Por Natalia Viola
03 Noviembre 2014
El martes 28, se realizó la primera audiencia pública “Escuelas Fumigadas” en el anexo del Congreso Nacional. Este dato puede parecer irrelevante, pero no lo es. Las escuelas rurales son una de las caras visibles de los daños a la salud que ocasiona el uso excesivo de agrotóxicos que forman parte del modelo agropecuario que se aplica en Argentina.
Por primera vez se recibe en un recinto oficial a los afectados directos para que puedan declarar lo que ya vienen denunciando desde hace años: los agroquímicos con los que se pulverizan los monocultivos los están enfermando. Y no es que de esto no se tenga noticias, de hecho en mayo de este año falleció el embriólogo e investigador del Conicet, Andrés Carrasco. Fue quien denunció en 2009 que, según sus investigaciones, el glifosato (herbicida utilizado, principalmente, en la soja transgénica) genera malformaciones en embriones de anfibios. Esta investigación incomodó a parte del sector empresario y al gobierno. Le llovieron las críticas y decidió renunciar a su cargo de secretario de Ciencia en el Ministerio de Defensa. El decía: “No existe razón de Estado ni intereses económicos de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de la salud pública”. En su honor, el 16 de junio fue declarado como Día de la Ciencia Digna por la Universidad de Rosario.
Durante la audiencia del martes, -a la que sólo asistieron legisladores de la oposición- una veintena de maestros contó cómo pasan las máquinas fumigadoras mientras ellos dictan clases. Se dieron algunas cifras: hay 700.000 niños en riesgo por las fumigaciones, en la última campaña se usaron 317 millones de litros de productos químicos. Se hicieron pedidos: una norma que impida pulverizar a menos de 1.000 metros de una escuela. Que se declare el 28 de octubre como día de las Escuelas Rurales fumigadas. La realidad obliga a cuestionar -al menos- un sistema que pone en riesgo a los habitantes.
Por primera vez se recibe en un recinto oficial a los afectados directos para que puedan declarar lo que ya vienen denunciando desde hace años: los agroquímicos con los que se pulverizan los monocultivos los están enfermando. Y no es que de esto no se tenga noticias, de hecho en mayo de este año falleció el embriólogo e investigador del Conicet, Andrés Carrasco. Fue quien denunció en 2009 que, según sus investigaciones, el glifosato (herbicida utilizado, principalmente, en la soja transgénica) genera malformaciones en embriones de anfibios. Esta investigación incomodó a parte del sector empresario y al gobierno. Le llovieron las críticas y decidió renunciar a su cargo de secretario de Ciencia en el Ministerio de Defensa. El decía: “No existe razón de Estado ni intereses económicos de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de la salud pública”. En su honor, el 16 de junio fue declarado como Día de la Ciencia Digna por la Universidad de Rosario.
Durante la audiencia del martes, -a la que sólo asistieron legisladores de la oposición- una veintena de maestros contó cómo pasan las máquinas fumigadoras mientras ellos dictan clases. Se dieron algunas cifras: hay 700.000 niños en riesgo por las fumigaciones, en la última campaña se usaron 317 millones de litros de productos químicos. Se hicieron pedidos: una norma que impida pulverizar a menos de 1.000 metros de una escuela. Que se declare el 28 de octubre como día de las Escuelas Rurales fumigadas. La realidad obliga a cuestionar -al menos- un sistema que pone en riesgo a los habitantes.
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