08 Noviembre 2014
BUENOS AIRES.- El abogado del Gobierno argentino, Carmine Boccuzzi, confirmó al juez de Nueva York, Thomas Griesa, que las demandas de los holdouts, por títulos de deuda impagos, alcanzan los U$S 4.700 millones. En una carta remitida al magistrado, el asesor letrado explicó que “desde junio, los inversores han presentado 25 demandas y buscan sacar provecho de la orden de bloqueo” emitida por Griesa.
“No puede haber una base equitativa para tratar de obligar a la Argentina -cuyas reservas son de aproximadamente U$S 28.000 millones y deben ser usadas para propósitos macroeconómicos fundamentales -a hacer lo imposible por el pago de la totalidad de su deuda”, argumentó Boccuzzi en la carta que le envió al juez, publicó la agencia de noticias DyN.
Además, el abogado manifestó que el país sólo negociará con los fondos de inversión si no solicitan que se aplique la denominada cláusula “pari passu”, que figura en las emisiones de deuda soberana, y que implica “un trato igualitario para los bonistas de un país que entren, o no, a un canje de deuda pública”. El mensaje del letrado es una de las primeras señales concretas que brinda la Argentina, en relación a sus intenciones de sentarse a negociar con el conjunto de los tenedores de deuda en default, según consignó el diario Cronista.com.
Un nuevo fondo buitre presentó, esta semana, una demanda por US$ 1.100 millones ante Griesa. Es la firma norteamericana Bracebridge Capital que, de este modo, se sumó al fondo de inversión EM Limited, de Kenneth Darth, que había presentado un reclamo por U$S 835 millones. Ambos integran el conjunto de bonistas que no entraron a los canjes de deuda que la Argentina concretó en 2005 y en 2010. Mediante el recurso conocido como “me too”, Bracebridge Capital le solicitó a Griesa el mismo fallo que benefició al resto de los tenedores por un total de U$S 1.300 millones, por sus bonos en cesación de pagos. Para llevar adelante las negociaciones, el magistrado facultó al mediador, Daniel Pollack, quien tiene la misión de interceder en entre los holdouts y la Argentina.
La voz del Gobierno
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, aseguró ayer, en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, que “la posición de la Argentina siempre fue la misma”, en torno al conflicto judicial con los acreedores no reestructurados. “Pretendemos condiciones de negociación justas, equitativas, legales y sustentables para el 100% de los bonistas”, subrayó.
Por otro lado, insistió con el Gobierno nacional cuenta con el acuerdo del 92,4% de los acreedores. “Deben darse las condiciones de negociación para el universo de aquellos que no han adherido a los canjes de deuda”, remarcó.
Otra de las voces oficiales que se pronunciaron esta semana sobre el conflicto con los holdouts fue la del ministro de Economía, Axel Kicillof. El funcionario criticó a quienes propician el pago pleno de lo adeudado a los fondos buitre, y afirmó que esa política sería caer en la trampa de “tomar deuda para pagar deuda”.
“Algunos dicen ‘¿por qué el Gobierno no arregla y paga U$S 10.000 ó U$S 15.000 millones y se saca el problema de encima?’ Es que esa es la trampa: tomar deuda para pagar deuda”, enfatizó.
Durante una disertación en una universidad bonaerense, el titular del Palacio de Hacienda rechazó esta posibilidad, y advirtió que sectores financieros impulsan estas políticas porque “están ansiosos por prestarle a la Argentina” con la finalidad de seguir generando más deuda”.
Kicillof reiteró que “es posible” acordar con los holdouts a partir de enero de 2015, cuando el 31 de diciembre de este año venza la cláusula RUFO (que significa el derecho a una oferta mejor para quienes entraron a los canjes, si el Gobierno mejora las condiciones de pago de alguno de los bonistas que no accedieron a las reestructuraciones). No obstante, el funcionario reiteró la postura del Gobierno: “Si acordar con los buitres se llama pagar la sentencia a través de extorsiones mediáticas, que hoy están intentando de imponer esos fondos, entonces no”.
“No puede haber una base equitativa para tratar de obligar a la Argentina -cuyas reservas son de aproximadamente U$S 28.000 millones y deben ser usadas para propósitos macroeconómicos fundamentales -a hacer lo imposible por el pago de la totalidad de su deuda”, argumentó Boccuzzi en la carta que le envió al juez, publicó la agencia de noticias DyN.
Además, el abogado manifestó que el país sólo negociará con los fondos de inversión si no solicitan que se aplique la denominada cláusula “pari passu”, que figura en las emisiones de deuda soberana, y que implica “un trato igualitario para los bonistas de un país que entren, o no, a un canje de deuda pública”. El mensaje del letrado es una de las primeras señales concretas que brinda la Argentina, en relación a sus intenciones de sentarse a negociar con el conjunto de los tenedores de deuda en default, según consignó el diario Cronista.com.
Un nuevo fondo buitre presentó, esta semana, una demanda por US$ 1.100 millones ante Griesa. Es la firma norteamericana Bracebridge Capital que, de este modo, se sumó al fondo de inversión EM Limited, de Kenneth Darth, que había presentado un reclamo por U$S 835 millones. Ambos integran el conjunto de bonistas que no entraron a los canjes de deuda que la Argentina concretó en 2005 y en 2010. Mediante el recurso conocido como “me too”, Bracebridge Capital le solicitó a Griesa el mismo fallo que benefició al resto de los tenedores por un total de U$S 1.300 millones, por sus bonos en cesación de pagos. Para llevar adelante las negociaciones, el magistrado facultó al mediador, Daniel Pollack, quien tiene la misión de interceder en entre los holdouts y la Argentina.
La voz del Gobierno
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, aseguró ayer, en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, que “la posición de la Argentina siempre fue la misma”, en torno al conflicto judicial con los acreedores no reestructurados. “Pretendemos condiciones de negociación justas, equitativas, legales y sustentables para el 100% de los bonistas”, subrayó.
Por otro lado, insistió con el Gobierno nacional cuenta con el acuerdo del 92,4% de los acreedores. “Deben darse las condiciones de negociación para el universo de aquellos que no han adherido a los canjes de deuda”, remarcó.
Otra de las voces oficiales que se pronunciaron esta semana sobre el conflicto con los holdouts fue la del ministro de Economía, Axel Kicillof. El funcionario criticó a quienes propician el pago pleno de lo adeudado a los fondos buitre, y afirmó que esa política sería caer en la trampa de “tomar deuda para pagar deuda”.
“Algunos dicen ‘¿por qué el Gobierno no arregla y paga U$S 10.000 ó U$S 15.000 millones y se saca el problema de encima?’ Es que esa es la trampa: tomar deuda para pagar deuda”, enfatizó.
Durante una disertación en una universidad bonaerense, el titular del Palacio de Hacienda rechazó esta posibilidad, y advirtió que sectores financieros impulsan estas políticas porque “están ansiosos por prestarle a la Argentina” con la finalidad de seguir generando más deuda”.
Kicillof reiteró que “es posible” acordar con los holdouts a partir de enero de 2015, cuando el 31 de diciembre de este año venza la cláusula RUFO (que significa el derecho a una oferta mejor para quienes entraron a los canjes, si el Gobierno mejora las condiciones de pago de alguno de los bonistas que no accedieron a las reestructuraciones). No obstante, el funcionario reiteró la postura del Gobierno: “Si acordar con los buitres se llama pagar la sentencia a través de extorsiones mediáticas, que hoy están intentando de imponer esos fondos, entonces no”.
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