18 Octubre 2014
DESDE UN PALCO. Miembros del Colegio de Corredores Inmobiliarios fueron a la Legislatura para expresar su rechazo.
Cuentan que hubo gritos y reproches cruzados en la sala de reuniones de Presidencia, en el tercer piso de la Legislatura. Allí se habían reunido, durante un cuarto intermedio de la sesión de ayer, legisladores oficialistas y opositores junto a integrantes del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Tucumán (CCIT). Finalmente, las quejas expresadas por los profesionales generaron que el bloque alperovichista Tucumán Crece desistiera de votar el proyecto.
La iniciativa pretendía habilitar durante 90 días la matriculación de trabajadores del sector -registrados en AFIP y Rentas- que no pudieron incorporarse en 2004, por no haber dado inicio a la carrera (se dicta en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino -Unsta- y en la San Pablo-T) o no haber dado cumplimiento a otros requisitos. El presidente de la comisión de Legislación General, el oficialista Alfredo Quinteros, aceptó volver a analizar el texto con sus pares del comité parlamentario, pero solicitó la inclusión de este tema en el orden del día de la próxima sesión, con dictamen o sin él. “Este proyecto de ley se había trabajado en función del consenso que se había logrado con el Colegio de Corredores Inmobiliarios. Espero que esta vez lo dialoguen”, afirmó Quinteros, visiblemente ofuscado por la situación. El alperovichista Dante Loza, autor del texto, fue otro de los que buscó hasta último minuto su tratamiento.
Fernando Guzmán, presidente del CCIT, expresó sin embargo que el organismo contestó un pedido de informes de la Cámara, en el que rechazó uno por uno los fundamentos de la propuesta. “Esto significa ‘abrir la tranquera’ a los corredores inmobiliarios ilegales. Si quieren sumarse, es sencillo, tienen que cursar la carrera. No se entiende que después de 10 años se tome esta medida. Es como si le dijeran al Colegio Médico que tiene que sumar a los curanderos. Es algo sumamente peligroso”, le relató el empresario a LA GACETA.
En septiembre de 2004 se aprobó la ley N° 7.455, que reglamenta el ejercicio del corretaje inmobiliario. Entre los requisitos se señala la necesidad de “poseer título profesional universitario habilitante”. La norma fija además la creación del CCIT, que otorga a ese organismo” los derechos de matriculación e inscripción” de sus integrantes.
Por entonces, el artículo 32 de la ley otorgó 180 días a las personas dedicadas a este rubro “para adecuar su ejercicio”. “Vencido el plazo, les estará prohibido intermediar en tráfico de bienes inmuebles, se considerará como irregular su actuación y serán pasibles de sanciones”, agrega.
El proyecto alperovichista debatido ayer -volverá al recinto en la próxima sesión- consideraba “exiguo” ese tiempo para la puesta en regla de la situación de los corredores “clandestinos”. Por ello, buscaba abrir una prórroga por otros 90 días. El requisito era haber estado inscriptos en ese rubro ante Rentas, AFIP y otros organismos, y que su actividad sea acreditada por otros tres profesionales. Pero los integrantes del CCIT pusieron el grito en el cielo. ¿Quién prevalecerá?
La iniciativa pretendía habilitar durante 90 días la matriculación de trabajadores del sector -registrados en AFIP y Rentas- que no pudieron incorporarse en 2004, por no haber dado inicio a la carrera (se dicta en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino -Unsta- y en la San Pablo-T) o no haber dado cumplimiento a otros requisitos. El presidente de la comisión de Legislación General, el oficialista Alfredo Quinteros, aceptó volver a analizar el texto con sus pares del comité parlamentario, pero solicitó la inclusión de este tema en el orden del día de la próxima sesión, con dictamen o sin él. “Este proyecto de ley se había trabajado en función del consenso que se había logrado con el Colegio de Corredores Inmobiliarios. Espero que esta vez lo dialoguen”, afirmó Quinteros, visiblemente ofuscado por la situación. El alperovichista Dante Loza, autor del texto, fue otro de los que buscó hasta último minuto su tratamiento.
Fernando Guzmán, presidente del CCIT, expresó sin embargo que el organismo contestó un pedido de informes de la Cámara, en el que rechazó uno por uno los fundamentos de la propuesta. “Esto significa ‘abrir la tranquera’ a los corredores inmobiliarios ilegales. Si quieren sumarse, es sencillo, tienen que cursar la carrera. No se entiende que después de 10 años se tome esta medida. Es como si le dijeran al Colegio Médico que tiene que sumar a los curanderos. Es algo sumamente peligroso”, le relató el empresario a LA GACETA.
En septiembre de 2004 se aprobó la ley N° 7.455, que reglamenta el ejercicio del corretaje inmobiliario. Entre los requisitos se señala la necesidad de “poseer título profesional universitario habilitante”. La norma fija además la creación del CCIT, que otorga a ese organismo” los derechos de matriculación e inscripción” de sus integrantes.
Por entonces, el artículo 32 de la ley otorgó 180 días a las personas dedicadas a este rubro “para adecuar su ejercicio”. “Vencido el plazo, les estará prohibido intermediar en tráfico de bienes inmuebles, se considerará como irregular su actuación y serán pasibles de sanciones”, agrega.
El proyecto alperovichista debatido ayer -volverá al recinto en la próxima sesión- consideraba “exiguo” ese tiempo para la puesta en regla de la situación de los corredores “clandestinos”. Por ello, buscaba abrir una prórroga por otros 90 días. El requisito era haber estado inscriptos en ese rubro ante Rentas, AFIP y otros organismos, y que su actividad sea acreditada por otros tres profesionales. Pero los integrantes del CCIT pusieron el grito en el cielo. ¿Quién prevalecerá?
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