Por Ezequiel Fernández Moores
14 Diciembre 2014
Algunos medios en Europa expresan desconcierto y preocupación porque los Juegos Olímpicos, dicen, podrán perder ahora buena parte de su “glamour”. De su grandiosidad. Curioso, son los mismos medios que, apenas meses atrás, criticaban al Comité Olímpico Internacional (COI) por haber convertido a los Juegos en megaeventos monstruosos, con legados de elefantes blancos, esos estadios costosos y enormes que, terminadas las competencias, casi jamás vuelven a usarse y cuyo costo, en cambio, sobrevive por décadas. Y el dinero, además, lo terminan pagando los ciudadanos de a pie.
El COI, que acaba de adoptar cuarenta reformas, decidió la última semana en su asamblea de Mónaco que, para “ocasiones excepcionales”, una competencia de los Juegos podrá realizarse en otro país. Es una medida revolucionaria para la vieja tradición de los Juegos, pero que tiene un ejemplo claro con las Olimpíadas de Invierno que se celebrarán en 2018 en la ciudad surcoreana de Pyeongchang. La ganadora debería construir una pista de luge, bob y skeleton. De costo enorme. Cerca de 100 millones de dólares. Y de futuro inútil. ¿Por qué no trasladar la prueba a Japón? ¿O a Estados Unidos, Canadá o Europa? Muchos atletas, es cierto, sentirán la reforma. Alejados a otras ciudades, no podrán formar parte de la Villa Olímpica, el corazón y el alma de la competencia, según dicen casi todos los que pasaron por allí. Es un costo a pagar.
Las reformas, entre otras, incluyen la creación de un canal olímpico de TV con sede en Madrid y un presupuesto de 600 millones de dólares para los primeros siete años. Y, más importante aún, la posibilidad de que el béisbol y el softbol, eliminados después de Pekín 2008, vuelvan a formar parte del programa de los Juegos de Verano que se celebrarán en Tokio en 2020.
Los Juegos de Verano, dice en realidad la nueva regla, podrán cambiar disciplinas de edición en edición, una flexibilidad que buscará atender los intereses de cada sede, pero siempre bajo la condición de respetar que haya cerca de 10.500 atletas y 310 pruebas con medallas. La inclusión de nuevos deportes, inevitablemente, llevará a la exclusión de otros. Nadie lo dijo, pero las medidas buscan atenuar el pánico que provocó la última edición de los Juegos de Invierno de Sochi 2014 y su costo record de 51.000 millones de dólares. Vladimir Putin no reparó en gastos para fortalecer su imagen y la de Rusia en su apertura al mundo occidental. Pero a un costo imposible de sostener para los demás. Los Juegos de Río 2016, se sabe, también anuncian problemas. Las protestas en ciudades sede son cada vez más masivas. Y hasta los gobiernos renuncian a la postulación, como sucedió en Italia con la candidatura de Roma 2020, una edición finalmente asignada a Tokio. El COI sabe que, cada vez más, es apuntado como corresponsable de lo que sucede.
Si hasta el Vaticano impulsa hoy reformas profundas, la misa olímpica, otra forma de religión, dicen los especialistas, no podía quedarse atrás. No sólo fue Sochi. Antes había sido Pekín 2008. Y, en el medio, la FIFA y el escándalo de la doble sede de los Mundiales asignados a Rusia en 2018 y a Qatar en 2022. La polémica llegó inclusive a la pacífica Suiza, donde instalan su sede cerca de medio centenar de Federaciones internacionales de deportes, entre ellas, claro, la FIFA y el COI. Legisladores suizos aprobaron en los últimos días la posibilidad de cambiar una vieja ley que exime a las Federaciones de ciertos controles. Ya no más. Joseph Blatter, por ejemplo, podrá ser tratado como a cualquier otro banquero evasor. Y lo mismo para Thomas Bach, el ex esgrimista alemán de 60 años que fue elegido presidente del COI hace un año en Buenos Aires.
El COI, en realidad, sufrió su propio escándalo de votos y sedes compradas a fines de los ’90, antes que la FIFA. Fue un escándalo que obligó a implementar reformas profundas al español Juan Antonio Samaranch. El entonces presidente olímpico produjo la gran revolución cuando autorizó la presencia de deportistas profesionales en los Juegos. Pero, justamente por la denuncia de votos comprados, terminó yéndose casi por la puerta de atrás. Bach advirtió que Sochi fue un aviso gigante. No quiere que le pase lo de Samaranch. Y por eso anticipa las reformas. Los contratos de las futuras sedes olímpicas deberán ser públicos. Cada aspirante a sede deberá informar también si contrata firmas o personajes para que le hagan lobby. El nuevo sistema, aseguran, reducirá al mínimo las posibilidades de compra de votos.
Casi sin espacio entre nosotros, la nueva gran revolución olímpica sí tuvo gran repercusión especialmente en París, Roma y Berlín, ciudades que competirán, junto con otra de Estados Unidos, para ganar la sede de los Juegos de Verano de 2024. La reforma incluye, por primera vez en papel, el objetivo de que haya un 50 por ciento de hombres y un 50 por ciento de mujeres entre los atletas inscriptos (en Londres 2012 las mujeres llegaron al 44 por ciento). Y, además, la creación de ceremonias especiales para proteger a los atletas que compitan sin drogas, clara referencia a los que reciben medallas casi en ceremonias privadas, porque el ganador de su prueba dio luego positivo en un control. Comparado con el peso de otras reformas, este último punto podría haberse interpretado como un gesto simbólico. Pero no lo es. En plena asamblea del COI, la TV alemana y los diarios The Guardian y L’Equipe publicaron un durísimo informe sobre supuestos casos masivos de doping en atletas rusos, supuestamente encubiertos por la Federación Internacional de Atletismo (FIAA). Ya hubo renuncias, entre ellas la del director antidoping de la FIAA, el francés Gabriel Dolle. También renunció como asesor de marketing Papa Massata Diack, hijo del presidente de la FIAA, acusado de cruce de intereses con el presidente de la Federación rusa, Valentin Balajnichev. ¿Negocios a cambio de silencio? Así lo sugirió al menos el informe del canal alemán ARD titulado “Dossier secreto dopaje: cómo fabrica Rusia a sus ganadores”.
Es un informe tremendo. Incluye imágenes secretas de atletas rusos dopándose o adquiriendo productos dopantes. Pero incluye también negocios de dirigentes. Es decir, el doping de atletas. Pero también, por decirlo de algún modo, el doping de los dirigentes. Ese que pocos controlan.
El COI, que acaba de adoptar cuarenta reformas, decidió la última semana en su asamblea de Mónaco que, para “ocasiones excepcionales”, una competencia de los Juegos podrá realizarse en otro país. Es una medida revolucionaria para la vieja tradición de los Juegos, pero que tiene un ejemplo claro con las Olimpíadas de Invierno que se celebrarán en 2018 en la ciudad surcoreana de Pyeongchang. La ganadora debería construir una pista de luge, bob y skeleton. De costo enorme. Cerca de 100 millones de dólares. Y de futuro inútil. ¿Por qué no trasladar la prueba a Japón? ¿O a Estados Unidos, Canadá o Europa? Muchos atletas, es cierto, sentirán la reforma. Alejados a otras ciudades, no podrán formar parte de la Villa Olímpica, el corazón y el alma de la competencia, según dicen casi todos los que pasaron por allí. Es un costo a pagar.
Las reformas, entre otras, incluyen la creación de un canal olímpico de TV con sede en Madrid y un presupuesto de 600 millones de dólares para los primeros siete años. Y, más importante aún, la posibilidad de que el béisbol y el softbol, eliminados después de Pekín 2008, vuelvan a formar parte del programa de los Juegos de Verano que se celebrarán en Tokio en 2020.
Los Juegos de Verano, dice en realidad la nueva regla, podrán cambiar disciplinas de edición en edición, una flexibilidad que buscará atender los intereses de cada sede, pero siempre bajo la condición de respetar que haya cerca de 10.500 atletas y 310 pruebas con medallas. La inclusión de nuevos deportes, inevitablemente, llevará a la exclusión de otros. Nadie lo dijo, pero las medidas buscan atenuar el pánico que provocó la última edición de los Juegos de Invierno de Sochi 2014 y su costo record de 51.000 millones de dólares. Vladimir Putin no reparó en gastos para fortalecer su imagen y la de Rusia en su apertura al mundo occidental. Pero a un costo imposible de sostener para los demás. Los Juegos de Río 2016, se sabe, también anuncian problemas. Las protestas en ciudades sede son cada vez más masivas. Y hasta los gobiernos renuncian a la postulación, como sucedió en Italia con la candidatura de Roma 2020, una edición finalmente asignada a Tokio. El COI sabe que, cada vez más, es apuntado como corresponsable de lo que sucede.
Si hasta el Vaticano impulsa hoy reformas profundas, la misa olímpica, otra forma de religión, dicen los especialistas, no podía quedarse atrás. No sólo fue Sochi. Antes había sido Pekín 2008. Y, en el medio, la FIFA y el escándalo de la doble sede de los Mundiales asignados a Rusia en 2018 y a Qatar en 2022. La polémica llegó inclusive a la pacífica Suiza, donde instalan su sede cerca de medio centenar de Federaciones internacionales de deportes, entre ellas, claro, la FIFA y el COI. Legisladores suizos aprobaron en los últimos días la posibilidad de cambiar una vieja ley que exime a las Federaciones de ciertos controles. Ya no más. Joseph Blatter, por ejemplo, podrá ser tratado como a cualquier otro banquero evasor. Y lo mismo para Thomas Bach, el ex esgrimista alemán de 60 años que fue elegido presidente del COI hace un año en Buenos Aires.
El COI, en realidad, sufrió su propio escándalo de votos y sedes compradas a fines de los ’90, antes que la FIFA. Fue un escándalo que obligó a implementar reformas profundas al español Juan Antonio Samaranch. El entonces presidente olímpico produjo la gran revolución cuando autorizó la presencia de deportistas profesionales en los Juegos. Pero, justamente por la denuncia de votos comprados, terminó yéndose casi por la puerta de atrás. Bach advirtió que Sochi fue un aviso gigante. No quiere que le pase lo de Samaranch. Y por eso anticipa las reformas. Los contratos de las futuras sedes olímpicas deberán ser públicos. Cada aspirante a sede deberá informar también si contrata firmas o personajes para que le hagan lobby. El nuevo sistema, aseguran, reducirá al mínimo las posibilidades de compra de votos.
Casi sin espacio entre nosotros, la nueva gran revolución olímpica sí tuvo gran repercusión especialmente en París, Roma y Berlín, ciudades que competirán, junto con otra de Estados Unidos, para ganar la sede de los Juegos de Verano de 2024. La reforma incluye, por primera vez en papel, el objetivo de que haya un 50 por ciento de hombres y un 50 por ciento de mujeres entre los atletas inscriptos (en Londres 2012 las mujeres llegaron al 44 por ciento). Y, además, la creación de ceremonias especiales para proteger a los atletas que compitan sin drogas, clara referencia a los que reciben medallas casi en ceremonias privadas, porque el ganador de su prueba dio luego positivo en un control. Comparado con el peso de otras reformas, este último punto podría haberse interpretado como un gesto simbólico. Pero no lo es. En plena asamblea del COI, la TV alemana y los diarios The Guardian y L’Equipe publicaron un durísimo informe sobre supuestos casos masivos de doping en atletas rusos, supuestamente encubiertos por la Federación Internacional de Atletismo (FIAA). Ya hubo renuncias, entre ellas la del director antidoping de la FIAA, el francés Gabriel Dolle. También renunció como asesor de marketing Papa Massata Diack, hijo del presidente de la FIAA, acusado de cruce de intereses con el presidente de la Federación rusa, Valentin Balajnichev. ¿Negocios a cambio de silencio? Así lo sugirió al menos el informe del canal alemán ARD titulado “Dossier secreto dopaje: cómo fabrica Rusia a sus ganadores”.
Es un informe tremendo. Incluye imágenes secretas de atletas rusos dopándose o adquiriendo productos dopantes. Pero incluye también negocios de dirigentes. Es decir, el doping de atletas. Pero también, por decirlo de algún modo, el doping de los dirigentes. Ese que pocos controlan.
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