16 Diciembre 2014
José “Gallito” Gutiérrez asumió como legislador por la sección Este en 2007 y 2011. La Constitución provincial establece que, tras ser reelecto, un parlamentario debe dejar pasar un período para volver a ser candidato. Pero el vicepresidente del bloque oficialista Tucumán Crece ya inició una proceso judicial ante la sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo para que le permitan postularse en 2015. Ayer, el referente peronista de Garmendia dio un nuevo paso en ese juicio.
Acompañado por su representante legal, Luis Elizalde, Gutiérrez les entregó a los camaristas Ebe López Piossek y Sergio Gandur un escrito en el que solicita que se rechace “en todas sus partes” la negativa del Fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa, a su intento por obtener una “re-re”. La Casa de Gobierno, que actúa como parte demandada por estar en discusión una acción declarativa de inconstitucionalidad, emitió un dictamen en el que daba por caducos los plazos que tenía Gutiérrez para cuestionar la Carta Magna, reformada en 2006. Según Posse Ponessa, que citó el Código Procesal Constitucional para formular sus objeciones, “Gallito” tenía 60 días desde entrada en vigencia la Constitución provincial para plantear la queja.
Con una estrategia similar, el peronista oriundo de Garmendia busca que “caiga” la respuesta del PE. El legislador expresó que el planteo de Posse Ponessa “llega, por así decirlo, cargado de irregularidades en su propio trámite procesal”. Según consigna el escrito elevado ayer a los camaristas del fuero contencioso administrativo, el juicio se sustancia “de acuerdo a las disposiciones del proceso sumario previsto en el Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial”. En ese sentido, Gutiérrez marcó que la Fiscalía de Estado tenía “tres días para contestar la demanda”, pero lo hizo al sexto día. “La defensa ha sido interpuesta fuera del término procesal. Esto es así ya que se ha notificado el traslado de la demanda el 19 de noviembre de 2014, y obra en autos que la contestación de la demanda -según sello fechador- corresponde al 28 de noviembre”, agregó.
En su presentación original, formulada en octubre, “Gallito” consideró que el artículo 45 de la Carta Magna provincial -limita a dos los mandatos legislativos consecutivos- es inconstitucional, ya que la letra nacional no prevé topes para senadores y diputados.
Acompañado por su representante legal, Luis Elizalde, Gutiérrez les entregó a los camaristas Ebe López Piossek y Sergio Gandur un escrito en el que solicita que se rechace “en todas sus partes” la negativa del Fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa, a su intento por obtener una “re-re”. La Casa de Gobierno, que actúa como parte demandada por estar en discusión una acción declarativa de inconstitucionalidad, emitió un dictamen en el que daba por caducos los plazos que tenía Gutiérrez para cuestionar la Carta Magna, reformada en 2006. Según Posse Ponessa, que citó el Código Procesal Constitucional para formular sus objeciones, “Gallito” tenía 60 días desde entrada en vigencia la Constitución provincial para plantear la queja.
Con una estrategia similar, el peronista oriundo de Garmendia busca que “caiga” la respuesta del PE. El legislador expresó que el planteo de Posse Ponessa “llega, por así decirlo, cargado de irregularidades en su propio trámite procesal”. Según consigna el escrito elevado ayer a los camaristas del fuero contencioso administrativo, el juicio se sustancia “de acuerdo a las disposiciones del proceso sumario previsto en el Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial”. En ese sentido, Gutiérrez marcó que la Fiscalía de Estado tenía “tres días para contestar la demanda”, pero lo hizo al sexto día. “La defensa ha sido interpuesta fuera del término procesal. Esto es así ya que se ha notificado el traslado de la demanda el 19 de noviembre de 2014, y obra en autos que la contestación de la demanda -según sello fechador- corresponde al 28 de noviembre”, agregó.
En su presentación original, formulada en octubre, “Gallito” consideró que el artículo 45 de la Carta Magna provincial -limita a dos los mandatos legislativos consecutivos- es inconstitucional, ya que la letra nacional no prevé topes para senadores y diputados.