El ministro fiscal, el presidente de la Corte Suprema y el
ministro de Seguridad quieren crear una figura nueva: el “grave
arrebato”, para describir la modalidad más frecuente de robo en la
vía pública, que es la que cometen los delincuentes que sacan
carteras o celulares a víctimas vulnerables (mujeres, menores,
ancianos), generalmente en moto.
La idea, de alto impacto en una sociedad asustada por la
inseguridad callejera, consiste en modificar el artículo 284 del
Código Procesal Penal para que se dicte prisión preventiva a los
sorprendidos en este delito. “Va a tener efectos disuasivos”, dice
el ministro fiscal, Edmundo Jiménez, que no se preocupa por las
objeciones surgidas contra el proyecto no nato, que sostienen que
va a caer por inconstitucional.
Por lo menos, el asunto va a generar debate. Tanto el hurto (art.
162 del Código Penal) como el robo (art. 164) contemplan penas de
un mes a dos años de prisión y un mes a seis años,
respectivamente; y los arrebatos en la vía pública son
considerados tentativa, aunque los delincuentes se lleven la
cartera o el celular, y aunque lo hagan con violencia. Cuando es
tentativa, la pena se reduce a la mitad. Por lo tanto son
excarcelables y la reforma al Código Procesal Penal va a chocar
con eso inexorablemente.
Se va a entablar una guerra entre el policía y el fiscal, por un
lado, que van a detener (con el apoyo de la gente, que quiere que
se termine el flagelo del arrebato) y por el otro lado los jueces,
que van a liberar, pasando a ser los malos de la película. Pero
para entonces ya se habrá planteado la idea del poder político, de
calmar el enojo popular frente a la inseguridad. Habrá un
culpable: la Justicia, que suelta a los arrebatadores.
Se va a plantear otro problema: qué hacer con los detenidos. Hubo
un aumento del 20% de causas de 2013 a 2014, según se informa en
el proyecto de ley. Hay unas 14 denuncias de arrebatos por día en
la fiscalía de turno, y a eso hay que agregar las de fiscalías de
Monteros y Concepción. Hay quienes estiman que debe haber unas 30
denuncias diarias y acaso unos 20 casos sin denunciar. Eso haría
unas 1.500 denuncias por mes. El jefe del 911, comisario Luis
Bacas, dice que en los meses con más detenciones se aprehendió a
unas 270 personas, un 30% de las cuales, es decir 90, han sido
arrebatadores. De prosperar el proyecto y de poner a la Policía a
producir detenciones a destajo, ¿a dónde van a alojar a los
arrebatadores, si las comisarías, con 500 detenidos, y la cárcel,
con 1.400, están saturadas?
Un tercer interrogante es la utilidad del proyecto. Frente a este
delito, ya se probó hace dos meses hacer megaoperativos como los
de Barrio Sur, con secuestro de motocicletas sin papeles, y
también se habló de elaborar mapas del delito, desde que se ha
puesto especial atención en este barrio luego de las marchas y
quejas de los vecinos. Ni con los anuncios de policías en las
calles ha mermado el delito, que ha superado la inteligencia de
los guardianes de la seguridad. Lo mismo ha pasado en Buenos
Aires, donde el gobernador Daniel Scioli hasta hizo un programa
antimoto al que pocos atienden.
En nuestro medio la Corte Suprema
ha organizado un estudio de delitos en la Oficina de Autores
Desconocidos, con la idea de elaborar patrones y modalidades de
ocurrencia para, a partir de allí, organizar tareas de prevención.
Pero la Policía sigue actuando a su manera, con operativos
esporádicos según las zonas donde pega el calor y de acuerdo al
momento. En realidad la fuerza de seguridad debería estudiar lo
que pasa con una oficina de autores conocidos, para
entender las modalidades de arrebato.
¿Podrá la ley, antes de que pudiera caer, cumplir con la finalidad
disuasoria? ¿Servirá para contener l marea arrebatadora o sólo
aplacará el enojo social por pocos días? Demasiadas dudas para un
proyecto que pone en la Justicia la responsabilidad de la
prevención, algo en lo que hasta ahora el Estado (el poder
político y la Policía) ha fracasado.