Por LA GACETA
14 Diciembre 2014
La informalidad laboral se ha convertido en un estigma de Tucumán. El 47,2% de los asalariados que viven en el principal aglomerado urbano provincial han declarado que no fueron registrados por sus empleadores. Se trata de más de 123.000 personas a las cuales se les cercenan los principales derechos laborales a gozar de un salario digno, de un aguinaldo, de vacaciones y, por sobre todo, de cierta estabilidad que les permita proyectarse profesional y personalmente.
Las estadísticas públicas vinculadas con el mercado de trabajo han demostrado que en Tucumán, la caída de la actividad económica ha producido su mayor impacto. El distrito está primero en el ranking nacional de empleo en negro. En parte por la falta de oportunidades laborales, a raíz de la escasa diversificación de la economía. También por la decisión de los empleadores que, en tiempos tormentosos, suelen recortar gastos fijos como salarios, horas extras y cargas sociales y previsionales, con el fin de que el negocio no pierda rentabilidad. A todo eso debe sumarse el poco eficaz accionar del Estado que, pese a ciertos controles y fiscalizaciones, no ha logrado disminuir los índices, según se refleja en la Encuesta Permanente de Hogares que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación definió que “este fenómeno ocupa un espacio relevante en la agenda pública y del gobierno nacional”. Un informe de esa cartera ha explicado que “la variación de la tasa de empleo no registrado es el resultado de la evolución de los asalariados registrados y no registrados. De modo que la tasa se reduce si los asalariados registrados crecen en mayor medida que los no registrados, mientras que se incrementa si ocurre lo contrario”. El cambio de ciclo económico, de uno expansivo a otro de contracción, significó el aumento de la tasa de informalidad.
En cierta medida, el Gobierno ha tratado de mitigar los efectos de la recesión en el sector privado, compensando con más empleo público y, fundamentalmente, con asistencia social a las franjas sociales más afectadas por las desocupación, la subocupación y, en definitiva, el trabajo no registrado. Es más preocupante el hecho de que la falta de oportunidades de empleo siga asentándose en los jóvenes. Los indicadores oficiales han mostrado que los hombres de hasta 29 años han registrado una tasa de desocupación de dos dígitos (10,4%), mientras que más profunda es la problemática en la población femenina juvenil, donde el índice es casi dos veces y medio superior al promedio del Gran Tucumán-Tafí Viejo. Llega al 15,6%.
Así las cosas, urgen políticas que tiendan a erradicar el trabajo en negro y a generar puestos laborales genuinos para los más jóvenes. Para ello se requiere un consenso entre el sector privado y el público con el fin de reformular las reglas que puedan brindar mayor estabilidad y bajar la rotación laboral en las empresas. En otras palabras, los empresarios necesitan políticas de aliento al trabajo que no signifiquen mayores costos en un período de baja de la actividad; a cambio, el Estado debería garantizar la vigencia de los derechos para aquellos que están y también para los que se incorporen al mundo laboral.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que la creación de trabajo decente debe ser la base de un nuevo consenso para avanzar hacia un desarrollo sostenible que integre las dimensiones económicas, sociales y ambientales. Esa es la tendencia global.
Las estadísticas públicas vinculadas con el mercado de trabajo han demostrado que en Tucumán, la caída de la actividad económica ha producido su mayor impacto. El distrito está primero en el ranking nacional de empleo en negro. En parte por la falta de oportunidades laborales, a raíz de la escasa diversificación de la economía. También por la decisión de los empleadores que, en tiempos tormentosos, suelen recortar gastos fijos como salarios, horas extras y cargas sociales y previsionales, con el fin de que el negocio no pierda rentabilidad. A todo eso debe sumarse el poco eficaz accionar del Estado que, pese a ciertos controles y fiscalizaciones, no ha logrado disminuir los índices, según se refleja en la Encuesta Permanente de Hogares que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación definió que “este fenómeno ocupa un espacio relevante en la agenda pública y del gobierno nacional”. Un informe de esa cartera ha explicado que “la variación de la tasa de empleo no registrado es el resultado de la evolución de los asalariados registrados y no registrados. De modo que la tasa se reduce si los asalariados registrados crecen en mayor medida que los no registrados, mientras que se incrementa si ocurre lo contrario”. El cambio de ciclo económico, de uno expansivo a otro de contracción, significó el aumento de la tasa de informalidad.
En cierta medida, el Gobierno ha tratado de mitigar los efectos de la recesión en el sector privado, compensando con más empleo público y, fundamentalmente, con asistencia social a las franjas sociales más afectadas por las desocupación, la subocupación y, en definitiva, el trabajo no registrado. Es más preocupante el hecho de que la falta de oportunidades de empleo siga asentándose en los jóvenes. Los indicadores oficiales han mostrado que los hombres de hasta 29 años han registrado una tasa de desocupación de dos dígitos (10,4%), mientras que más profunda es la problemática en la población femenina juvenil, donde el índice es casi dos veces y medio superior al promedio del Gran Tucumán-Tafí Viejo. Llega al 15,6%.
Así las cosas, urgen políticas que tiendan a erradicar el trabajo en negro y a generar puestos laborales genuinos para los más jóvenes. Para ello se requiere un consenso entre el sector privado y el público con el fin de reformular las reglas que puedan brindar mayor estabilidad y bajar la rotación laboral en las empresas. En otras palabras, los empresarios necesitan políticas de aliento al trabajo que no signifiquen mayores costos en un período de baja de la actividad; a cambio, el Estado debería garantizar la vigencia de los derechos para aquellos que están y también para los que se incorporen al mundo laboral.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que la creación de trabajo decente debe ser la base de un nuevo consenso para avanzar hacia un desarrollo sostenible que integre las dimensiones económicas, sociales y ambientales. Esa es la tendencia global.
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