17 Noviembre 2014
Esta semana corta en el Poder Judicial promete ser la de un desfile de personas afectadas por las presuntas defraudaciones reiteradas de la empresa financiera Cofin SA. A partir de mañana, la Fiscalía de Instrucción que entiende en la causa, a cargo de Guillermo Herrera, comenzará a recibir la ratificación de las denuncias formuladas contra la firma que encabeza Jorge Alejandro Rigourd, actualmente alojado en Villa Urquiza, luego de que se lo detuviera el jueves pasado.
Hasta ahora trascendió que se trata de 22 denuncias, que le fueron expuestas al financista cuando el jueves se presentó a declarar, acompañado por su abogado defensor, Arnaldo Ahumada. Sin embargo, en Tribunales se estiman que la cifra podría ser mayor, ya que esperan que otros supuestos damnificados se presenten a formalizar sus reclamos.
En Tribunales también se estableció que el empleado de la financiera que dirige Rigourd fue citado a declarar como imputado mañana a las 8. Fuentes tribunalicias comentaron que será asistido por el abogado Carlos Alberto Posse, que además representaría a otros trabajadores de aquella firma.
El caso ha causado un revuelo en la city tucumana, ya que -según trascendió- Cofin era una de las financieras con más movimientos dentro de la cadena de oferentes de servicios financieros. Algunos operadores consideraron que, del total de afectados por los atrasos o incumplimientos del financista, un 20% corresponde a pequeños ahorristas. Ellos son los que iniciaron acciones civiles y penales en contra de Rigourd. Lo que ahora el fiscal de Instrucción quiere determinar es si se ratifica o no las denuncias formuladas la semana pasada.
El propio CEO de Cofin reconoció en su declaración parte de la deuda reclamada, y adujo que se trataba de un problema de retraso en el pago. Según fuentes tribunalicias, una de las modalidades que constan en las denuncias por el movimiento de dinero es la del contrato de mutuo oneroso, es decir, una suerte de préstamo de plata de otras personas a cambio de devolverlos a una determinada tasa de interés pactada con el propietario de los fondos a una fecha determinada. Otra de las modalidades fue la entrega de dinero para la ejecución de inversiones inmobiliarias. Herrera se tomaría los 10 días hábiles con los que cuenta para decidir si solicita o no la prisión preventiva del financista. Hoy no hay actividades en Tribunales por conmemorarse el día del trabajador judicial (se celebró ayer).
Hasta ahora trascendió que se trata de 22 denuncias, que le fueron expuestas al financista cuando el jueves se presentó a declarar, acompañado por su abogado defensor, Arnaldo Ahumada. Sin embargo, en Tribunales se estiman que la cifra podría ser mayor, ya que esperan que otros supuestos damnificados se presenten a formalizar sus reclamos.
En Tribunales también se estableció que el empleado de la financiera que dirige Rigourd fue citado a declarar como imputado mañana a las 8. Fuentes tribunalicias comentaron que será asistido por el abogado Carlos Alberto Posse, que además representaría a otros trabajadores de aquella firma.
El caso ha causado un revuelo en la city tucumana, ya que -según trascendió- Cofin era una de las financieras con más movimientos dentro de la cadena de oferentes de servicios financieros. Algunos operadores consideraron que, del total de afectados por los atrasos o incumplimientos del financista, un 20% corresponde a pequeños ahorristas. Ellos son los que iniciaron acciones civiles y penales en contra de Rigourd. Lo que ahora el fiscal de Instrucción quiere determinar es si se ratifica o no las denuncias formuladas la semana pasada.
El propio CEO de Cofin reconoció en su declaración parte de la deuda reclamada, y adujo que se trataba de un problema de retraso en el pago. Según fuentes tribunalicias, una de las modalidades que constan en las denuncias por el movimiento de dinero es la del contrato de mutuo oneroso, es decir, una suerte de préstamo de plata de otras personas a cambio de devolverlos a una determinada tasa de interés pactada con el propietario de los fondos a una fecha determinada. Otra de las modalidades fue la entrega de dinero para la ejecución de inversiones inmobiliarias. Herrera se tomaría los 10 días hábiles con los que cuenta para decidir si solicita o no la prisión preventiva del financista. Hoy no hay actividades en Tribunales por conmemorarse el día del trabajador judicial (se celebró ayer).
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