Por Rubén Rodó
27 Noviembre 2014
Viven en estado de desasosiego, sin paz interior, crispados. La situación judicial no resuelta aún los tiene sobre ascuas, colgados de la ansiedad y la incertidumbre, con sueños nocturnos sobresaltados. Su anhelo íntimo -no caben dudas- es liberarse cuanto antes de la espada de Damocles que pende sobre sus destinos políticos. Si se llegara a dilucidar antes de la consulta popular, mejor. Porque, de lo contrario, en la campaña electoral recibirán -del arco opositor, claro- una pedrea a granel, como las mujeres sometidas al salvajismo de la lapidación en las sociedades primitivas. Y en esta época también.
En la picota
Los casos judiciales salpican a Juan Manzur, vicegobernador abusador de su licencia desde 2009, hoy ministro nacional en el gabinete de Cristina, y a Pablo Raúl Yedlin, titular de Salud Pública de la provincia. La decisión no es una cuestión volitiva de ellos. Está en manos de la Justicia. Con los ojos cerrados, la báscula en una mano y en la otra la espada, se toma su tiempo sin apuro y sin plazos. Los sucesivos comicios de 2015 –nacionales y provinciales-, tres en menos de 60 días, están cada vez más cerca en el calendario gregoriano. Manzur es el postulado a la gobernación y Yedlin a la intendencia de esta capital. Ambos afrontan procesos judiciales ultra sensibles.
¿Es o no candidato?
Manzur con la duda clavada en su cabeza no sabe si, finalmente, será el candidato a suceder al patrón. Está acusado, en el fuero federal, de enriquecimiento indebido en el proceso abierto en su contra por el peronista disidente Oscar López. Éste planteó cómo pudo el funcionario incrementar sus bienes con tanta prosperidad, si antes se desempeñaba como funcionario en el partido de la Matanza, Buenos Aires. De ahí pasó como ministro de Alperovich. Si bien Manzur fue sobreseído en primera instancia por el juez Daniel Bejas, su situación sigue pendiente de definición porque el fiscal Carlos Brito apeló la sentencia. Todavía no hay pronunciamiento. El expediente se encuentra, desde hace tiempo, bajo análisis de la Cámara Federal de Apelaciones, que preside Marina Cossio. Recientemente, fue apartado de la causa el fiscal general, Gustavo Antonio Gómez, y en su reemplazo se designó a Leopoldo Peralta Palma, fiscal del Tribunal Oral Federal.
Revocar o confirmar
La Cámara puede confirmar o revocar el fallo. También podría devolver el expediente a su origen para ampliar la investigación por considerarla con llamativas omisiones. La instrucción del caso Manzur estuvo desde su inicio bajo la responsabilidad del juez, cuando es el fiscal quien habitualmente realiza esa tarea. La causa ya estaba en marcha cuando Brito solicitó que el expediente se girara a los Tribunales de Comodoro Py, porque fue en la Capital Federal donde se cometió el presunto delito y ése es el fuero que correspondía. Sin embargo, su petición fue rechazada.
Con su fina pituitaria y su desarrollado olfato y ante la certeza de que el viento cambiará de cuadrante por el fin de época del cristinato, los jueces federales se han puesto activos. Hoy, una investigación toca el sayo presidencial por un caso muy caliente, lo que nunca nadie hubiera imaginado meses atrás.
El caso Funsal
La situación de Yedlin no es menos delicada. Está enredado en lo que se denominó el caso Funsal. El Tribunal de Cuentas (TC) detectó, al momento de pagar una factura, el intento de una orquestada maniobra de defraudación al Estado por la suma de 800.000 pesos, cuya beneficiaria era la Fundación de Salud (Funsal). El ministro Yedlin presidía el Siprosa y él impulsaba el expediente. El ente de contralor -comprobada la anomalía- no abonó y le aplicó una multa equivalente a cinco sueldos. De la misma manera el TC sancionó a los médicos Daniel Edgardo Álvarez Garmendia y Alberto Sabaj, altos funcionarios del Siprosa. A la vez, formuló la denuncia de rigor ante la Fiscalía de Instrucción en lo Penal, de la IX Nominación. Funsal quiso percibir el dinero por un curso de salud que nunca se dictó, fraguándose toda la documentación.
¿Contrario a derecho?
La fiscal María de las Mercedes Carrizo, que intervino en el caso, en un insólito dictamen que alarmó a sus pares y al mundo abogadil, cerró de un plumazo el proceso penal y pidió archivar el expediente. Para ella, con la sanción pecuniaria, de carácter administrativo, se había cumplido con la ley. Así, sentó el precedente de finiquitar un affaire de aristas penales (con sanción de prisión, probablemente) con una medida administrativa (sólo una multa).
A su entender, no hubo daño patrimonial contra el Estado al no concretarse el pago. ¿No cayó en el pecado de desconocimiento del derecho? Su interpretación no deja de ser una imaginativa tesis subtropical, que podría enviarse al Congreso como una innovación para incorporarla al Código Procesal Penal, hoy en debate. Estas curiosidades sólo ocurren en la galaxia alperovichista.
El Código Penal determina como delito tanto la defraudación cometida, como la intención de cometerla, en grado de tentativa dicen los letrados en su lenguaje. En ambos casos prevé medidas punitivas para quien diera el mal paso. La fiscal soslayó alegremente la normativa. A pesar de la gravedad del hecho, el Ministerio Público Fiscal, a cargo entonces de Luis De Mitri, nada hizo. También la Corte Suprema guardó sepulcral silencio ante la acción delictiva, acaso para no turbar al zar. Tampoco apercibió a De Mitri por su omisión ni a Carrizo por su dictamen. No siempre el alto tribunal utiliza la misma vara en la aplicación de medidas disciplinarias, advirtiéndose que hay hijos y entenados.
Por un motivo fortuito, el caso Funsal fue reactivado por decisión del presidente de la Corte, Antonio Gandur, encargándose a la misma funcionaria la revisión del expediente que ella elaboró. En el universo de la política aldeana, como en Tribunales, se aguarda con notorio interés el nuevo dictamen de la fiscal Carrizo. ¿Corregirá su gaffe contraria a derecho? Con su opinión, el juez dictará sentencia y de ésta depende si se trunca la carrera política del elegido por el gobernador para disputar la intendencia capitalina. La mirada de la sociedad se focaliza en lo que hará o dejará de hacer Edmundo Jiménez, flamante ministro fiscal de Corte.
Albaca, imputado
Mutaron los papeles. Ahora, del otro lado del mostrador, de fiscal no tan indagador y preguntón pasó al banquillo de los acusados, en condición de imputado. De Carlos Albaca se habla, hoy con la acusación de mal desempeño en sus funciones (¿ex profeso?) durante la pesquisa del crimen de Paulina Lebbos. Lo que hizo -más bien lo que no hizo a lo largo de siete años- fue mucho más grave que ese cargo formulado. Quedó contundentemente probado en el informe que elaborara la fiscal de Cámara Marta Jerez de Rivadeneira, a pedido de la Corte Suprema. El dossier (emitido el 13 de diciembre/13) era más que suficiente para que el tribunal pidiera de inmediato el juicio político. Sin embargo, dejó pasar el tiempo y cinco meses después (14 de mayo/14) los supremos cortesanos Antonio Gandur (presidente), René Goane y Antonio Estofán optaron por la vía penal para que se lo juzgara, dándole así una generosa mano a Albaca. En cambio, la vocal Claudia Sbdar se distanció de sus pares y requirió, en vano, la destitución mediante el procesamiento político. Daniel Posse acompañó con su firma.
Siete años perdidos
Albaca tuvo a su cargo siete años la investigación del caso. Nada fundamental aportó para esclarecer el asesinato. Al contrario, con su inacción entorpeció la pesquisa. Se convirtió en actor central en el operativo de encubrimiento, como denunció una y mil veces el padre de la víctima, Alberto Lebbos. Por su inoperancia Albaca fue despojado del expediente, tomándolo a su cargo el fiscal Diego López Ávila. Envolvió en un manto de secreto el sumario durante siete años y al papá de la estudiante le negó su carácter de querellante, hasta que pudo acceder por la persistencia de Lebbos. La única prueba sólida que había era el hallazgo de pelos. Nunca mandó hacer el ADN, para determinar a quién/es pertenecía. Cuando se hicieron los análisis de laboratorio, el material estaba deteriorado por el paso del tiempo. El femicidio se mantiene en total impunidad.
Un premio absurdo
En vez de ser echado del cargo, por juicio político, se premió a Albaca con una jubilación excepcional, en el que jugaron a su favor, en una coordinación de acciones sospechosas, la Corte, la Comisión de Juicio Político, la Anses y el Gobierno, que aceptó su retiro con fecha postdatada. Tranquilamente se fue a su casa, con el 82% móvil bajo el brazo. Con el alperovichismo, Tucumán es, con los amigos del poder, un feudo generoso como hay pocos.
Albaca, ducho en argucias y chicanas, en la indagatoria ante la fiscal de Cámara Juana Prieto de Sólimo se hizo leer tres veces el capítulo de cargos y, finalmente, al amparo de la ley, se negó a declarar. El trámite tuvo cuatro horas de duración. Fue, en suma, una deliberada acción psicológica desdeñosa hacia la fiscal.
Honda preocupación
Por un momento Alperovich dejó de pensar en candidaturas y artimañas para conservar el poder, después del adiós. A estas horas, centró su preocupación en evitar la repetición de los saqueos de hace un año. De los 16 muertos que dejaron como saldo, la mitad los aportó Tucumán, aunque es vox populi de que el número fue aquí mucho mayor. Se escamotearon las cifras para restarle gravedad. Esa mácula jamás el gobernador se la sacará de encima y si algo recordará de su gestión la historia será ese luctuoso suceso.
El zar está asustado. Para contrarrestar esos posibles actos de salvajismo, el gobierno anunció que quitará los planes de asistencia social a todo aquel que fuera sorprendido haciendo desmanes. Además, para aliviar la situación económica, expoliada por una inflación sin freno, anticipó que a toda la plantilla del personal estatal le dará un bono de $ 1.750, en dos cuotas. “Prohibirá”, igualmente, los acuartelamientos policiales.
En tanto, en la Justicia prosiguen las acciones penales por sedición incoadas a los policías involucrados en los saqueos de 2013. Está al borde del juicio oral un medio centenar de uniformados.
En la picota
Los casos judiciales salpican a Juan Manzur, vicegobernador abusador de su licencia desde 2009, hoy ministro nacional en el gabinete de Cristina, y a Pablo Raúl Yedlin, titular de Salud Pública de la provincia. La decisión no es una cuestión volitiva de ellos. Está en manos de la Justicia. Con los ojos cerrados, la báscula en una mano y en la otra la espada, se toma su tiempo sin apuro y sin plazos. Los sucesivos comicios de 2015 –nacionales y provinciales-, tres en menos de 60 días, están cada vez más cerca en el calendario gregoriano. Manzur es el postulado a la gobernación y Yedlin a la intendencia de esta capital. Ambos afrontan procesos judiciales ultra sensibles.
¿Es o no candidato?
Manzur con la duda clavada en su cabeza no sabe si, finalmente, será el candidato a suceder al patrón. Está acusado, en el fuero federal, de enriquecimiento indebido en el proceso abierto en su contra por el peronista disidente Oscar López. Éste planteó cómo pudo el funcionario incrementar sus bienes con tanta prosperidad, si antes se desempeñaba como funcionario en el partido de la Matanza, Buenos Aires. De ahí pasó como ministro de Alperovich. Si bien Manzur fue sobreseído en primera instancia por el juez Daniel Bejas, su situación sigue pendiente de definición porque el fiscal Carlos Brito apeló la sentencia. Todavía no hay pronunciamiento. El expediente se encuentra, desde hace tiempo, bajo análisis de la Cámara Federal de Apelaciones, que preside Marina Cossio. Recientemente, fue apartado de la causa el fiscal general, Gustavo Antonio Gómez, y en su reemplazo se designó a Leopoldo Peralta Palma, fiscal del Tribunal Oral Federal.
Revocar o confirmar
La Cámara puede confirmar o revocar el fallo. También podría devolver el expediente a su origen para ampliar la investigación por considerarla con llamativas omisiones. La instrucción del caso Manzur estuvo desde su inicio bajo la responsabilidad del juez, cuando es el fiscal quien habitualmente realiza esa tarea. La causa ya estaba en marcha cuando Brito solicitó que el expediente se girara a los Tribunales de Comodoro Py, porque fue en la Capital Federal donde se cometió el presunto delito y ése es el fuero que correspondía. Sin embargo, su petición fue rechazada.
Con su fina pituitaria y su desarrollado olfato y ante la certeza de que el viento cambiará de cuadrante por el fin de época del cristinato, los jueces federales se han puesto activos. Hoy, una investigación toca el sayo presidencial por un caso muy caliente, lo que nunca nadie hubiera imaginado meses atrás.
El caso Funsal
La situación de Yedlin no es menos delicada. Está enredado en lo que se denominó el caso Funsal. El Tribunal de Cuentas (TC) detectó, al momento de pagar una factura, el intento de una orquestada maniobra de defraudación al Estado por la suma de 800.000 pesos, cuya beneficiaria era la Fundación de Salud (Funsal). El ministro Yedlin presidía el Siprosa y él impulsaba el expediente. El ente de contralor -comprobada la anomalía- no abonó y le aplicó una multa equivalente a cinco sueldos. De la misma manera el TC sancionó a los médicos Daniel Edgardo Álvarez Garmendia y Alberto Sabaj, altos funcionarios del Siprosa. A la vez, formuló la denuncia de rigor ante la Fiscalía de Instrucción en lo Penal, de la IX Nominación. Funsal quiso percibir el dinero por un curso de salud que nunca se dictó, fraguándose toda la documentación.
¿Contrario a derecho?
La fiscal María de las Mercedes Carrizo, que intervino en el caso, en un insólito dictamen que alarmó a sus pares y al mundo abogadil, cerró de un plumazo el proceso penal y pidió archivar el expediente. Para ella, con la sanción pecuniaria, de carácter administrativo, se había cumplido con la ley. Así, sentó el precedente de finiquitar un affaire de aristas penales (con sanción de prisión, probablemente) con una medida administrativa (sólo una multa).
A su entender, no hubo daño patrimonial contra el Estado al no concretarse el pago. ¿No cayó en el pecado de desconocimiento del derecho? Su interpretación no deja de ser una imaginativa tesis subtropical, que podría enviarse al Congreso como una innovación para incorporarla al Código Procesal Penal, hoy en debate. Estas curiosidades sólo ocurren en la galaxia alperovichista.
El Código Penal determina como delito tanto la defraudación cometida, como la intención de cometerla, en grado de tentativa dicen los letrados en su lenguaje. En ambos casos prevé medidas punitivas para quien diera el mal paso. La fiscal soslayó alegremente la normativa. A pesar de la gravedad del hecho, el Ministerio Público Fiscal, a cargo entonces de Luis De Mitri, nada hizo. También la Corte Suprema guardó sepulcral silencio ante la acción delictiva, acaso para no turbar al zar. Tampoco apercibió a De Mitri por su omisión ni a Carrizo por su dictamen. No siempre el alto tribunal utiliza la misma vara en la aplicación de medidas disciplinarias, advirtiéndose que hay hijos y entenados.
Por un motivo fortuito, el caso Funsal fue reactivado por decisión del presidente de la Corte, Antonio Gandur, encargándose a la misma funcionaria la revisión del expediente que ella elaboró. En el universo de la política aldeana, como en Tribunales, se aguarda con notorio interés el nuevo dictamen de la fiscal Carrizo. ¿Corregirá su gaffe contraria a derecho? Con su opinión, el juez dictará sentencia y de ésta depende si se trunca la carrera política del elegido por el gobernador para disputar la intendencia capitalina. La mirada de la sociedad se focaliza en lo que hará o dejará de hacer Edmundo Jiménez, flamante ministro fiscal de Corte.
Albaca, imputado
Mutaron los papeles. Ahora, del otro lado del mostrador, de fiscal no tan indagador y preguntón pasó al banquillo de los acusados, en condición de imputado. De Carlos Albaca se habla, hoy con la acusación de mal desempeño en sus funciones (¿ex profeso?) durante la pesquisa del crimen de Paulina Lebbos. Lo que hizo -más bien lo que no hizo a lo largo de siete años- fue mucho más grave que ese cargo formulado. Quedó contundentemente probado en el informe que elaborara la fiscal de Cámara Marta Jerez de Rivadeneira, a pedido de la Corte Suprema. El dossier (emitido el 13 de diciembre/13) era más que suficiente para que el tribunal pidiera de inmediato el juicio político. Sin embargo, dejó pasar el tiempo y cinco meses después (14 de mayo/14) los supremos cortesanos Antonio Gandur (presidente), René Goane y Antonio Estofán optaron por la vía penal para que se lo juzgara, dándole así una generosa mano a Albaca. En cambio, la vocal Claudia Sbdar se distanció de sus pares y requirió, en vano, la destitución mediante el procesamiento político. Daniel Posse acompañó con su firma.
Siete años perdidos
Albaca tuvo a su cargo siete años la investigación del caso. Nada fundamental aportó para esclarecer el asesinato. Al contrario, con su inacción entorpeció la pesquisa. Se convirtió en actor central en el operativo de encubrimiento, como denunció una y mil veces el padre de la víctima, Alberto Lebbos. Por su inoperancia Albaca fue despojado del expediente, tomándolo a su cargo el fiscal Diego López Ávila. Envolvió en un manto de secreto el sumario durante siete años y al papá de la estudiante le negó su carácter de querellante, hasta que pudo acceder por la persistencia de Lebbos. La única prueba sólida que había era el hallazgo de pelos. Nunca mandó hacer el ADN, para determinar a quién/es pertenecía. Cuando se hicieron los análisis de laboratorio, el material estaba deteriorado por el paso del tiempo. El femicidio se mantiene en total impunidad.
Un premio absurdo
En vez de ser echado del cargo, por juicio político, se premió a Albaca con una jubilación excepcional, en el que jugaron a su favor, en una coordinación de acciones sospechosas, la Corte, la Comisión de Juicio Político, la Anses y el Gobierno, que aceptó su retiro con fecha postdatada. Tranquilamente se fue a su casa, con el 82% móvil bajo el brazo. Con el alperovichismo, Tucumán es, con los amigos del poder, un feudo generoso como hay pocos.
Albaca, ducho en argucias y chicanas, en la indagatoria ante la fiscal de Cámara Juana Prieto de Sólimo se hizo leer tres veces el capítulo de cargos y, finalmente, al amparo de la ley, se negó a declarar. El trámite tuvo cuatro horas de duración. Fue, en suma, una deliberada acción psicológica desdeñosa hacia la fiscal.
Honda preocupación
Por un momento Alperovich dejó de pensar en candidaturas y artimañas para conservar el poder, después del adiós. A estas horas, centró su preocupación en evitar la repetición de los saqueos de hace un año. De los 16 muertos que dejaron como saldo, la mitad los aportó Tucumán, aunque es vox populi de que el número fue aquí mucho mayor. Se escamotearon las cifras para restarle gravedad. Esa mácula jamás el gobernador se la sacará de encima y si algo recordará de su gestión la historia será ese luctuoso suceso.
El zar está asustado. Para contrarrestar esos posibles actos de salvajismo, el gobierno anunció que quitará los planes de asistencia social a todo aquel que fuera sorprendido haciendo desmanes. Además, para aliviar la situación económica, expoliada por una inflación sin freno, anticipó que a toda la plantilla del personal estatal le dará un bono de $ 1.750, en dos cuotas. “Prohibirá”, igualmente, los acuartelamientos policiales.
En tanto, en la Justicia prosiguen las acciones penales por sedición incoadas a los policías involucrados en los saqueos de 2013. Está al borde del juicio oral un medio centenar de uniformados.
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