27 Noviembre 2014
La mayoría de los condenados de la megacausa “Arsenales II-Jefatura II” permanecerán por ahora en libertad o en sus domicilios. El Tribunal Oral Federal (TOF) local no hizo lugar a un planteo del Ministerio Público Fiscal (MPF) para que los acusados por crímenes de lesa humanidad vuelvan a ser alojados en cárceles. Los jueces Carlos Jiménez Montilla (presidente), Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga rechazaron el recurso de reposición al que habían adherido las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y Marta Rondoletto, Alfredo Forti, Licia Campos, Julia Salinas, Cecilia Parrile y Margarita Lascowsky.
Leopoldo Peralta Palma (fiscal subrogante ante el TOF), Pablo Camuña (fiscal ad hoc a cargo de la oficina local de la Procuraduría de crímenes contra la humanidad) y Patricio Rovira (fiscal ad hoc) habían efectuado la presentación hace dos semanas, luego de que un fallo de la de la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal -a instancias de una presentación del defensor Ciro Lo Pinto- devolviera a los acusados a la situación procesal que tenían antes del comienzo del megajuicio, en noviembre de 2012. Los miembros del MPF habían advertido respecto de riesgos como el peligro de fuga; el posible entorpecimiento de investigaciones en curso en el que los algunos de los imputados están procesados y el daño psicológico o físico que podrían padecer testigos y víctimas que declararon en el proceso.
El defensor oficial ad hoc Adolfo Bertini había pedido que se rechazara el pedido al considerarlo “improcedente” e “inadmisible”. Opinó que era un “intento solapado” de revocar la sentencia de Casación.
Los jueces afirmaron que carecen de facultades jurisdiccionales para modificar los efectos de la resolución. Recordaron que habían fijado su criterio para mantener la detención de los condenados, aunque la sentencia no estuviese firme, pero que la decisión fue anulada por el Tribunal revisor.
El TOF, sin embargo, dispuso dos medidas para responder a las preocupaciones de los acusadores. Por un lado, que se aplique un “control estricto” de las domiciliarias, que incluya un informe semanal de cada imputado en esa condición. Por el otro, requirió a los responsables del Programa Nacional de Protección de Testigos que efectúe un relevamiento de las víctimas-testigos para que sean incluidas en él. Durante el juicio, declararon 358 testigos.
La decisión del Tribunal se conoció mientras organismos de Derechos Humanos planteaban un habeas corpus colectivo por una centena de personas, entre ellos sobrevivientes y familiares, que se sintieron afectadas por la liberación de los ex policías, ex gendarmes y ex militares.
De acuerdo con los registros suministrados por el TOF, 17 de los condenados permanecen en libertad. Se trata de Ramón Jodar, María Acosta, Miguel Chuchuy Linares, Hugo Figueroa, Pedro Pasteris, Guillermo Ugarte, Antonio Vercellone, Oscar Gómez, Félix Insaurralde, Benito Palomo, Fernando Torres, Ramón Ojeda Fuente, Hugo Soto, Pedro Caballero, Alberto Montes de Oca, Ernesto Rivero y José Sowinski. Otros 13 están en sus casas: Luis De Cándido, Ángel Moreno, Ramón Cooke, Juan Abraham, Ricardo Sánchez, Rolando Reyes Quintana, Luis Ocaranza, Mario D’Ursi, Augusto Neme, Luis Varela, Adolfo Moore, Tomás Güemes y Marcelo Godoy. En tanto, siguen en penitenciarías por otras causas Roberto “El Tuerto” Albornoz, Jorge Lazarte, Ariel Valdiviezo, Carlos Trucco y Ángel Colotti,
El juicio fue el de mayor magnitud por delitos de lesa humanidad. Se condenaron en diciembre de 2013 a 37 de los 41 imputados (el resto fue absuelto por el beneficio de la duda). Consideraron a los acusados responsables de lo sucedido en los centros de detención y exterminio más grandes de la provincia: la Jefatura y el Arsenal. Según el fallo, formaron parte de un aceitado sistema represivo.
Leopoldo Peralta Palma (fiscal subrogante ante el TOF), Pablo Camuña (fiscal ad hoc a cargo de la oficina local de la Procuraduría de crímenes contra la humanidad) y Patricio Rovira (fiscal ad hoc) habían efectuado la presentación hace dos semanas, luego de que un fallo de la de la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal -a instancias de una presentación del defensor Ciro Lo Pinto- devolviera a los acusados a la situación procesal que tenían antes del comienzo del megajuicio, en noviembre de 2012. Los miembros del MPF habían advertido respecto de riesgos como el peligro de fuga; el posible entorpecimiento de investigaciones en curso en el que los algunos de los imputados están procesados y el daño psicológico o físico que podrían padecer testigos y víctimas que declararon en el proceso.
El defensor oficial ad hoc Adolfo Bertini había pedido que se rechazara el pedido al considerarlo “improcedente” e “inadmisible”. Opinó que era un “intento solapado” de revocar la sentencia de Casación.
Los jueces afirmaron que carecen de facultades jurisdiccionales para modificar los efectos de la resolución. Recordaron que habían fijado su criterio para mantener la detención de los condenados, aunque la sentencia no estuviese firme, pero que la decisión fue anulada por el Tribunal revisor.
El TOF, sin embargo, dispuso dos medidas para responder a las preocupaciones de los acusadores. Por un lado, que se aplique un “control estricto” de las domiciliarias, que incluya un informe semanal de cada imputado en esa condición. Por el otro, requirió a los responsables del Programa Nacional de Protección de Testigos que efectúe un relevamiento de las víctimas-testigos para que sean incluidas en él. Durante el juicio, declararon 358 testigos.
La decisión del Tribunal se conoció mientras organismos de Derechos Humanos planteaban un habeas corpus colectivo por una centena de personas, entre ellos sobrevivientes y familiares, que se sintieron afectadas por la liberación de los ex policías, ex gendarmes y ex militares.
De acuerdo con los registros suministrados por el TOF, 17 de los condenados permanecen en libertad. Se trata de Ramón Jodar, María Acosta, Miguel Chuchuy Linares, Hugo Figueroa, Pedro Pasteris, Guillermo Ugarte, Antonio Vercellone, Oscar Gómez, Félix Insaurralde, Benito Palomo, Fernando Torres, Ramón Ojeda Fuente, Hugo Soto, Pedro Caballero, Alberto Montes de Oca, Ernesto Rivero y José Sowinski. Otros 13 están en sus casas: Luis De Cándido, Ángel Moreno, Ramón Cooke, Juan Abraham, Ricardo Sánchez, Rolando Reyes Quintana, Luis Ocaranza, Mario D’Ursi, Augusto Neme, Luis Varela, Adolfo Moore, Tomás Güemes y Marcelo Godoy. En tanto, siguen en penitenciarías por otras causas Roberto “El Tuerto” Albornoz, Jorge Lazarte, Ariel Valdiviezo, Carlos Trucco y Ángel Colotti,
El juicio fue el de mayor magnitud por delitos de lesa humanidad. Se condenaron en diciembre de 2013 a 37 de los 41 imputados (el resto fue absuelto por el beneficio de la duda). Consideraron a los acusados responsables de lo sucedido en los centros de detención y exterminio más grandes de la provincia: la Jefatura y el Arsenal. Según el fallo, formaron parte de un aceitado sistema represivo.
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