19 Noviembre 2014
Hubo un plan prediseñado que tuvo tres pasos. Primero, había que resentir o anular completamente la salida de móviles policiales de la Subjefatura de Policía. Luego, debían anular el sistema de respuesta inmediata de recepción de llamadas, radial, cámaras y computadoras del sistema integrado del 911. Finalmente, tenían que quitar los móviles policiales que se encontraran en la vía pública, e invitar o retener aún contra su voluntad a miembros de la Policía que no se plegaran al reclamo, y obligar al resto de los efectivos a no prestar servicios. El objetivo de dicho plan, consideraron los fiscales de Instrucción Diego López Ávila y Adriana Giannoni, fue extorsionar al Poder Ejecutivo para conseguir concesiones, sin importar que la provincia se encontrara sumida en un caos social. Por eso, también serían responsables de los saqueos ocurridos el 9, 10 y 11 de diciembre del año pasado.
Los fiscales requirieron este fin de semana que 47 policías y ex miembros de la fuerza (ver “Los imputados”) sean sometidos a juicio oral, acusados de sedición, ostentación de armas de fuego, incitación a la violencia colectiva contra la institución policial, impedimento del normal funcionamiento de los transportes por tierra, privación ilegítima de la libertad, coacción, hurto y robo calamitoso e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La ejecución del plan
En los considerandos del requerimiento de elevación a juicio se describió que los hechos comenzaron el 8 de diciembre de 2013 a la noche en una reunión realizada frente al club All Boys. El grupo que se había juntado se dirigió a la sede de la Subjefatura de Policía para dar marcha al primer paso del plan.
En el predio de San Miguel y Chile estaba la mayor cantidad de móviles policiales (autos y motos), ya que el cambio de guardia se efectuaba allí. “Desde el 8 de diciembre de 2013, el grupo de manifestantes impidió por la fuerza la salida de los móviles que pretendían cumplir sus tareas”, afirmaron los fiscales.
El segundo paso fue realizado por unas 30 personas que ingresaron al edificio en el que funciona el 911, y usando la violencia los obligaron a retirarse. Para evitar ser reconocidos, actuaron con el rostro cubierto con pasamontañas y anteojos.
Mientras tanto, otros policías desplegaron el último punto planificado para dejar inactiva a la Policía. En motos, y esgrimiendo armas de fuego, interceptaban a los móviles que estaban patrullando la ciudad y los trasladaban a la base del 911 para que no pudieran ser utilizados.
La convocatoria para que se ejecutaran estas medidas, que tenían como fin un incremento salarial, la reincorporación de cesanteados, mejoras en los uniformes policiales y una batería extensa de reclamos, se había organizado por Facebook y WhatsApp, según los testimonios que recabaron López Ávila y Giannoni.
Los saqueos
“Los imputados quisieron o mínimamente se representaron y consintieron como probable, que dicha situación originaría indefectiblemente la producción de múltiples delitos por terceras personas que en forma indiscriminada y en cadena aprovecharon la situación acontecida para dirigirse en grandes grupos dispersados los días 9, 10 y 11 de diciembre de 2013 hacia distintos puntos de la ciudad capital, dando lugar a la comisión de ilícitos contra la propiedad y contra las personas, de los que resultarían perjudicados varios comercios, casas particulares y ciudadanos, incluso cobrando numerosas vidas”, explicaron los fiscales en el requerimiento de elevación a juicio, al cual tuvo acceso LA GACETA.
De esa manera, los representantes del Ministerio Público consideraron que los sediciosos tuvieron responsabilidad directa en el caos social que hubo en Tucumán, incluyendo los saqueos a comercios (hurtos y robos calamitosos).
Según la valoración que hicieron los fiscales, el grupo que inició la protesta se habría puesto de acuerdo y dividieron las tareas que iba a desempeñar cada uno. Mientras algunos se ocupaban de arengar a los revoltosos mediante megáfonos, otros ingresaban al predio de la Subjefatura, y el resto retenía a los policías y a los móviles que patrullaban las calles. También estuvieron los encargados de llevar adelante las negociaciones con Casa de Gobierno.
“Existió una decisión común, un plan básico acordado entre todos consistente en el debilitamiento de las unidades operativas de respuesta rápida de la Policía de Tucumán”, concluyeron López Ávila y Giannoni.
Los fiscales requirieron este fin de semana que 47 policías y ex miembros de la fuerza (ver “Los imputados”) sean sometidos a juicio oral, acusados de sedición, ostentación de armas de fuego, incitación a la violencia colectiva contra la institución policial, impedimento del normal funcionamiento de los transportes por tierra, privación ilegítima de la libertad, coacción, hurto y robo calamitoso e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La ejecución del plan
En los considerandos del requerimiento de elevación a juicio se describió que los hechos comenzaron el 8 de diciembre de 2013 a la noche en una reunión realizada frente al club All Boys. El grupo que se había juntado se dirigió a la sede de la Subjefatura de Policía para dar marcha al primer paso del plan.
En el predio de San Miguel y Chile estaba la mayor cantidad de móviles policiales (autos y motos), ya que el cambio de guardia se efectuaba allí. “Desde el 8 de diciembre de 2013, el grupo de manifestantes impidió por la fuerza la salida de los móviles que pretendían cumplir sus tareas”, afirmaron los fiscales.
El segundo paso fue realizado por unas 30 personas que ingresaron al edificio en el que funciona el 911, y usando la violencia los obligaron a retirarse. Para evitar ser reconocidos, actuaron con el rostro cubierto con pasamontañas y anteojos.
Mientras tanto, otros policías desplegaron el último punto planificado para dejar inactiva a la Policía. En motos, y esgrimiendo armas de fuego, interceptaban a los móviles que estaban patrullando la ciudad y los trasladaban a la base del 911 para que no pudieran ser utilizados.
La convocatoria para que se ejecutaran estas medidas, que tenían como fin un incremento salarial, la reincorporación de cesanteados, mejoras en los uniformes policiales y una batería extensa de reclamos, se había organizado por Facebook y WhatsApp, según los testimonios que recabaron López Ávila y Giannoni.
Los saqueos
“Los imputados quisieron o mínimamente se representaron y consintieron como probable, que dicha situación originaría indefectiblemente la producción de múltiples delitos por terceras personas que en forma indiscriminada y en cadena aprovecharon la situación acontecida para dirigirse en grandes grupos dispersados los días 9, 10 y 11 de diciembre de 2013 hacia distintos puntos de la ciudad capital, dando lugar a la comisión de ilícitos contra la propiedad y contra las personas, de los que resultarían perjudicados varios comercios, casas particulares y ciudadanos, incluso cobrando numerosas vidas”, explicaron los fiscales en el requerimiento de elevación a juicio, al cual tuvo acceso LA GACETA.
De esa manera, los representantes del Ministerio Público consideraron que los sediciosos tuvieron responsabilidad directa en el caos social que hubo en Tucumán, incluyendo los saqueos a comercios (hurtos y robos calamitosos).
Según la valoración que hicieron los fiscales, el grupo que inició la protesta se habría puesto de acuerdo y dividieron las tareas que iba a desempeñar cada uno. Mientras algunos se ocupaban de arengar a los revoltosos mediante megáfonos, otros ingresaban al predio de la Subjefatura, y el resto retenía a los policías y a los móviles que patrullaban las calles. También estuvieron los encargados de llevar adelante las negociaciones con Casa de Gobierno.
“Existió una decisión común, un plan básico acordado entre todos consistente en el debilitamiento de las unidades operativas de respuesta rápida de la Policía de Tucumán”, concluyeron López Ávila y Giannoni.
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