Hay más piezas de este rompecabezas. Mientras los jueces federales dicen que la frontera norte es absolutamente porosa, el director nacional de Gendarmería, comandante Enrique Alberto Zach, contesta que la fuerza está trabajando bien, que no afecta que se hayan llevado gendarmes al conurbano bonaerense y que los operativos en el norte son exitosos. Y enfatiza como claves los procedimientos contra los tours de compras que, dicho sea de paso, surcan a diario el país en ómnibus de línea contratados y autorizados por las direcciones de Transporte provinciales y nacional.
Además, a la denuncia de Sanjuán de que la(s) Policía(s) está(n) corrupta(s) se puede agregar la aseveración de Erbetta de que hay que hacer la reforma policial como paso previo para cualquier cambio en el Código Procesal Penal o en el combate al narcotráfico.
Entonces, ¿es válido el estruendo de las denuncias de jueces y opositores, o es válida la tranquilidad oficial? ¿La habilitación de nuevas fiscalías en Tucumán, que se tratará hoy en la Legislatura, será un paso adelante? No puede saberse. Pocos hablan de la asimilación cultural de la droga -cualquiera puede comprar sin problemas porros por delivery- y aún no se sabe cómo encarar la tragedia del “paco” en las poblaciones marginadas. Quizá haya que escuchar un poco más a las madres de adictos -que el mes que viene cumplen seis años de lucha para que sus hijos puedan salir de ese estado de zombis- para empezar a entender lo que pasa bajo este estruendo inoficioso, que es el verdadero engañapichanga.
Pero más allá de esto, el gobierno tucumano no reaccionó. Antes bien, acuerda callado las políticas de la Nación. Esta, aunque ya no insiste con la empantanada propuesta de despenalizar el consumo, más bien pone el énfasis en destacar que el mayor problema de las adicciones está en el alcohol. Lo dijeron tanto el ex titular de la Sedronar, Rafael Bielsa, como el actual, el sacerdote Juan Carlos Molina. El cura Molina plantea una estrategia comunitaria para abordar las adicciones y que la Policía y la Justicia locales se ocupen del narcomenudeo -es decir la venta barrial de droga, que va creciendo a pasos agigantados-. Pero el pedido nacional de hace un año de que las provincias se hagan cargo de este problema que no puede manejar la justicia federal (que dice que tiene espantosas carencias de infraestructura) ha sido ralentizado. Por un lado, hay juristas como Daniel Erbetta, de Santa Fe, que rechazan que esa provincia adhiera a esta ley de narcomenudeo porque -dice- es un “engañapichanga”. Por otro lado, aunque el Gobierno tucumano haya adherido con fervor a esta ley, acaba de anunciar por medio del secretario de Seguridad, Paul Hofer, que todavía tiene que estudiar el asunto y avisó que no estará listo para hacerse cargo de las causas chicas en marzo.
O sea, las cosas están igual, a pesar de la dura denuncia del camarista Sanjuán. En opinión de los funcionarios tucumanos, la Policía antidrogas provincial (Digedrop) está trabajando bien (por lo general detienen a pequeños dealers y consumidores) y si no hacen más es porque -según dice una fuente- “la Justicia federal no autoriza más de 60 operativos al año”. Pero juristas como Mario Juliano (de Necochea) enfatizan que la persecución de pequeños dealers es inviable.
Hay más piezas de este rompecabezas. Mientras los jueces federales dicen que la frontera norte es absolutamente porosa, el director nacional de Gendarmería, comandante Enrique Alberto Zach, contesta que la fuerza está trabajando bien, que no afecta que se hayan llevado gendarmes al conurbano bonaerense y que los operativos en el norte son exitosos. Y enfatiza como claves los procedimientos contra los tours de compras que, dicho sea de paso, surcan a diario el país en ómnibus de línea contratados y autorizados por las direcciones de Transporte provinciales y nacional.
Además, a la denuncia de Sanjuán de que la(s) Policía(s) está(n) corrupta(s) se puede agregar la aseveración de Erbetta de que hay que hacer la reforma policial como paso previo para cualquier cambio en el Código Procesal Penal o en el combate al narcotráfico.
Entonces, ¿es válido el estruendo de las denuncias de jueces y opositores, o es válida la tranquilidad oficial? ¿La habilitación de nuevas fiscalías en Tucumán, que se tratará hoy en la Legislatura, será un paso adelante? No puede saberse. Pocos hablan de la asimilación cultural de la droga -cualquiera puede comprar sin problemas porros por delivery- y aún no se sabe cómo encarar la tragedia del “paco” en las poblaciones marginadas. Quizá haya que escuchar un poco más a las madres de adictos -que el mes que viene cumplen seis años de lucha para que sus hijos puedan salir de ese estado de zombis- para empezar a entender lo que pasa bajo este estruendo inoficioso, que es el verdadero engañapichanga.
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