09 Noviembre 2014
Hoy es Coronel Pringles o Luján. Ayer fueron Necochea y Dolores. Mañana puede ser otra localidad bonaerense. A todas las une algo más que la desgracia de padecer lluvias extraordinarias. Las vinculan la falta de previsión, de una visión política de desarrollo de largo plazo y la desidia de los gobernantes. Cada vez que llueve en exceso se habla de daños en cultivos, de animales mal alimentados y de caminos rurales intransitables. Eso representa pérdidas millonarias. No hay declaración de emergencia agropecuaria que las compense. En estos casos hay que recordar los más de U$S 60.000 millones que recibió el Estado nacional en concepto de derechos de exportación al agro, desde 2003 a la fecha, y que ni siquiera tuvieran un mínimo de retorno en obras de infraestructura. En el balance de la “década ganada”, éste es un ítem en rojo.
Peor aún los fondos y los planes específicos destinados a enfrentar daños por inundaciones hace tiempo que no cumplen con sus objetivos. En el caso de la cuenca del Salado, de 2008 a la fecha, los especialistas advierten que el Plan de Manejo Integral, que se comenzó a implementar en 1997, no tiene avances significativos. Un informe del sitio de internet Chequeado.com señala que la tercera y la cuarta parte del plan, un 60%, tienen un ritmo de aplicación bastante lento, por no decir nulo.
El diputado nacional, Carlos Brown, (partido FE-Buenos Aires) presentó recientemente un pedido de informes al Gobierno nacional sobre los gastos de 2014 del Fondo Hídrico, creado en 2001 para financiar obras contra inundaciones. El legislador ya había denunciado que en 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, el Gobierno nacional decidió priorizar las áreas urbanas en detrimento de las rurales como destino de lo recaudado por el Fondo Hídrico.
No se conoce una declaración del gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, que reclame la finalización de las obras en la cuenca. Salvo que las haya hecho durante un partido de fútbol 5 y nadie las hubiera registrado.
Esta vez la lluvia castigó con más virulencia a una zona que está fuera de la cuenca del Salado, pero también padece los efectos de la desidia y de la falta de una política de desarrollo. En Coronel Pringles llovieron 200 milímetros en una noche. “No se pueden sacar granos, hay muerte de animales. Es imposible entrar a los campos. Se calcula extraoficialmente que medio departamento de Pringles quedó bajo el agua, con más de 100.000 hectáreas afectadas. Hemos perdido pasturas, verdeos de verano y el trigo sembrado”, dice Graciela Martus, presidenta de la filial local de la Federación Agraria Argentina (FAA).
Para peor, se cortó un puente que une Pringles con Coronel Suárez. Los productores piden la urgente reparación de los caminos, la refinanciación de deudas con el Banco Provincia y la firma de un decreto que declare desastre natural a todo el partido. A esos mismos productores que hoy tienen sus campos bajo el agua el Estado nacional les aplica derechos de exportación y les impone un cepo a las exportaciones de trigo. También a esos mismos productores el Banco Nación les restringe el financiamiento. Sólo el Banco Provincia mantiene los créditos abiertos, dice la dirigente federada.
“La mayoría de los pequeños productores de la zona somos arrendatarios, la declaración de emergencia no nos alcanza”, explica Martus. Lo peor, para ella, es el estado de los caminos rurales. “La gente no puede sacar la hacienda ni tampoco puede entrar a sembrar girasol”, dice. “Esto es un mazazo, lo peor se va a ver a partir de enero, cuando en el pueblo se sienta la falta de plata de los productores”, advierte.
El otro problema es la falta de mantenimiento de los arroyos. En el caso de Pringles, cada vez que llueve en exceso sobre Sierra de la Ventana, el agua baja rápidamente a los campos. “Pedimos que, al menos, se limpien los canales”, dice la presidenta de la filial Coronel Pringles de la FAA, con un dejo de desesperanza ante la escasa respuesta que tuvieron sus reclamos.
Estas inundaciones reviven una pregunta: ¿cuál es el efecto final de la falta de previsión y de una política de desarrollo de largo plazo? Un dato de Coronel Pringles da la respuesta: la población total de esa localidad bonaerense se redujo un 3,6% entre 2001 y 2011, según datos de los censos nacionales de 2001 y 2010. A nivel nacional, en cambio, el crecimiento de la población fue de 10,6%.
El mensaje es claro, cuando no hay trabajo ni inversión, la gente migra. En un país que se concentra cada vez más en los grandes centros urbanos, darle la espalda al desarrollo regional tiene un costo negativo que, tarde o temprano, se paga.
Peor aún los fondos y los planes específicos destinados a enfrentar daños por inundaciones hace tiempo que no cumplen con sus objetivos. En el caso de la cuenca del Salado, de 2008 a la fecha, los especialistas advierten que el Plan de Manejo Integral, que se comenzó a implementar en 1997, no tiene avances significativos. Un informe del sitio de internet Chequeado.com señala que la tercera y la cuarta parte del plan, un 60%, tienen un ritmo de aplicación bastante lento, por no decir nulo.
El diputado nacional, Carlos Brown, (partido FE-Buenos Aires) presentó recientemente un pedido de informes al Gobierno nacional sobre los gastos de 2014 del Fondo Hídrico, creado en 2001 para financiar obras contra inundaciones. El legislador ya había denunciado que en 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, el Gobierno nacional decidió priorizar las áreas urbanas en detrimento de las rurales como destino de lo recaudado por el Fondo Hídrico.
No se conoce una declaración del gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, que reclame la finalización de las obras en la cuenca. Salvo que las haya hecho durante un partido de fútbol 5 y nadie las hubiera registrado.
Esta vez la lluvia castigó con más virulencia a una zona que está fuera de la cuenca del Salado, pero también padece los efectos de la desidia y de la falta de una política de desarrollo. En Coronel Pringles llovieron 200 milímetros en una noche. “No se pueden sacar granos, hay muerte de animales. Es imposible entrar a los campos. Se calcula extraoficialmente que medio departamento de Pringles quedó bajo el agua, con más de 100.000 hectáreas afectadas. Hemos perdido pasturas, verdeos de verano y el trigo sembrado”, dice Graciela Martus, presidenta de la filial local de la Federación Agraria Argentina (FAA).
Para peor, se cortó un puente que une Pringles con Coronel Suárez. Los productores piden la urgente reparación de los caminos, la refinanciación de deudas con el Banco Provincia y la firma de un decreto que declare desastre natural a todo el partido. A esos mismos productores que hoy tienen sus campos bajo el agua el Estado nacional les aplica derechos de exportación y les impone un cepo a las exportaciones de trigo. También a esos mismos productores el Banco Nación les restringe el financiamiento. Sólo el Banco Provincia mantiene los créditos abiertos, dice la dirigente federada.
“La mayoría de los pequeños productores de la zona somos arrendatarios, la declaración de emergencia no nos alcanza”, explica Martus. Lo peor, para ella, es el estado de los caminos rurales. “La gente no puede sacar la hacienda ni tampoco puede entrar a sembrar girasol”, dice. “Esto es un mazazo, lo peor se va a ver a partir de enero, cuando en el pueblo se sienta la falta de plata de los productores”, advierte.
El otro problema es la falta de mantenimiento de los arroyos. En el caso de Pringles, cada vez que llueve en exceso sobre Sierra de la Ventana, el agua baja rápidamente a los campos. “Pedimos que, al menos, se limpien los canales”, dice la presidenta de la filial Coronel Pringles de la FAA, con un dejo de desesperanza ante la escasa respuesta que tuvieron sus reclamos.
Estas inundaciones reviven una pregunta: ¿cuál es el efecto final de la falta de previsión y de una política de desarrollo de largo plazo? Un dato de Coronel Pringles da la respuesta: la población total de esa localidad bonaerense se redujo un 3,6% entre 2001 y 2011, según datos de los censos nacionales de 2001 y 2010. A nivel nacional, en cambio, el crecimiento de la población fue de 10,6%.
El mensaje es claro, cuando no hay trabajo ni inversión, la gente migra. En un país que se concentra cada vez más en los grandes centros urbanos, darle la espalda al desarrollo regional tiene un costo negativo que, tarde o temprano, se paga.
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