21 Octubre 2014
Sólo una funcionaria entró al CAM por concurso
Todo el “staff” fue nombrado en forma directa por los ex presidentes o por los consejeros, con la excepción de la secretaria Nacul El mismo criterio subjetivo rige las titularizaciones y los ascensos. El consejero de la oposición tiene a su yerno como asesor
REUNIÓN. Sentada entre Amado (izquierda) y Bustamante, Sbdar preside una sesión del Consejo Asesor de la Magistratura en noviembre de 2013. la gaceta / foto de DIEGO ARÁOZ (archivo)
Con la excepción de la secretaria Sofía Nacul, todos los empleados y funcionarios del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) llegaron a sus puestos sin rendir concurso público de antecedentes y oposición. El proceso de selección que otorgó la secretaría a Nacul fue convocado el 2 de febrero de 2010 y concluyó el 12 de mayo del mismo año, después de la renuncia del ganador Pablo Martín Mercado, postulante que en su currículo omitió la mención de los cargos que lo vinculaban políticamente a la entonces vicepresidenta del CAM y legisladora oficialista Carolina Vargas Aignasse. A partir de entonces y durante cuatro años, el órgano se apartó del método de selección objetivo respecto de su personal. En mayo, volvió a abrazar el criterio del concurso para llenar los despachos del secretario y del director de la Escuela Judicial.
Dicho giro generó tensiones por el caso de Fernando Ganami. Este abogado y docente universitario llegó al CAM por propuesta de la presidenta Claudia Sbdar y para actuar como su asesor; en junio de 2013, el órgano lo hizo prosecretario interino por “el gran volumen de tareas existentes en la secretaría administrativa” (como consta en el Acuerdo 31/2013, que incluye el voto de Sbdar). Cuatro meses más tarde, el CAM dispuso su incorporación a la planta estable “ante el incremento del volumen de tareas, la reciente creación de la Escuela Judicial, y la necesidad de contar con personal permanente para el cumplimiento de tareas administrativas y jurídicas del organismo” (Acuerdo 71/2013). Pasaron otros cuatro meses y el CAM decidió dar de baja esa afectación porque Ganami se había inscripto en los concursos de secretario y director de la Escuela -ambos procesos están en el umbral de la etapa oral- (Acuerdo 44/2014).
En el ínterin y antes de aquella marcha atrás, Sbdar, y Alejandra Gils Carbó, procuradora general de la Nación, y Stella Maris Martínez, defensora general de la Nación, nombraron respectivamente a Ganami y a Diego Duquelsky Gómez como funcionarios de enlace entre las escuelas de sus respectivas instituciones mediante un convenio (aprobado por el Acuerdo 27/2014). Ello no fue óbice para que Duquelsky Gómez interviniese en el concurso de secretario de la Escuela del CAM con la calidad de jurado. Tanto Ganami como el evaluador dijeron que el convenio no había sido ejecutado y que, por ende, no habían tenido un trato que justificase una excusación. A continuación, los consejeros defendieron el nombramiento directo de Ganami y de todo el personal del CAM (ver abajo).
Las designaciones sin concurso fueron formalizadas por resoluciones de los ex titulares Antonio Gandur y Daniel Posse, o por el consenso de los consejeros a partir de la presidencia de Sbdar (los jefes del CAM son vocales de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán). La misma regla rige para la definición de titularizaciones y ascensos.
Prioridades y urgencias
En la formación del plantel inicial incidió el apuro por sacar a la Justicia de la crisis que había generado la acumulación de despachos acéfalos entre 2006 y 2009 (en ese período no hubo mecanismo de selección de magistrados por la judicialización del órgano que había creado la última Convención Constituyente). Así, por la Resolución 41/2010, que firmó Gandur, entraron en forma temporaria el contador Federico Enrique Gutiérrez con el rango de prosecretario (después fue ascendido a secretario administrativo); María Soledad Andretta y Pablo Ariel Carmona con el estatus de encargados (Gandur luego los designó prosecretarios), y Nicolás Mayer Campos como ordenanza. Tal documento expresamente hace referencia al Acuerdo 3/2010, que dejó establecido que cuando dichos cargos tuviesen el carácter de permanentes (cosa que sí ocurrió) y se encontrasen incluidos en la planta de cargos del presupuesto provincial, las respectivas designaciones debían proceder previo concurso de antecedentes.
Por definición, los funcionarios que ingresaron interinamente y sin concurso para imprimir dinamismo a los procesos de selección de jueces terminaron nombrados con el carácter de permanentes. Tal es el caso, por ejemplo, de Fabricio Falcucci y de María Paula de las Mercedes Ledesma, que respectivamente fueron nombrados secretario y prosecretaria judiciales en forma temporaria (y por razones de necesidad y urgencia) y, luego, obtuvieron la titularización. Ello ocurrió entre las gestiones encabezadas por Gandur (2009-2011), Posse (2011-2012) y Sbdar (completó el período correspondiente al titular anterior, fue reelecta en 2013 y tiene mandato hasta octubre de 2015).
La confianza manda
La práctica de los nombramientos discrecionales siguió adelante incluso después de la superación de la crisis de Tribunales, como lo puso en evidencia el supuesto de Ganami. Pero este no es el único antecedente de esa especie: el abogado Juan Pablo Sánchez, primer asesor del consejero Antonio Bustamante (este letrado fue re-reelecto en 2013 y forma parte del órgano desde su creación), pasó a la planta permanente como encargado mayor en marzo de 2013 -Sánchez también compite por el cargo de secretario de la Escuela-. Aquella decisión discrecional (Acuerdo 7/2013) dio idénticos beneficios al lego Carlos Antonio Carrillo, que es colaborador directo de Regino Amado, vicepresidente del CAM en su carácter de consejero titular por la mayoría parlamentaria. Tal acto asimismo dispuso el nombramiento como ordenanza del abogado Alberto Christian Gómez Antoff, que proviene del entorno del legislador Federico Romano Norri (UCR), consejero titular por la minoría parlamentaria. La incorporación de Sánchez, Carrillo y Gómez Antoff fue firmada por Sbdar, Bustamante, Amado y Romano Norri. En junio, el Consejo nombró ordenanza a José María Juárez, otro monterizo ligado a Amado (Acuerdo 81/2014).
Los asesores (“personas de reconocida trayectoria” al servicio de los consejeros titulares, según la Ley 8.197) tampoco se someten, en principio y en general, al concurso de antecedentes previsto en la Ley 8.234, de diciembre de 2009. En febrero del año siguiente y por el Acuerdo 3/2010, el órgano resolvió compatibilizar la exigencia legal con “el principio de elección basada en la confianza”. Para ello, el presidente delegó a los consejeros -con el consentimiento de estos- la realización de un concurso de antecedentes entre los postulantes a asesor. En los hechos, cada consejero interpreta esa potestad a su manera: por ejemplo, Romano Norri tiene como asesor a su yerno, Miguel Perez Supervielle (está casado con Florencia Romano Norri). Martín Tello y Rolando Granero, respectivos representante titular y suplente de los letrados del sur, en cambio optaron por dividir el cargo entre cuatro abogados de las jurisdicciones de Concepción y Monteros.
El incremento de los nombramientos directos en el órgano que organizó 100 concursos para aspirantes a la judicatura no pasó inadvertido. “¿El CAM analiza seleccionar a sus empleados y funcionarios por concurso?”, preguntó este diario a Sbdar en febrero pasado. “Sí, ¿por qué no? Hay que pensarlo. Este es el sistema que garantiza la idoneidad y el acceso igualitario a los cargos públicos”, contestó la presidenta en aquella ocasión.
Dicho giro generó tensiones por el caso de Fernando Ganami. Este abogado y docente universitario llegó al CAM por propuesta de la presidenta Claudia Sbdar y para actuar como su asesor; en junio de 2013, el órgano lo hizo prosecretario interino por “el gran volumen de tareas existentes en la secretaría administrativa” (como consta en el Acuerdo 31/2013, que incluye el voto de Sbdar). Cuatro meses más tarde, el CAM dispuso su incorporación a la planta estable “ante el incremento del volumen de tareas, la reciente creación de la Escuela Judicial, y la necesidad de contar con personal permanente para el cumplimiento de tareas administrativas y jurídicas del organismo” (Acuerdo 71/2013). Pasaron otros cuatro meses y el CAM decidió dar de baja esa afectación porque Ganami se había inscripto en los concursos de secretario y director de la Escuela -ambos procesos están en el umbral de la etapa oral- (Acuerdo 44/2014).
En el ínterin y antes de aquella marcha atrás, Sbdar, y Alejandra Gils Carbó, procuradora general de la Nación, y Stella Maris Martínez, defensora general de la Nación, nombraron respectivamente a Ganami y a Diego Duquelsky Gómez como funcionarios de enlace entre las escuelas de sus respectivas instituciones mediante un convenio (aprobado por el Acuerdo 27/2014). Ello no fue óbice para que Duquelsky Gómez interviniese en el concurso de secretario de la Escuela del CAM con la calidad de jurado. Tanto Ganami como el evaluador dijeron que el convenio no había sido ejecutado y que, por ende, no habían tenido un trato que justificase una excusación. A continuación, los consejeros defendieron el nombramiento directo de Ganami y de todo el personal del CAM (ver abajo).
Las designaciones sin concurso fueron formalizadas por resoluciones de los ex titulares Antonio Gandur y Daniel Posse, o por el consenso de los consejeros a partir de la presidencia de Sbdar (los jefes del CAM son vocales de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán). La misma regla rige para la definición de titularizaciones y ascensos.
Prioridades y urgencias
En la formación del plantel inicial incidió el apuro por sacar a la Justicia de la crisis que había generado la acumulación de despachos acéfalos entre 2006 y 2009 (en ese período no hubo mecanismo de selección de magistrados por la judicialización del órgano que había creado la última Convención Constituyente). Así, por la Resolución 41/2010, que firmó Gandur, entraron en forma temporaria el contador Federico Enrique Gutiérrez con el rango de prosecretario (después fue ascendido a secretario administrativo); María Soledad Andretta y Pablo Ariel Carmona con el estatus de encargados (Gandur luego los designó prosecretarios), y Nicolás Mayer Campos como ordenanza. Tal documento expresamente hace referencia al Acuerdo 3/2010, que dejó establecido que cuando dichos cargos tuviesen el carácter de permanentes (cosa que sí ocurrió) y se encontrasen incluidos en la planta de cargos del presupuesto provincial, las respectivas designaciones debían proceder previo concurso de antecedentes.
Por definición, los funcionarios que ingresaron interinamente y sin concurso para imprimir dinamismo a los procesos de selección de jueces terminaron nombrados con el carácter de permanentes. Tal es el caso, por ejemplo, de Fabricio Falcucci y de María Paula de las Mercedes Ledesma, que respectivamente fueron nombrados secretario y prosecretaria judiciales en forma temporaria (y por razones de necesidad y urgencia) y, luego, obtuvieron la titularización. Ello ocurrió entre las gestiones encabezadas por Gandur (2009-2011), Posse (2011-2012) y Sbdar (completó el período correspondiente al titular anterior, fue reelecta en 2013 y tiene mandato hasta octubre de 2015).
La confianza manda
La práctica de los nombramientos discrecionales siguió adelante incluso después de la superación de la crisis de Tribunales, como lo puso en evidencia el supuesto de Ganami. Pero este no es el único antecedente de esa especie: el abogado Juan Pablo Sánchez, primer asesor del consejero Antonio Bustamante (este letrado fue re-reelecto en 2013 y forma parte del órgano desde su creación), pasó a la planta permanente como encargado mayor en marzo de 2013 -Sánchez también compite por el cargo de secretario de la Escuela-. Aquella decisión discrecional (Acuerdo 7/2013) dio idénticos beneficios al lego Carlos Antonio Carrillo, que es colaborador directo de Regino Amado, vicepresidente del CAM en su carácter de consejero titular por la mayoría parlamentaria. Tal acto asimismo dispuso el nombramiento como ordenanza del abogado Alberto Christian Gómez Antoff, que proviene del entorno del legislador Federico Romano Norri (UCR), consejero titular por la minoría parlamentaria. La incorporación de Sánchez, Carrillo y Gómez Antoff fue firmada por Sbdar, Bustamante, Amado y Romano Norri. En junio, el Consejo nombró ordenanza a José María Juárez, otro monterizo ligado a Amado (Acuerdo 81/2014).
Los asesores (“personas de reconocida trayectoria” al servicio de los consejeros titulares, según la Ley 8.197) tampoco se someten, en principio y en general, al concurso de antecedentes previsto en la Ley 8.234, de diciembre de 2009. En febrero del año siguiente y por el Acuerdo 3/2010, el órgano resolvió compatibilizar la exigencia legal con “el principio de elección basada en la confianza”. Para ello, el presidente delegó a los consejeros -con el consentimiento de estos- la realización de un concurso de antecedentes entre los postulantes a asesor. En los hechos, cada consejero interpreta esa potestad a su manera: por ejemplo, Romano Norri tiene como asesor a su yerno, Miguel Perez Supervielle (está casado con Florencia Romano Norri). Martín Tello y Rolando Granero, respectivos representante titular y suplente de los letrados del sur, en cambio optaron por dividir el cargo entre cuatro abogados de las jurisdicciones de Concepción y Monteros.
El incremento de los nombramientos directos en el órgano que organizó 100 concursos para aspirantes a la judicatura no pasó inadvertido. “¿El CAM analiza seleccionar a sus empleados y funcionarios por concurso?”, preguntó este diario a Sbdar en febrero pasado. “Sí, ¿por qué no? Hay que pensarlo. Este es el sistema que garantiza la idoneidad y el acceso igualitario a los cargos públicos”, contestó la presidenta en aquella ocasión.
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