21 Octubre 2014
DYN (ARCHIVO)
BUENOS AIRES.- El ministro de Justicia, Julio Alak, confirmó el extravío de documentos oficiales sobre la ex Ciccone Calcográfica y su sociedad controlante The Old Fund, que estaban en la Inspección General de Justicia (IGJ), y que podrían comprometer al vicepresidente Amado Boudou, pero aseguró que fueron “reconstruidos”.
“En todos los poderes, en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial, suele extraviarse documentación o suelen sustraerla, lamentablemente”, afirmó el funcionario, quien puntualizó que “en este caso, la ventaja fue que el expediente”, que fue perdido en una oficina que depende de su Ministerio, “estaba digitalizado”.
Alak también enfatizó que cuando “la Justicia ha reclamado la información, ha sido entregada”, pero admitió que “lo que pueden faltar son antecedentes que no son de la administración pública”.
El ministro expresó que “se labraron las actuaciones sumariales correspondientes para establecer las responsabilidades administrativas que hubiera en los funcionarios de la Inspección General de Justicia” por la pérdida de la documentación.
Por su parte, el secretario de Justicia, Julián Álvarez, negó que su jefe Alak, esté imputado en una causa penal por el extravío de los documentos oficiales. y agregó, además, que “es falso” que el titular de la cartera de Justicia no haya radicado una denuncia sobre la falta de esos documentos porque, aseguró, “hizo un sumario administrativo”.
De todos modos, Álvarez reconoció que durante 2011 “tres expedientes” referidos a la ex Ciccone que estaban en la IGJ, que depende del Ministerio de Justicia, “desaparecieron”, aunque destacó que luego “se encontró uno mal encasillado y dos se reconstruyeron”, ya que estaban “digitalizados”, indicó, y aseguró que “eso ya está presentado” en la Justicia federal.
En tanto, el titular de IGJ, Martín Cormick, sostuvo que ese organismo “cumplió con todos los requerimientos administrativos para la reconstrucción” del expediente de la firma The Old Fund”, luego de que se confirmó el extravío de papeles que podrían comprometer al vicepresidente. Por su parte, Álvarez, intentó restar importancia al asunto comentando que al igual que lo ocurrido en la IGJ “en cualquier juzgado pasa que hay expedientes que se extravían” y aseguró que luego “se reconstruyen”. El martes pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme un fallo que obliga a la IGJ a satisfacer un pedido de información pública sobre la sociedad ex Ciccone Calcográfica, que supuestamente quiso comprar Amado Boudou, por lo cual terminó procesado.
El fallo del máximo tribunal del país rechazó un recurso extraordinario del Estado, al confirmar una resolución de la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, en un pedido de información hecho por el ex ministro de Justicia del gobierno de la Alianza, Ricardo Gil Lavedra, contra el Ministerio que conduce Alak. (DyN)
La IGJ dio intervención a la Justicia
El titular de la IGJ, Martín Cormick, advirtió que “las autoridades” del organismo “dieron intervención a la Justicia acerca del extravío y la reconstrucción del expediente, en tiempo y forma, y aclaró que lo sucedido ocurrió durante la gestión de Marcelo Mamberti al frente de la IGJ y de Silvina Martínez como titular del Registro Nacional de Sociedades.
“En todos los poderes, en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial, suele extraviarse documentación o suelen sustraerla, lamentablemente”, afirmó el funcionario, quien puntualizó que “en este caso, la ventaja fue que el expediente”, que fue perdido en una oficina que depende de su Ministerio, “estaba digitalizado”.
Alak también enfatizó que cuando “la Justicia ha reclamado la información, ha sido entregada”, pero admitió que “lo que pueden faltar son antecedentes que no son de la administración pública”.
El ministro expresó que “se labraron las actuaciones sumariales correspondientes para establecer las responsabilidades administrativas que hubiera en los funcionarios de la Inspección General de Justicia” por la pérdida de la documentación.
Por su parte, el secretario de Justicia, Julián Álvarez, negó que su jefe Alak, esté imputado en una causa penal por el extravío de los documentos oficiales. y agregó, además, que “es falso” que el titular de la cartera de Justicia no haya radicado una denuncia sobre la falta de esos documentos porque, aseguró, “hizo un sumario administrativo”.
De todos modos, Álvarez reconoció que durante 2011 “tres expedientes” referidos a la ex Ciccone que estaban en la IGJ, que depende del Ministerio de Justicia, “desaparecieron”, aunque destacó que luego “se encontró uno mal encasillado y dos se reconstruyeron”, ya que estaban “digitalizados”, indicó, y aseguró que “eso ya está presentado” en la Justicia federal.
En tanto, el titular de IGJ, Martín Cormick, sostuvo que ese organismo “cumplió con todos los requerimientos administrativos para la reconstrucción” del expediente de la firma The Old Fund”, luego de que se confirmó el extravío de papeles que podrían comprometer al vicepresidente. Por su parte, Álvarez, intentó restar importancia al asunto comentando que al igual que lo ocurrido en la IGJ “en cualquier juzgado pasa que hay expedientes que se extravían” y aseguró que luego “se reconstruyen”. El martes pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme un fallo que obliga a la IGJ a satisfacer un pedido de información pública sobre la sociedad ex Ciccone Calcográfica, que supuestamente quiso comprar Amado Boudou, por lo cual terminó procesado.
El fallo del máximo tribunal del país rechazó un recurso extraordinario del Estado, al confirmar una resolución de la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, en un pedido de información hecho por el ex ministro de Justicia del gobierno de la Alianza, Ricardo Gil Lavedra, contra el Ministerio que conduce Alak. (DyN)
La IGJ dio intervención a la Justicia
El titular de la IGJ, Martín Cormick, advirtió que “las autoridades” del organismo “dieron intervención a la Justicia acerca del extravío y la reconstrucción del expediente, en tiempo y forma, y aclaró que lo sucedido ocurrió durante la gestión de Marcelo Mamberti al frente de la IGJ y de Silvina Martínez como titular del Registro Nacional de Sociedades.
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