18 Diciembre 2014
Blindarán el erario hasta el fin del alperovichismo
La medida rige desde 1999, con el objetivo de “superar el peligro colectivo creado por las graves consecuencias económicas y sociales que la Provincia padece” En el orden del día figura una nueva prórroga de la Ley de Emergencia Económica, que impide el embargo por vía judicial de fondos públicos
Mañana, en la última sesión del año, el alperovichismo de la Legislatura hará uso de su mayoría en el recinto para renovar el blindaje que rige desde 1999 para las cuentas públicas de la Provincia, de los municipios y de las comunas rurales. El presidente del bloque oficialista Tucumán Crece, Roque Tobías Álvarez, presentó el proyecto de ley para prorrogar el estado de Emergencia Económica, que ya tiene dictamen favorable de la comisión de Hacienda y Presupuesto del cuerpo colegiado. Así, la gestión de José Alperovich (2003-2015) habrá comenzado y finalizado con este sistema, que establece la inembargabilidad de los recursos el Estado tucumano. Según fuentes del oficialismo, la deuda exigible al Tesoro hasta el año próximo rondaría los $ 415 millones.
Este blindaje comenzó a ser aplicado durante el gobierno de Julio Miranda (1999-2003), en consonancia con un régimen fijado a nivel Nacional. Posteriormente, la Ley de Emergencia Económica original (N° 6.987) fue prorrogada; la última vez que se trató en el recinto fue en diciembre de 2012, cuando se la puso en vigencia hasta el último día de este mes.
El artículo 1° la Ley N° 6.987 señala que la medida tiene por fin “superar el peligro colectivo creado por las graves consecuencias económicas y sociales que la Provincia padece”. El régimen es aplicable para las obligaciones vencidas “aunque tuvieren reconocimiento en sede administrativa y/o sentencia firme en sede judicial”.
La norma también establece que “los titulares de derechos que hayan sido reconocidos” por los tribunales “deberán presentar ante la fiscalía de Estado la liquidación judicial aprobada y firme de sus acreencias”. Según la Ley de Emergencia Económica, una comisión especial creada por el Poder Ejecutivo (PE) debe analizar los casos y aconsejar a la Contaduría General de la Provincia la inclusión de esos recursos en la Ley del Presupuesto General de Gastos. “Para esto se respetará el orden cronológico dentro de la prelación establecida por la reglamentación que da prioridad a las deudas que hubieran sido consolidadas por normas anteriores, en particular las deudas salariales y de carácter alimentario”, añade la norma.
En estos años, para justificar la extensión del blindaje legal del erario, el oficialismo de la Legislatura ha argumentado que esta herramienta permite al Estado continuar pagando la deuda consolidada con títulos. De lo contrario, según la hipótesis alperovichista, las finanzas públicas podrían verse amenazadas por tener que afrontar el pago de obligaciones derivadas de juicios.
La Emergencia Económica además regirá para las municipalidades y las comunas rurales, según lo establece una norma similar.
Según fuentes de la Casa de Gobierno, las obligaciones exigibles el año próximo representan el 1,3% del presupuesto 2015, que prevé erogaciones por $ 31.400 millones. La deuda exigible durante la gestión del próximo mandatario totalizará unos $ 3.618, agregaron los voceros del PE.
Este blindaje comenzó a ser aplicado durante el gobierno de Julio Miranda (1999-2003), en consonancia con un régimen fijado a nivel Nacional. Posteriormente, la Ley de Emergencia Económica original (N° 6.987) fue prorrogada; la última vez que se trató en el recinto fue en diciembre de 2012, cuando se la puso en vigencia hasta el último día de este mes.
El artículo 1° la Ley N° 6.987 señala que la medida tiene por fin “superar el peligro colectivo creado por las graves consecuencias económicas y sociales que la Provincia padece”. El régimen es aplicable para las obligaciones vencidas “aunque tuvieren reconocimiento en sede administrativa y/o sentencia firme en sede judicial”.
La norma también establece que “los titulares de derechos que hayan sido reconocidos” por los tribunales “deberán presentar ante la fiscalía de Estado la liquidación judicial aprobada y firme de sus acreencias”. Según la Ley de Emergencia Económica, una comisión especial creada por el Poder Ejecutivo (PE) debe analizar los casos y aconsejar a la Contaduría General de la Provincia la inclusión de esos recursos en la Ley del Presupuesto General de Gastos. “Para esto se respetará el orden cronológico dentro de la prelación establecida por la reglamentación que da prioridad a las deudas que hubieran sido consolidadas por normas anteriores, en particular las deudas salariales y de carácter alimentario”, añade la norma.
En estos años, para justificar la extensión del blindaje legal del erario, el oficialismo de la Legislatura ha argumentado que esta herramienta permite al Estado continuar pagando la deuda consolidada con títulos. De lo contrario, según la hipótesis alperovichista, las finanzas públicas podrían verse amenazadas por tener que afrontar el pago de obligaciones derivadas de juicios.
La Emergencia Económica además regirá para las municipalidades y las comunas rurales, según lo establece una norma similar.
Según fuentes de la Casa de Gobierno, las obligaciones exigibles el año próximo representan el 1,3% del presupuesto 2015, que prevé erogaciones por $ 31.400 millones. La deuda exigible durante la gestión del próximo mandatario totalizará unos $ 3.618, agregaron los voceros del PE.