Por Álvaro José Aurane
08 Noviembre 2014
El último de los 12 años de la gobernación de José Alperovich ha comenzado complicado. Como si un secreto reloj de arena hubiese girado para emprender su última cuenta, y con cada segundo desgranara poder, noviembre ha llegado cargado de sombras, de internas y fantasmas. De intrigas y de alguna maldición.
La maldición
La literal prueba de fuego que debe atravesar José Alperovich a fin de año es el reclamo salarial de la Policía. En la Casa de Gobierno, durante el calcinante octubre, trataban de infundirse ánimos con el argumento (más bien, esperanza) de que los uniformados tucumanos serán moderados en sus reclamos. ¿La razón? El descrédito social luego de las sangrientas jornadas de diciembre pasado (decenas de comprovincianos muertos en las calles, bandas organizadas saqueando comercios, vecinos armados en piquetes barriales, agentes sediciosos acuartelados y la Presidenta bailando en Plaza de Mayo) no les deja margen para convertir otra vez a la Provincia en un Estado Fracasado.
Por eso el gobernador, que tras el horror policial de hace 11 meses ascendió al ministro de Seguridad y le confió las carteras de Gobierno y de Justicia (en el alperovichismo, cuanto peor, mejor: el ministro que autorizó pagos por $ 800.000 a una fundación fantasma ahora es candidato a intendente de la capital), dijo que no habrá un peso adicional como bono de fin de año para los estatales, armados o no. Pese a que Salta ofreció un extra $ 1.700 (los uniformados rechazaron), con la expectativa de alcanzar un acuerdo en torno de los $ 2.000 o $ 2.100. Y pese a que San Luis se cortó solo y, sin importarle el efecto cascada, arregló por $ 2.000 con los agentes.
Pero Alperovich dijo “no”, además, porque el Poder Ejecutivo Nacional prácticamente había prohibido cualquier “bonus”. La Jefatura de Gabinete sostuvo que mientras la inflación oficial fue del 24%, los aumentos salariales llegaron al 35%, de modo que el salario estaba “fortalecido”. Fue en ese mismo instante cuando Santiago del Estero acordó un adicional de $ 3.000, en tres cuotas, para la Policía. O sea, la provincia gobernada por la esposa del presidente provisional del Senado (segundo en la línea de sucesión presidencial), dio un extra inalcanzable para el resto de la región.
No podemos ni siquiera pensar en la primera suma ofrecida por Salta. Y si vienen a exigir lo de Santiago, va a ser más factible entregar las llaves de Casa de Gobierno, exagera un influyente alperovichista. Están indignados. Es que para algunos hombres del gabinete local, el asunto no es financiero sino político. La Casa Rosada, que en 2015 debe enviar el 70% de los recursos del Presupuesto General de la Provincia, decidió fulminar, a través del santiagueño Gerardo Zamora, al resto de los gobernadores (por lo menos) del NOA. Es eso o pensar que su esposa, Claudia Ledesma Abdala, dispuso semejante medida sin consultarla con él, tercera autoridad nacional.
El vuelto por coquetear con presidenciables sin permiso de la Presidenta es desmesurado, pero así adoctrina el kirchnerismo a quienes intentan ponerse de pie después de una Década Arrodillada.
El fantasma
La desconfianza con el kirchnerismo es no sólo por las puñaladas externas sino también por las arremetidas internas. El fantasma recorre los pasillos de la Casa de Gobierno esta semana (como reveló el columnista Marcelo Aguaysol) es que la Casa Rosada bendiga un binomio conformado por el intendente Domingo Amaya y el secretario de Obras Públicas nacional, José López (o vicecersa). No tanto porque al “Colorado” lo recibieron muy bien en la Casa Rosada durante la semana pasada (luego del acto alperovichista para Scioli, Florencio Randazzo ofreció visitar Tucumán cuando Amaya lo pida), sino por el dineral público que López (pide ser llamado “Paco”) trae en obras.
En otras palabras, ya nadie le cree a “Paco” cuando declara que no aspira más que a un cargo parlamentario. Lo de la diputación ya no se discute. Con los millones que trajo, podría insultar a Alperovich y le seguiría correspondiendo el primer término, bromea un “reidor” del Gobierno. Justamente porque el puesto ya está asegurado, se alarman con que López siga “consiguiendo” financiamiento para trabajos públicos: esos recursos no se logran sin que la Presidenta lo sepa. Y Cristina consigue cargos de diputados con sólo levantar el teléfono. De allí que, en la generosidad nacional para Tucumán monopolizada por “Paco”, el Gobierno vea gestándose una fórmula “K”.
El espectro se completa con la noción de que la Casa Rosada, eventualmente, no pedirá imponer una fórmula en desmedro de otro: alentará que Alperovich anime la dupla Juan Manzur-Osvaldo Jaldo y auspiciará, en paralelo, la del intendente y el secretario. En definitiva, al kirchnerismo sólo le importa conseguir votos: hace 11 años que asume que la Casa de Gobierno tucumana hará lo que a la Casa Rosada se le antoje, sin importar el nombre del mandatario.
Pese al fantasma, los problemas políticos del alperovichismo están gestándose por peleas internas que no necesitan acicates exógenos. Los desgarros parlamentarios evidencian el agotamiento del sistema de reparto de miserias. Los legisladores y funcionarios del “Grupo Terraza” son por estas horas el blanco de los cuestionamientos de los legisladores y los ediles del “Grupo Frontón”; a la vez que son ninguneados por los “históricos” del peronismo que, desde los principales espacios de poder de la Legislatura, organizan un gran acto de apoyo de la fórmula Manzur-Jaldo.
Pero el “Grupo Terraza” recibe los golpes en calidad de sustituto. Ocupó espacios del Ejecutivo y actúa como voceros del gobernador porque él así lo quiere. Sin embargo, todavía hoy, los “compañeros” despreciados por el mandatario no se animan a pasarle factura. El problema será si el año que viene se las cobran todas juntas, y en las urnas, cuando el jefe de Estado se postule a senador. Hay muchos “compañeros” macerando rencores para hacer la miel de los amores de 2015.
Con los intendentes, la crisis viene siendo sujetada por Jaldo. Hasta aquí, no ha pasado de una minoría que recibe sin permiso las obras de “Paco” y después pasa por Casa de Gobierno a darse azotes y pedir perdón. Pero, otra vez, el problema no es ese, sino que ya pasó un jefe municipal del Gran San Miguel a manifestar que quiere ser candidato a diputado, mientras postula a su esposa como intendenta y a su hija como concejala. El desubicado no pidió una senaduría porque no tiene familia numerosa, se farsó un funcionario. Más allá de las ínfulas, lo cierto es que el Ejecutivo va a tener que comenzar a dar respuestas políticas. Hasta acá sólo ha sabido repartir dineros públicos.
Las causas judiciales son la continuidad de la política por otras vías. En ese ámbito, el secretario de Gobierno municipal, Germán Alfaro, dijo públicamente que el alperovichismo es corrupto; y, privadamente, que provee de denuncias contra la intendencia. En la Casa de Gobierno contestan que primero deben esclarecer el caso de los inspectores coimeros de la Dipsa antes que hablar de la Provincia. Entonces, desde la Municipalidad formulan preguntas incomodísimas para la Justicia. Si lo de los inspectores es un escándalo que amerita que un fiscal actúe de oficio y cite a funcionarios que sancionaron a los sospechosos, ¿por qué no pasó lo mismo cuando el ex contratista de la DAU, Julio César Villafañe, aseguró haber sido convocado para realizar refacciones en la casa de una hija del gobernador, y pidió que se lo citara porque iba a “aportar a la Justicia todo lo que haga falta”?
Pero no fueron estas chicanas y excusas las que inquietaron a la Casa de Gobierno esta semana, sino la denuncia penal del legislador Ariel García contra la diputada María del Carmen Carrillo y su esposo, el intendente de Monteros, Luis Alberto Olea, por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública, asociación ilícita, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, mediante el uso de una empresa de fletes que pertenece al núcleo familiar y que sería -siempre según el parlamentario- proveedora de la Municipalidad. Según el radical, la firma era originalmente de Carrillo y de un tercero que luego vendió sus acciones a un hijo de la parlamentaria y el jefe municipal. Por fuera del expediente, abundó en que el monterizo habría convocado a una extraordinaria reunión con los concejales, en la cual, no en el mejor de los términos, les habría pedido (por así decir) apoyo, bajo una curiosa convocatoria: “en esta estamos todos juntos”.
A Alperovich, sostienen, no le inquietó la suerte de Olea (según fuentes oficiales, mucho más le preocupa la mala racha de Atlético Tucumán) sino dos cuestiones. La primera es que la denuncia recayó en manos del fiscal federal general, Gustavo Gómez, uno de los pocos hombres por los que el alperovichismo profesa legítimo temor. La segunda es la profusa documentación del planteo del opositor. Léase, si en Monteros están acopiando documentación sobre el proceder del intendente, ¿cuánta más están juntando en los poderes centralizados? ¿Cuánta aparecerá durante la campaña electoral? ¿Cuánta más surgirá cuando ya no sea gobernador?
Las sombras
A comienzos de año, y para sostener la desvergonzada mentira kirchnerista referida a que la inflación es insignificante, el alperovichismo logró que EDET suscribiera el Programa de Convergencia Tarifaria y resignara todo aumento. A cambio, la Nación enviaría $ 200 millones para compensar el congelamiento y financiar inversiones en el sistema. Llegó el penúltimo mes del año y la Casa Rosada sólo remitió $ 88 millones. El resultado: durante los días de 40 grados de octubre no hubo energía eléctrica y, como consecuencia, tampoco agua. En el verano ocurrirá lo mismo.
Como si no bastara, además, el Ersept ya reconoció que 2015 llegará con aumento tarifario en el primer trimestre. O sea, el esfuerzo alperovichista no sirvió de nada. Y el gobernador, de pronto, apagó el discurso de que hay apoyar al Gobierno para que Cristina siga ayudando a Tucumán.
La maldición
La literal prueba de fuego que debe atravesar José Alperovich a fin de año es el reclamo salarial de la Policía. En la Casa de Gobierno, durante el calcinante octubre, trataban de infundirse ánimos con el argumento (más bien, esperanza) de que los uniformados tucumanos serán moderados en sus reclamos. ¿La razón? El descrédito social luego de las sangrientas jornadas de diciembre pasado (decenas de comprovincianos muertos en las calles, bandas organizadas saqueando comercios, vecinos armados en piquetes barriales, agentes sediciosos acuartelados y la Presidenta bailando en Plaza de Mayo) no les deja margen para convertir otra vez a la Provincia en un Estado Fracasado.
Por eso el gobernador, que tras el horror policial de hace 11 meses ascendió al ministro de Seguridad y le confió las carteras de Gobierno y de Justicia (en el alperovichismo, cuanto peor, mejor: el ministro que autorizó pagos por $ 800.000 a una fundación fantasma ahora es candidato a intendente de la capital), dijo que no habrá un peso adicional como bono de fin de año para los estatales, armados o no. Pese a que Salta ofreció un extra $ 1.700 (los uniformados rechazaron), con la expectativa de alcanzar un acuerdo en torno de los $ 2.000 o $ 2.100. Y pese a que San Luis se cortó solo y, sin importarle el efecto cascada, arregló por $ 2.000 con los agentes.
Pero Alperovich dijo “no”, además, porque el Poder Ejecutivo Nacional prácticamente había prohibido cualquier “bonus”. La Jefatura de Gabinete sostuvo que mientras la inflación oficial fue del 24%, los aumentos salariales llegaron al 35%, de modo que el salario estaba “fortalecido”. Fue en ese mismo instante cuando Santiago del Estero acordó un adicional de $ 3.000, en tres cuotas, para la Policía. O sea, la provincia gobernada por la esposa del presidente provisional del Senado (segundo en la línea de sucesión presidencial), dio un extra inalcanzable para el resto de la región.
No podemos ni siquiera pensar en la primera suma ofrecida por Salta. Y si vienen a exigir lo de Santiago, va a ser más factible entregar las llaves de Casa de Gobierno, exagera un influyente alperovichista. Están indignados. Es que para algunos hombres del gabinete local, el asunto no es financiero sino político. La Casa Rosada, que en 2015 debe enviar el 70% de los recursos del Presupuesto General de la Provincia, decidió fulminar, a través del santiagueño Gerardo Zamora, al resto de los gobernadores (por lo menos) del NOA. Es eso o pensar que su esposa, Claudia Ledesma Abdala, dispuso semejante medida sin consultarla con él, tercera autoridad nacional.
El vuelto por coquetear con presidenciables sin permiso de la Presidenta es desmesurado, pero así adoctrina el kirchnerismo a quienes intentan ponerse de pie después de una Década Arrodillada.
El fantasma
La desconfianza con el kirchnerismo es no sólo por las puñaladas externas sino también por las arremetidas internas. El fantasma recorre los pasillos de la Casa de Gobierno esta semana (como reveló el columnista Marcelo Aguaysol) es que la Casa Rosada bendiga un binomio conformado por el intendente Domingo Amaya y el secretario de Obras Públicas nacional, José López (o vicecersa). No tanto porque al “Colorado” lo recibieron muy bien en la Casa Rosada durante la semana pasada (luego del acto alperovichista para Scioli, Florencio Randazzo ofreció visitar Tucumán cuando Amaya lo pida), sino por el dineral público que López (pide ser llamado “Paco”) trae en obras.
En otras palabras, ya nadie le cree a “Paco” cuando declara que no aspira más que a un cargo parlamentario. Lo de la diputación ya no se discute. Con los millones que trajo, podría insultar a Alperovich y le seguiría correspondiendo el primer término, bromea un “reidor” del Gobierno. Justamente porque el puesto ya está asegurado, se alarman con que López siga “consiguiendo” financiamiento para trabajos públicos: esos recursos no se logran sin que la Presidenta lo sepa. Y Cristina consigue cargos de diputados con sólo levantar el teléfono. De allí que, en la generosidad nacional para Tucumán monopolizada por “Paco”, el Gobierno vea gestándose una fórmula “K”.
El espectro se completa con la noción de que la Casa Rosada, eventualmente, no pedirá imponer una fórmula en desmedro de otro: alentará que Alperovich anime la dupla Juan Manzur-Osvaldo Jaldo y auspiciará, en paralelo, la del intendente y el secretario. En definitiva, al kirchnerismo sólo le importa conseguir votos: hace 11 años que asume que la Casa de Gobierno tucumana hará lo que a la Casa Rosada se le antoje, sin importar el nombre del mandatario.
Pese al fantasma, los problemas políticos del alperovichismo están gestándose por peleas internas que no necesitan acicates exógenos. Los desgarros parlamentarios evidencian el agotamiento del sistema de reparto de miserias. Los legisladores y funcionarios del “Grupo Terraza” son por estas horas el blanco de los cuestionamientos de los legisladores y los ediles del “Grupo Frontón”; a la vez que son ninguneados por los “históricos” del peronismo que, desde los principales espacios de poder de la Legislatura, organizan un gran acto de apoyo de la fórmula Manzur-Jaldo.
Pero el “Grupo Terraza” recibe los golpes en calidad de sustituto. Ocupó espacios del Ejecutivo y actúa como voceros del gobernador porque él así lo quiere. Sin embargo, todavía hoy, los “compañeros” despreciados por el mandatario no se animan a pasarle factura. El problema será si el año que viene se las cobran todas juntas, y en las urnas, cuando el jefe de Estado se postule a senador. Hay muchos “compañeros” macerando rencores para hacer la miel de los amores de 2015.
Con los intendentes, la crisis viene siendo sujetada por Jaldo. Hasta aquí, no ha pasado de una minoría que recibe sin permiso las obras de “Paco” y después pasa por Casa de Gobierno a darse azotes y pedir perdón. Pero, otra vez, el problema no es ese, sino que ya pasó un jefe municipal del Gran San Miguel a manifestar que quiere ser candidato a diputado, mientras postula a su esposa como intendenta y a su hija como concejala. El desubicado no pidió una senaduría porque no tiene familia numerosa, se farsó un funcionario. Más allá de las ínfulas, lo cierto es que el Ejecutivo va a tener que comenzar a dar respuestas políticas. Hasta acá sólo ha sabido repartir dineros públicos.
Las causas judiciales son la continuidad de la política por otras vías. En ese ámbito, el secretario de Gobierno municipal, Germán Alfaro, dijo públicamente que el alperovichismo es corrupto; y, privadamente, que provee de denuncias contra la intendencia. En la Casa de Gobierno contestan que primero deben esclarecer el caso de los inspectores coimeros de la Dipsa antes que hablar de la Provincia. Entonces, desde la Municipalidad formulan preguntas incomodísimas para la Justicia. Si lo de los inspectores es un escándalo que amerita que un fiscal actúe de oficio y cite a funcionarios que sancionaron a los sospechosos, ¿por qué no pasó lo mismo cuando el ex contratista de la DAU, Julio César Villafañe, aseguró haber sido convocado para realizar refacciones en la casa de una hija del gobernador, y pidió que se lo citara porque iba a “aportar a la Justicia todo lo que haga falta”?
Pero no fueron estas chicanas y excusas las que inquietaron a la Casa de Gobierno esta semana, sino la denuncia penal del legislador Ariel García contra la diputada María del Carmen Carrillo y su esposo, el intendente de Monteros, Luis Alberto Olea, por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública, asociación ilícita, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, mediante el uso de una empresa de fletes que pertenece al núcleo familiar y que sería -siempre según el parlamentario- proveedora de la Municipalidad. Según el radical, la firma era originalmente de Carrillo y de un tercero que luego vendió sus acciones a un hijo de la parlamentaria y el jefe municipal. Por fuera del expediente, abundó en que el monterizo habría convocado a una extraordinaria reunión con los concejales, en la cual, no en el mejor de los términos, les habría pedido (por así decir) apoyo, bajo una curiosa convocatoria: “en esta estamos todos juntos”.
A Alperovich, sostienen, no le inquietó la suerte de Olea (según fuentes oficiales, mucho más le preocupa la mala racha de Atlético Tucumán) sino dos cuestiones. La primera es que la denuncia recayó en manos del fiscal federal general, Gustavo Gómez, uno de los pocos hombres por los que el alperovichismo profesa legítimo temor. La segunda es la profusa documentación del planteo del opositor. Léase, si en Monteros están acopiando documentación sobre el proceder del intendente, ¿cuánta más están juntando en los poderes centralizados? ¿Cuánta aparecerá durante la campaña electoral? ¿Cuánta más surgirá cuando ya no sea gobernador?
Las sombras
A comienzos de año, y para sostener la desvergonzada mentira kirchnerista referida a que la inflación es insignificante, el alperovichismo logró que EDET suscribiera el Programa de Convergencia Tarifaria y resignara todo aumento. A cambio, la Nación enviaría $ 200 millones para compensar el congelamiento y financiar inversiones en el sistema. Llegó el penúltimo mes del año y la Casa Rosada sólo remitió $ 88 millones. El resultado: durante los días de 40 grados de octubre no hubo energía eléctrica y, como consecuencia, tampoco agua. En el verano ocurrirá lo mismo.
Como si no bastara, además, el Ersept ya reconoció que 2015 llegará con aumento tarifario en el primer trimestre. O sea, el esfuerzo alperovichista no sirvió de nada. Y el gobernador, de pronto, apagó el discurso de que hay apoyar al Gobierno para que Cristina siga ayudando a Tucumán.
Lo más popular
