Amaya reclamó a la SAT el pago de $ 7 millones

Aunque no se animan a decirlo abiertamente, en la Municipalidad de la capital están convencidos de que la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) juega un papel fundamental en la interna política entre el alperovichismo y el amayismo. Por lo bajo, en el Departamento Ejecutivo abonan la teoría que señala que la Sapem que conduce el ingeniero Alfredo Calvo tendría una amplia responsabilidad en el deterioro de las calles. Y que, además, no repara las arterias cuando realiza una obra hídrica “a propósito”, “para desgastar” públicamente la gestión del intendente, Domingo Amaya.

En medio de estas especulaciones políticas, lo concreto es que el municipio le reclama a la SAT el pago de casi $ 7 millones por diversas infracciones que fueron labradas por la Dirección de Obras Públicas Municipal (DOPM) desde abril de 2013 hasta octubre del año en curso.

En 1993, el Concejo Deliberante sancionó la ordenanza 2.108, mediante la cual el municipio impuso una tarifa por el uso del suelo y por derechos de apertura, rotura o reparación de calles y veredas a las empresas permisionarias, contratistas o concesionarias de servicios públicos.

De acuerdo a un expediente al que tuvo acceso LA GACETA, son 422 las infracciones que fueron labradas a la empresa encargada de brindar el servicio de aguas y cloacas, por “trabajos inconclusos en calzada”, “trabajos inconclusos sin reparación de hormigón”, “falta de reparación en vereda y calzada”, “arrojo de agua a la vía pública”, “apertura de calzada sin permiso” y “apertura de vereda sin permiso”.

Estas infracciones representan, exactamente, una deuda de la SAT para con el Departamento Ejecutivo municipal de $ 6.993.110.

Según consigna el informe realizado por técnicos de la DOPM y que fue elevado al titular del área, Herminio Veglia, hubo 1.690 notificaciones a la SAT por la falta de reparaciones de las calles. Y según se desprende de la misma documentación, la mayor cantidad de actas labradas se generaron por la ejecución del Plan Más Cerca II ($ 4,2 millones).

En el caso del programa nacional, la Sociedad Aguas del Tucumán fue la encargada, a través de las empresas contratistas, de realizar 17 frentes de obras, entre instalaciones de redes de agua potable, ampliaciones de la red cloacal, el colector de calle Warnes y Diagonal y la estación de bombeo sur y derivación hacia la planta de San Felipe. Por todos estos trabajos, el municipio reclama el pago por “derecho de conexión”, “derecho de calzadas” y “derechos de vereda”, lo que suma un monto exacto de $ 4.260.280.

A través de una nota enviada a a la sede de la Intendencia (calle 9 de Julio y Lavalle), el concejal radical José Luis Avignone le aconsejó al intendente capitalino que inicie acciones legales para que pueda cobrar por vía judicial la abultada deuda por parte la SAT. “Pese a que el municipio le envió a la SAT varias intimaciones a través del tiempo para que deposite los montos adeudados a la cuenta 20002649/9 del Banco del Tucumán, nunca cumplió. Siempre fui un defensor del municipio a pesar de pertenecer a un signo político distinto al suyo. Pero más allá de eso, aquí queda claramente demostrada la nefasta gestión de la SAT y la impunidad de su accionar”, opinó el radical Avignone.

Ayer, LA GACETA intentó comunicarse con Calvo para conocer su opinión sobre la deuda que reclama el municipio. Desde la oficina de prensa del organismo informaron que hoy se abocarán a analizar la situación.