Piden la renuncia de dos consejeros titulares

Dos consejeros ad honórem han sido alcanzados por pedidos de renuncia por primera vez en la corta pero fecunda historia del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). Ariel García, legislador y vicepresidente de la Unión Cívica Radical (UCR) exigió ayer a su compañero Federico Romano Norri que dé un paso al costado total del órgano a cargo de preseleccionar jueces (el consejero cuestionado presentó la dimisión sólo respecto del comité académico del CAM). Carlos Felipe Díaz Lannes, letrado y director de la Fundación Centro de Estudios en Democracia, Justicia y Seguridad, hizo lo propio en relación con su colega Antonio Bustamante mediante la nota que dirigió al Colegio de Abogados de la Capital.

Faltas éticas reprochables

“El radicalismo no puede quedar sospechado de ningún pacto de ‘toma y daca’ en el órgano que tiene la noble tarea de seleccionar a los aspirantes a integrar la Justicia”, expresó García en una declaración remitida a este diario. El legislador manifestó que Romano Norri debería renunciar para despejar cualquier tipo de dudas. En particular, García criticó el acuerdo que el correligionario firmó junto a los consejeros Regino Amado (legislador ultraoficialista), Bustamante y Claudia Sbdar, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y presidenta del CAM, para nombrar discrecionalmente a Carlos Antonio Carrillo, colaborador directo de Amado, a Juan Pablo Sánchez, ex asesor de Bustamante, y al abogado Alberto Christian Gómez Antoff, que proviene del entorno de Romano Norri.

Díaz Lannes recordó que en 2013 se opuso públicamente a la re-reelección de Bustamante (está en el CAM desde 2009). “Un año después surgen hechos que confirman la necesidad de reafirmar los valores de la alternancia, de la división de poderes y de la publicidad de los actos de Gobierno”, manifestó. Y explicó que la rotación en las funciones fue pensada, justamente, para evitar la acumulación y conservación del poder porque la perpetuación de funcionarios genera costumbres, y rutinas amañadas o corruptelas: “como concursantes parientes de consejeros o que trabajan a la par de un jurado; demoras injustificadas en la corrección de exámenes; limitación de las posibilidades concretas de impugnar por no autorizar fotocopias; resoluciones arbitrarias e infundadas, etcétera”.

El letrado dijo que Bustamante no observó sus promesas de campaña e incurrió en faltas éticas reprochables. “Basta con mencionar la escandalosa violación del reglamento del CAM mediante la designación de ‘allegados’ en puestos que debían ser cubiertos por concurso y el intento de justificar la discrecionalidad en ‘situaciones de emergencia’ inadmisibles porque los consejeros no deberían alegar su propia torpeza”, expresó Díaz Lannes, que además propuso restringir la reelección de los consejeros hacia el futuro.