Por Carlos Páez de la Torre H
21 Octubre 2014
PRESIDENTE DE LA SALA. Firma del José Agustín Molina, titular de la Legislatura, que opinaba por nota sobre la invitación la gaceta / archivo
En la década de 1820, la única educación accesible en Tucumán, era la que impartía la escuelita de San Francisco, o algún preceptor particular. Pero, en 1824, el Gobierno de Buenos Aires abrió una nueva posibilidad, al ofrecer instruir a una cuota de jóvenes que le enviara la provincia.
El 15 de diciembre, la Sala de Representantes, en nota firmada por el presidente, doctor José Agustín Molina, al gobernador Javier López, le expresaba su “dulce complacencia” al enterarse de “la generosidad con que se franquean las oficinas públicas” de Buenos Aires, “para la instrucción de algunos jóvenes en los ramos de ellas”. Con el término “oficinas públicas”, la Legislatura se refería a colegios.
La Sala, decía, “conoce la utilidad que debe resultar a la Provincia, de la adopción de una medida que, al paso que sirve para estrechar las relaciones amistosas de los pueblos, presenta a cada uno el medio de que su juventud reciba una educación que hasta ahora les es desconocida”.
Opinaba que el Gobierno debía agradecer efusivamente la oferta que consideraba. Y que esta hacía necesario invitar, “del modo más público, a los padres que por sus fortunas se hallan con aptitud de sostener a sus hijos en aquella ciudad (Buenos Aires), con la decencia que exige el destino a que son llamados”, para que aprovechen la oportunidad.
Si eso no fuera posible, la Sala pedía un “presupuesto de los gastos que pueden ser necesarios, para que tomado en consideración, resuelva lo que crea más conveniente a los intereses de la Provincia”.
El 15 de diciembre, la Sala de Representantes, en nota firmada por el presidente, doctor José Agustín Molina, al gobernador Javier López, le expresaba su “dulce complacencia” al enterarse de “la generosidad con que se franquean las oficinas públicas” de Buenos Aires, “para la instrucción de algunos jóvenes en los ramos de ellas”. Con el término “oficinas públicas”, la Legislatura se refería a colegios.
La Sala, decía, “conoce la utilidad que debe resultar a la Provincia, de la adopción de una medida que, al paso que sirve para estrechar las relaciones amistosas de los pueblos, presenta a cada uno el medio de que su juventud reciba una educación que hasta ahora les es desconocida”.
Opinaba que el Gobierno debía agradecer efusivamente la oferta que consideraba. Y que esta hacía necesario invitar, “del modo más público, a los padres que por sus fortunas se hallan con aptitud de sostener a sus hijos en aquella ciudad (Buenos Aires), con la decencia que exige el destino a que son llamados”, para que aprovechen la oportunidad.
Si eso no fuera posible, la Sala pedía un “presupuesto de los gastos que pueden ser necesarios, para que tomado en consideración, resuelva lo que crea más conveniente a los intereses de la Provincia”.
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