Molins no reconoce como propio el texto que desató el escándalo en el municipio

Rodeado de cámaras y de micrófonos, aferrado al silenzio stampa mediático que adoptó desde que estalló el escándalo de las presuntas coimas, Miguel Ángel Molins, titular de la Dirección de Producción y Saneamiento Ambiental (Dipsa), se marchó raudamente de la sede penal de Tribunales, ayer a la mañana.

El funcionario municipal escogió no realizar declaraciones ante la prensa. Debió sin embargo hacerlo como testigo -al igual que el lunes de la semana pasada- ante el fiscal de Instrucción Washingotn Navarro Dávila. Durante casi dos horas, Molins permaneció en la oficina de la Fiscalía de Instrucción de la V° Nominación, ampliando su relato inicial. Si bien Navarro Dávila confirmó que el titular de la Dipsa aportó documentación y mayores precisiones respecto a las presuntas maniobras que habría llevado adelante un grupo de subordinados suyo, hubo puntos que aún no se han dilucidado.

Por ejemplo, el jefe de la repartición no pudo explicar cómo fue que “desapareció” una nota de su despacho, redactada el 21 de agosto pasado, en la que se narraban supuestas anomalías por parte de al menos ocho inspectores de la Dirección de Producción y Saneamiento Ambiental. En el expediente judicial, iniciado de oficio tras una publicación de LA GACETA, consta una fotocopia de ese texto, que lleva el nombre de Molins y está dirigido al secretario de Gobierno municipal, Germán Alfaro.

Según fuentes judiciales, el titular de la Dipsa tampoco habría logrado precisar hasta qué punto el contenido de la nota original era diferente al que ayer le exhibieron en la Fiscalía V.

Luego de desocupar a Molins, Navarro Dávila dialogó con la prensa respecto de la pesquisa, y aclaró que aún no hay inspectores imputados, ni tampoco se determinó si el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) actuó correctamente ante las supuestas anomalías en la Dipsa. “Todavía no puedo formular un juicio de valor sobre el comportamiento de las autoridades municipales. Sí está claro que los hechos de corrupción se deben denunciar; el funcionario público tiene la obligación de hacerlo de forma inmediata, y eso es lo que corresponde”, advirtió el fiscal.

Nexos con prostíbulos

La causa “Dipsa” fue abierta de oficio hace 10 días, a raíz de una publicación de este diario en la que se brindaban detalles de la nota supuestamente “desaparecida” del despacho de Molins.

En el texto, redactado el 21 de agosto, se vinculaba a un grupo de inspectores de esa repartición con denuncias de sobornos de parte de comerciantes y particulares (algunas anónimas, otras con nombre y apellido). Uno de ellos, calificado como “el mayor coimero”, tendría nexos con propietarios de prostíbulos, expresa el papel “extraviado”.

El 23 de octubre, Alfaro resolvió el traslado de siete empleados municipales, que justamente aparecían mencionados en ese escrito, arguyendo la necesidad de reforzar el personal de otras reparticiones (como las Direcciones de Cementarios y de Espacios Verdes). Según Osvaldo “Cacho” Acosta, dirigente sindical del municipio que es opositor al amayismo, la medida tuvo tintes políticos, ya que los inspectores señalados están alineados con su movimiento gremial.

Además, el agente municipal tildado como “el mayor coimero” fue sancionado por 60 días, y se le abrió un sumario, debido a que se cuenta con la filmación de las cámaras de seguridad de un boliche que lo comprometen. La semana pasada, el municipio formalizó la denuncia penal en contra de este individuo.

Ayer, Navarro Dávila explicó que había citado a Molins “a fines de que aclarara aglunos puntos de su declaración anterior, en virtud de los relatos aportados por otras personas”. “Además, (el testigo) aportó documentación que le habíamos pedido”, remarcó el fiscal.

Cuando se le consultó sobre cómo habría desaparecido la nota de la polémica del despacho de Molins, aseguró: “ese es un misterio que todavía debemos dilucidar”. Destacó luego que los funcionarios del municipio prestaron declaración “voluntariamente”, pero “previa citación de la Fiscalía”. “Sí se han presentado, pero no fue espontáneamente”, explicó. Agregó que el paso a seguir es “analizar la documentación aportada y los testimonios brindados”. “La presunta maniobra, al parecer, consistía en que se brindaban habilitaciones que no eran las que formalmente correspondían a cambio de una suma determinada de dinero”, resumió Navarro Dávila.