02 Diciembre 2014
Se siguen escribiendo capítulos de la novela por el uso de los fondos provenientes del plan Más Cerca en Yerba Buena. Esta vez, fue el concejal radical Mariano Campero quien aportó otra escena. “Lo que se pretende es montar una cortina de humo, para correr el verdadero objetivo de la investigación, que es la corrupción”, expresó.
“Los yerbabuenenses todavía no saben cuál fue el destino de los $ 22 millones que envió el Gobierno nacional. Sin embargo, los jueces se preocupan más por remover o presionar fiscales. Es increíble que una investigación vaya a anularse por la existencia o de una cuenta en la red social Twitter”, añadió.
El edil se pronunció de esa manera luego de que trascendiera que el titular del Juzgado Federal N° 2, el juez Fernando Luis Poviña, acogió el hábeas corpus que había presentado el intendente de esa ciudad, Daniel Toledo, a través de sus abogados, y declaró la nulidad de la pesquisa que había practicado el fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez.
Toledo había sido implicado en una causa por desvíos de fondos, impulsada por Campero ante Gómez. Pero Poviña remitió la acusación a la fiscalía de primera instancia, y anuló las actuaciones preliminares que había llevado adelante la fiscalía de Gómez.
Entre otras objeciones, Poviña consideró reprochables ciertas declaraciones efectuadas a través de Twitter. Desde la cuenta perteneciente al usuario denominado @Fiscalfederal, el 17 de octubre, publicaron el siguiente tuit: “investigo una denuncia penal contra el intendente Toledo de Yerba Buena por malversación y estafa al Estado. Curioso pero no es difícil” (sic).
Si bien Gómez había negado ser el dueño del perfil @Fiscalfederal, Poviña consideró que las menciones resultaban un avasallamiento del supuesto imputado (sobre quien todavía no se formó causa judicial alguna). “Lo que hizo el fiscal fue cumplir con lo que establecen nuestras leyes: investigar un claro hecho de corrupción”, defendió el radical Campero.
“Los yerbabuenenses todavía no saben cuál fue el destino de los $ 22 millones que envió el Gobierno nacional. Sin embargo, los jueces se preocupan más por remover o presionar fiscales. Es increíble que una investigación vaya a anularse por la existencia o de una cuenta en la red social Twitter”, añadió.
El edil se pronunció de esa manera luego de que trascendiera que el titular del Juzgado Federal N° 2, el juez Fernando Luis Poviña, acogió el hábeas corpus que había presentado el intendente de esa ciudad, Daniel Toledo, a través de sus abogados, y declaró la nulidad de la pesquisa que había practicado el fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez.
Toledo había sido implicado en una causa por desvíos de fondos, impulsada por Campero ante Gómez. Pero Poviña remitió la acusación a la fiscalía de primera instancia, y anuló las actuaciones preliminares que había llevado adelante la fiscalía de Gómez.
Entre otras objeciones, Poviña consideró reprochables ciertas declaraciones efectuadas a través de Twitter. Desde la cuenta perteneciente al usuario denominado @Fiscalfederal, el 17 de octubre, publicaron el siguiente tuit: “investigo una denuncia penal contra el intendente Toledo de Yerba Buena por malversación y estafa al Estado. Curioso pero no es difícil” (sic).
Si bien Gómez había negado ser el dueño del perfil @Fiscalfederal, Poviña consideró que las menciones resultaban un avasallamiento del supuesto imputado (sobre quien todavía no se formó causa judicial alguna). “Lo que hizo el fiscal fue cumplir con lo que establecen nuestras leyes: investigar un claro hecho de corrupción”, defendió el radical Campero.
Lo más popular
