Cartas de lectores

Me sorprende que no hayan presentado películas de cine independiente de Tucumán en el festival Gerardo Valllejo. Sin ánimo de polemizar ni confrontar, en nuestra provincia se trabaja a pulmón, sin un peso, para lograr concretar hechos que comprometen, de bajos costos y calidad, con otro formato, pero de meses de elaboración. Es por eso que se siente la discriminación, en tiempos en que la inclusión y la diversidad se potencian en el arte y la cultura. Merece ser tratado este tema desde otras esferas del gobierno.

No se trata el aborto sobre política de estado sino de moral. Es amoral intentar una ley de aborto. Y es asombroso que el proyecto abominable de ley sea gratuito y seguro, porque seguro es que es amoral sentenciar la muerte del ser más inocente e indefenso e intentar que sea gratuito con el pago de nuestro esfuerzo, de nuestro patrimonio; ello es una burla insultante e inadmisible. Los que proponen la ley de aborto legal gratuito y seguro son agresores que derramarán sangre inocente, por lo que va mi público repudio.

Trabaja el hombre honesto sin parar. Paga los impuestos y servicios viendo que cada vez cuestan más. Descarta vacaciones, porque el bolsillo ya no da. Lee en noticias que roban sin cesar. Piensa que por el momento, a su casa no entrarán. Pero el aciago día llega y con dolor comprobará que todo lo que le ha costado, en minutos se le va. ¿Marchará por la impunidad? ¿Un arma comprará? Como un comisario dijo, al robo no resistirá. Esta vez la sacó barata. Boleta no lo hicieron. Sólo le queda volver a empezar. Eso lo dice su lado bueno, pero el malo lo impulsa a atacar. ¡Líbrame de las aguas mansas!, dice un conocido refrán. ¿Será que cuando reaccione, los malos temblarán? El diario LA GACETA una encuesta debe hacer. Preguntar al ciudadano, si tiene un arsenal. Hay cosas que no se dicen, pero en el aire están.

Molestamos su atención para quejarnos y advertir que en el Barrio Parque Centenario, pegado al Barrio Obispo Piedrabuena, avenida Coronel Suárez 1.000 en adelante, la ola de asaltos y arrebatos, en especial a la siesta, lindando la plaza del barrio, son incesantes. Muy de vez en cuando hay una consigna policial. Tiene que estar permanente el policía. Es una vergüenza. Todos los días unos adolescentes arrebatan carteras y celulares con armas de fuego.

Upton Sinclair (1878-1968), escritor noreamericano, escribió en su libro “La Jungla” (1906), que: “es muy difícil hacer que un hombre reconozca la verdad cuando su salario depende de que no la reconozca”. Para actualizar esta frase sapiencial, y adecuarla a nuestro medio, podemos agragar, que más que difícil, es imposible si también lo privamos del morral y de la pertenencia al sistema.

En 1834 Juan B.  Alberdi obtiene el título de “bachiller en leyes” en Córdoba, pero éste no lo habilitaba para ejercer la profesión, pues le faltaba cursar dos años en la Academia de Prácticas forenses. Al llegar a Tucumán, el entonces Gobernador, Alejandro Heredia, le ofrece por decreto habilitarlo para el ejercicio profesional e incorporarlo a la Legislatura, pero Alberdi se negó aduciendo que aún no era abogado y quería doctorarse en Buenos Aires. Hace unos días se encendió nuevamente la polémica acerca de la graduación o no de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, quien se autodefinió como una “abogada exitosa” en la Universidad de Harvard.  Por una parte, es cierto que la Constitución Nacional no exige un título universitario como requisito para acceder a dicho cargo, pues de ese modo se garantiza el derecho elemental de un Estado Democrático: la posibilidad de elegir y ser elegido, es decir, el derecho al sufragio activo y pasivo. No obstante, la verdadera discusión subyacente e invisibilizada es la falta de acceso a la información pública por parte de la ciudadanía, lo cual impide la divulgación y publicidad de ciertos hechos y actos que deberían ser de amplio y extensivo conocimiento. En este sentido, la sociedad en su conjunto tiene derecho a saber las capacidades, habilidades y formación de sus representantes, independientemente del grado educativo sea primario, secundario, terciario o universitario. Precisamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido reiteradamente que los funcionarios públicos, por la naturaleza de sus funciones, están sometidos a un escrutinio permanente, ya que de ese modo se pueden prevenir arbitrariedades y abusos en el ejercicio del poder. En este marco, la información pública no sólo es un derecho humano fundamental, sino también constituye un pre-requisito para la existencia de una democracia participativa, ya que alienta el debate plural, el intercambio de ideas y la toma de decisiones colectivas. Sin embargo, parecería que los 30 años de la recuperación democrática todavía no sirvieron para superar los vicios de las etapas autoritarias, donde reinaba el secreto, la oscuridad y la duda eterna.

A diario veo que se inauguran impotantes obras por todos lados y el gobernador dice que queda mucho por hacer. Por eso le pido por la pavimentación de la ruta 326, que va de la ruta nacional a Simoca. Esta ruta sí existe en el mapa de Tucumán: pertenece al pueblo de Amberes, donde hay muchos votantes. Le ruego que tenga en cuenta el pedido porque en estos días de lluvia, y sobre todo cuando hay tormentas, es difícil transitar porque es muy barrosa.

Hablemos de la mafia reinante, porque no sólo se encuentra muy difundida sino que también impera en amplios sectores de la sociedad, en alarmantes niveles y conalto grado de resignación, de tolerancia y hasta de paciente aceptación. Tenemos la obligación de pedir que el Estado, la Justicia y la Legislatura procuren los medios adecuados para que las mafias, el crimen ejecutado por organizaciones tenebrosas que apelan a la corrupción como uno de sus implementos más eficaces, sean combatidas de la mejor forma posible, por una sociedad que no se resigne a la impunidad como si se tratase de una fuerza de la naturaleza. La mafia ya ha llegado hasta el fútbol. Los mismos mafiosos gerenciadores de un club, al cual respeto y considero que pertenece al patrimonio de todos los tucumanos, siguen con sus artimañas, amenazando a través de terceros a jugadores de su propio club y a periodistas, y con hechos ilícitos que les valieron el procesamiento en la justicia federal y la elevación a juicio oral  en delitos de competencia provincial. Los Ale  se han organizado para realizar cosas al margen de la ley. Durante mi actuación en la justicia tuve oportunidad de juzgarlos. En aquella oportunidad recibí terribles amenazas, que no me amedrentaron. Pero aquella instancia pasó; ya no soy un funcionario de la justicia ni mi función es la de juzgar a nadie.  Creo que la población de Tucumán tiene una idea, quizás algo vaga, sobre lo que son y lo que representan. Al no tener ya funciones judiciales, carezco de especiales elementos de juicio, por lo que mi impresión se limita a adherir a la impresión general. Opino más o menos lo mismo que usted. Me pregunto ¿por qué estos sujetos salen a decir que la policía y el periodismo los persiguen? Obviamente alguien podría opinar que mi lucha en contra de las mafias y mi proyecto de creación de una Comisión Antimafia en la Legislatura tuvo únicamente un trasfondo político. A esos comentarios les contestaría que el único objeto de ese proyecto y de mi lucha es eminentemente político, en cuanto lo político es lo relacionado con el bien de la sociedad y político es lo que procura  su mejoramiento. La obligación de los legisladores, del Estado y de toda la sociedad es la de luchar contra la mafia para procurar una sociedad en donde impere la tranquilidad y no la impunidad. Si la opinión pública no reacciona en contra de ellas sería muy difícil que se pudiera hacer algo por eliminarlas. Y si efectivamente reacciona tendrá por delante una larga lucha, ya que las mafias no renuncian fácilmente a sus conquistas.

Mi empleada fue a atenderse con un dentista en la prepaga que atiende al personal doméstico, de Monteagudo y San Juan. No pudo, porque para las empleadas domésticas no dan turnos programados. A los hombres de la construcción sí se los dan. ¿No es esto una forma de discriminación? ¿El trabajo de empleada doméstica no es digno como cualquier otro, como para merecer un turno programado? Esto es un caso de discriminación grave y es indignante.

Comparto los términos de la carta del lector Julio Díaz Lozano, referida a la industria azucarera (4/11). Efectivamente, se trata de la industria madre de  nuestra región  por ser la primera industria pesada del país. Desde comienzos del siglo pasado, cuando la revolución industrial que trajo el ferrocarril provocó importantes aumentos en la producción, se produjeron las primeras crisis de sobreproducción que se intentó morigerar mediante la llamada Ley del Machete, que obligaba a los productores a derribar importantes cantidades de caña en pie pensando que al disminuir la oferta de materia prima disminuiría la del producto terminado. Por supuesto el costo de todo ello lo soportaron  principalmente  los agricultores cañeros. A través de los años, el “Señor Estado” tuvo que intervenir reiteradamente con el propósito  de “cuidarR 21; la fuente de trabajo de los miles de obreros que dependían de ello, produciéndose el efecto del elefante en un bazar, no comprendiendo que el azúcar, como pr oducto alimenticio depende de la capacidad de absorción del mercado, en relación directa con la cantidad de habitantes, estimándose actualmente en el orden del 1.2 millones de toneladas anuales. Todo excedente debe tratar de colocarse en el exterior para que la actividad sea rentable. El ingeniero Díaz Lozano, como ex director de un ingenio, debe saber que el principal problema de la industria está en la producción en negro que muchas veces supera ampliamente el resultado final dado a conocer al fin de la zafra. Esto no es nuevo, a comienzos de la década de los 90 del siglo pasado, en oportunidad de la reunión de técnicos de caña de azúcar realizada en Jujuy, bajo la promesa de extrema confidencialidad, dieron a conocer la producción en negro de cada ingenio. Al conocerse la cifra, el estupor los tapó como un alud de azúcar, literalmente. O sea la crisis está siempre presente des de hace más de cien años. Los cañeros que reciben azúcar en pago de la materia prima entregada, se ven obl igados a venderla a precio vil para recuperar algo de lo invertido, muchas veces en el portón del ingenio. En la misma tónica están los ingenios que habilitan fraccionadoras que venden paquetes que dicen un kilo pero tienen a lo sumo 900 gramos, totalmente anónimos, sin ninguna inscripción de procedencia (los ingenios del norte fraccionan con todos los datos de marca, procedencia, kilo justo, etc, por eso venden en mercados de Buenos Aires, cosa que los ingenios locales jamás podrán hacerlo). Por todo lo expuesto se dá la paradoja que asombra al ingeniero Díaz Lozano de que el azúcar no acompaña la inflación, siendo el único producto alimenticio que mantiene el precio de hace tres años. A mi modesto entender ello es así porque no se toman las medidas que deben tomarse: Lo funcionarios gubernamentales, además de idoneidad, deben conocer en su totalidad todo el proceso, agr& amp; amp; amp; iacute;cola, industrial y comercial enfocando sus acciones en toda la ctividad, nó en parte como evidentemente lo hacen, mientras que los industriales deben sincerarse, ajustándose a los términos de la ley y  entendiendo que  el mercado sólo puede consumir lo que sus necesidades lo permiten. Todo exceso será un problema para sus números, y es sabido que todo exceso, a la larga termina siendo una carga que soportamos todos.

Por algún motivo que no alcanzo a comprender, cuando se cuestiona la inocuidad de los organismos genéticamente modificados (OGM) como alimento humano, en general se hace hincapié en la soja. Existen alimentos transgénicos masivamente consumidos por la población, como es el caso del arroz dorado (que sintetiza los precursores del beta-caroteno o pro-vitamina A) utilizado como comida fortificada en áreas donde existen dietas pobres en esa vitamina, indispensable durante el embarazo para prevenir la morbilidad, la mortalidad y la ceguera nocturna. En la mesa de los tucumanos, por otra parte, no falta el tomate transgénico. La Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), trabaja en la tarea de otorgar al tomate un mejor aspecto y homogeneidad mediante la introducción del gen responsable de la tela de las arañas para lograr una piel con mayor tersura. Pero además, esta centenaria institución autárquica de indubitable prestigio y trayectoria en nuestra provincia, produce semillas de soja transgénica. Según lo informado a LA GACETA Rural el 2/7/2010 por su director técnico, ingeniero y doctor Daniel Ploper, “en 2009, 14 millones de agricultores cultivaron 134 millones de hectáreas de transgénicos en 25 países. Cada año se incorporan nuevas naciones al uso de estos materiales. Argentina fue un país de avanzada respecto de la regulación y adopción de estas tecnologías. En 2009 se registraron más de 21 millones de hectáreas con cultivos genéticamente modificados”. La Eeaoc lleva también investigaciones para lograr variedades de soja tolerantes a sequía y caña de azúcar resistentes a glifosato. La agroindustria de la caña de azúcar es el principal sostén de la economía tucumana. Nuestro país, e n tanto, es el principal exportador mundial de subproductos de soja, tales como harina, aceite y biodiésel. Al darle mayor valor agregado y más eficiencia a la cadena de producción, este complejo agroindustrial es uno de los más eficientes del mundo. Prueba de ello es que la producción actual de la harina proteica de soja alcanzaría para cubrir las necesidades anuales de proteínas de 172 millones de familias tipo, lo que equivaldría a 13,5 veces la población argentina. La cadena agroindustrial argentina de la soja provee –sólo en retenciones a la exportación- más de 6.000 millones de dólares al Tesoro nacional; genera un ingreso neto de más de 20.000 millones de dólares y fue uno de los grandes protagonistas del crecimiento experimentado por la Argentina en la última década. Contrariamente a lo afirmado por la investigadora Alicia Massarini, según Demetri o Pérez, presidente de la Asociación Boliviana de Productores de Oleaginosas, y Diego Vilaplana, director de la Asociación de Proveedores de Insumos Agrícola, “de los dos millones y medio de toneladas de soya (soja) que produce el país (Bolivia) anualmente, el 95 por ciento es producto transgénico”. En lo que respecta a Tucumán, entre los años 1994 y 2000 me tocó ser uno de los muchos agricultores que, orgullosamente, sufrimos el duro proceso de adopción del paquete tecnológico de la siembra directa –técnica que mejora la productividad y da sustentabilidad a la actividad, que se basa en no roturar el suelo, logrando así una cobertura vegetal que posibilita un mejor aprovechamiento del agua a través de una menor incidencia de los rayos solares, lo que disminuye el calcinamiento de la materia orgánica. Este sistema incluye la utilización de semilla de soja t ransgénica y glifosato y permite una importante merma de la cantidad de herbicida aplicado. Evita en gran medida la erosión eólica y pluvial, y posibilita el aprovechamiento agrícola de zonas marginales, además de mejorar los rendimientos a largo plazo. Por todo lo expuesto, creo necesaria una urgente definición sobre esta importante cuestión que enfrenta dos posturas totalmente opuestas: el futuro económico de la provincia y del país, por un lado, y la preservación de la biodiversidad y la salud humana, por otro lado. Paradójicamente, ambas posturas tienen como basamento la investigación científica. Cabe a los científicos, entonces, resolver la cuestión.

Quiero agradecer al lector Francisco Palazzo, quien en su carta “La Mediocridad” (5/11) narra una parte del pensamiento de José Ingenieros, en su libro “El Hombre Mediocre”. A mi vez rescato del mismo autor de su obra “Las fuerzas morales”  el siguiente contenido: “Sólo es patriota el que ama a sus conciudadanos  y lucha por el bienestar de su pueblo, sacrificándose por liberarlo de todas las cadenas; el que cree  que la patria no es la celda del esclavo sino la casa del hombre libre. Nadie tiene derecho de invocar la patria mientras no pruebe que ha contribuìdo con obras a honrarla y engrandecerla. Convertirla en instrumento de bando, de clase o de partido, es empequeñecerla. No es patriotismo el que de tiempo en tiempo chisporrotea en adjetivos, sino el que trabaja de manera constante para la dicha o la gloria común.