12 Noviembre 2014
EN CONDICIONES. Según peritos médicos, Albornoz no sufre problemas de salud que le impidan ir a la cárcel.
El represor multicondenado Roberto “El Tuerto” Albornoz pasó seis días en su domicilio. Hasta ayer. El Tribunal Oral Federal (TOF) hizo lugar a un recurso de reposición presentado por los fiscales Leopoldo Peralta Palma y Patricio Rovira y determinó el regreso a la cárcel del ex jefe de inteligencia de la Policía durante el terrorismo de estado.
En el contexto de la megacausa “Villa Urquiza”, los jueces Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga consideraron que el imputado está en condiciones físicas de permanecer en la cárcel provincial. La medida alcanzó también al ex militar Jorge Lazarte. El ex supervisor militar de la fuerza provincial permanecía en la unidad carcelaria porque no había podido fijar un domicilio en Tucumán.
El jueves, un fallo de la Sala III de la Cámara de Casación Penal de la Nación había resuelto que una treintena de ex militares y policías condenados en 2013 en la megacausa “Arsenales II-Jefatura II” volvieran a la situación de detención anterior a la del inicio del histórico proceso oral hasta tanto la condena quede firme. Albornoz y Lazarte estaban incluidos en la lista. Jiménez Montilla y Casas, del TOF local, habían emitido ese mismo día una resolución que disponía que ambos contaran con custodia de la Policía provincial para garantizar su presencia en el debate que se sustancia por estos días.
Los fiscales habían considerado que se creaba un “riesgo intolerable” para testigos y víctimas que prestaron declaración en diversos procesos. Habían consignado que el TOF le había llamado la atención a Albornoz hace un par de audiencias por gritar a una testigo que lo acusó de torturarla. Además, habían recordado que durante la causa “Jefatura I (2011)” se había denunciado que Albornoz había violado la prisión domiciliaria y había sido visto en un supermercado. Por otro lado, cuestionaron que la vigilancia de ambos esté en manos de integrantes de la fuerza en la que los acusados habían tenido cargos de mando durante los ‘70.
El defensor oficial Adolfo Bertini había pedido que se rechazara el planteo al entender que era “irracional”. “Lazarte en esta causa estaba excarcelado por la salud de su hijo. Albornoz estaba con detención domiciliaria. Las denuncias sobre violación de arresto domiciliaria de Albornoz no fueron comprobadas. (La medida que revocó el alojamiento en la cárcel) es adecuada a derecho y debe mantenerse”, había argumentado.
Sobre Albornoz pesan cuatro condenas a perpetua por las causas de delitos de lesa humanidad.
En el contexto de la megacausa “Villa Urquiza”, los jueces Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga consideraron que el imputado está en condiciones físicas de permanecer en la cárcel provincial. La medida alcanzó también al ex militar Jorge Lazarte. El ex supervisor militar de la fuerza provincial permanecía en la unidad carcelaria porque no había podido fijar un domicilio en Tucumán.
El jueves, un fallo de la Sala III de la Cámara de Casación Penal de la Nación había resuelto que una treintena de ex militares y policías condenados en 2013 en la megacausa “Arsenales II-Jefatura II” volvieran a la situación de detención anterior a la del inicio del histórico proceso oral hasta tanto la condena quede firme. Albornoz y Lazarte estaban incluidos en la lista. Jiménez Montilla y Casas, del TOF local, habían emitido ese mismo día una resolución que disponía que ambos contaran con custodia de la Policía provincial para garantizar su presencia en el debate que se sustancia por estos días.
Los fiscales habían considerado que se creaba un “riesgo intolerable” para testigos y víctimas que prestaron declaración en diversos procesos. Habían consignado que el TOF le había llamado la atención a Albornoz hace un par de audiencias por gritar a una testigo que lo acusó de torturarla. Además, habían recordado que durante la causa “Jefatura I (2011)” se había denunciado que Albornoz había violado la prisión domiciliaria y había sido visto en un supermercado. Por otro lado, cuestionaron que la vigilancia de ambos esté en manos de integrantes de la fuerza en la que los acusados habían tenido cargos de mando durante los ‘70.
El defensor oficial Adolfo Bertini había pedido que se rechazara el planteo al entender que era “irracional”. “Lazarte en esta causa estaba excarcelado por la salud de su hijo. Albornoz estaba con detención domiciliaria. Las denuncias sobre violación de arresto domiciliaria de Albornoz no fueron comprobadas. (La medida que revocó el alojamiento en la cárcel) es adecuada a derecho y debe mantenerse”, había argumentado.
Sobre Albornoz pesan cuatro condenas a perpetua por las causas de delitos de lesa humanidad.
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