Del cómodo sanatorio al hospital y de allí al penal

Los motivos por los cuales se trasladó el jueves a Rubén “La Chancha” Ale hacia el penal de Ezeiza, en Buenos Aires, fueron explicados ayer por fuentes de la Justicia Federal.

Lo primero que se desestimó fue que la decisión tomada por el juez Federal, Fernando Poviña, haya estado vinculada con algún problema de seguridad entorno a la detención del imputado que permanecía recluido en el Hospital Avellaneda por una causa en la que se lo investiga por el presunto lavado de activos y por liderar junto con su hermano, Ángel “El Mono” Ale, una organización supuestamente ilícita.

El mes pasado la Justicia había señalado que, de acuerdo con las escuchas telefónicas y los seguimientos que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó en junio pasado, se determinó que el ex presidente del Club San Martín (Rubén Ale) “continuaría manejando sus intereses con total dedicación, ocupándose de los pormenores de la remisería ‘Cinco Estrellas’, instruyendo a sus dependientes y hasta disponiendo libremente de la recaudación obtenida”.

Al parecer, esta supuesta filtración de seguridad ocurría a pesar de los estrictos controles de la guardia de Gendarmería Nacional que tenía a su cargo la custodia de “La Chancha” Ale.

Ante este antecedente, en un primer momento se pensó que el traslado del imputado podría haber estado vinculado con esta presunta irregularidad. Sin embargo, el supuesto fue desestimado por las fuentes consultadas que aclararon que la orden dispuesta por el Juzgado Federal N°2 respondió a una disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que determinó que el imputado (acusado de cometer delitos federales) no podía continuar recluido fuera de una penitenciaria federal.

El precario estado de salud de Rubén Ale que padece problemas cardíacos, obesidad mórbida y mal de Parkinson obligó a la Justicia a autorizar su reclusión en un sanatorio céntrico en el que permanecía vigilado por Gendarmería desde diciembre del año pasado. Pero, hace poco más de un mes, había sido trasladado al hospital. Según trascendió, esta situación se dio porque el imputado no llegó a un acuerdo con el sanatorio privado en el que estaba acerca del monto que debía pagar por la internación y la asistencia médica que recibía.

La orden dispuesta por la CSJN se hizo efectiva el jueves, alrededor de las 18, cuando personal de la PSA se dirigió al Avellaneda para trasladar al acusado. Según versiones extraoficiales, el operativo se habría realizado sin que una junta médica autorice el traslado de Ale. Sin embargo, desde la Justicia se remarcó que el resguardo de la salud de “La Chancha” está garantizado porque el penal de Ezeiza cuenta con instalaciones acondicionadas para recibir a reclusos que padecen con afecciones clínicas.

La intervención de la PSA en todos los operativos que se vienen realizando en esta causa está motivada por las filtraciones que fueron detectadas en la investigación del “Clan Ale”. Incluso en los 44 allanamientos en propiedades vinculadas con esta, según la Justicia, organización delictiva, que se realizaron el pasado 3 de octubre, se detuvo al cabo Hernán Horacio Lazarte, de la Policía de Tucumán, que habría cumplido la función de informar a la organización acerca de los operativos que tenía planeado hacer la fuerza.

El traslado del imputado generó enojo y sorpresa en su entorno debido a que, según dijeron, Rubén Ale no puede estar en un lugar distinto a su casa bajo cuidados médicos estrictos o un sanatorio, clínica u hospital. En este sentido, dijeron que ellos piensan que en Ezeiza estará detenido como un preso común y que no tendrá los cuidados que requiere su precaria condición sanitaria.

Por otra parte, también se analizó la situación procesal de Ángel “El Mono” Ale, a quien se le dictó el miércoles la prisión preventiva junto con el cabo Lazarte, Ernesto Santos Catulo, César Marcelo Manca, Carlos Rolando Ocampos, Enrique Lorenzo Chanampa y José Augusto Lucero.

En la hipótesis judicial se sostiene que “El Mono” y “La Chancha” comandaban ambos la organización en la que los sospechosos que recibieron la preventiva en esta semana cumplían diversas funciones.

Esos “trabajos” iban desde la presunta comercialización de estupefacientes al supuesto “apriete” de aquellas personas a las que los Ale les habrían prestado dinero. Según consta en la investigación, las víctimas habrían sido obligadas -incluso con armas de fuego- a devolver cifras extorsivas o, en su defecto, habrían tenido que entregar sus bienes para cancelar las deudas adquiridas con el clan.

Otra de las actividades en las que, según el juez Poviña, intervenía este clan era la comercialización de vehículos mediante la circulación de cheques de pago diferido librados por terceros y a la apropiación supuestamente extorsiva de vehículos como medio pago de deudas.

Parte del dinero generado por estas actividades habría sido recirculado en el mercado por medio de la empresa “Point Limits SRL” que pertenece al clan y que se dedicaba explotar casinos con máquinas tragamonedas. Esta sería una actividad que, en opinión de la Justicia federal, funcionaría como pantalla para el lavado de activos.

Luego de que Rubén Ale fuera enviado a Ezeiza, surgieron dudas acerca de otros posibles traslados. Sin embargo desde la Justicia se informó que, por el momento, se cumplirá con la disposición del dictamen de la preventiva que establece que “El Mono” y sus presuntos cómplices seguirán detenidos en Villa Urquiza.