Por Roberto Delgado
17 Octubre 2014
La guerra del agua ya ha comenzado. Sólo que los tucumanos no lo saben, porque los síntomas están repartidos en problemas focalizados en determinados vecindarios y en la protesta de la gente del megabarrio Lomas de Tafí, a la que el gobernador José Alperovich vincula con la senadora radical Silvia Elías de Pérez. Con ello, intenta reducir el reclamo a la pelea política con vistas a 2015.
Pero la guerra del agua está desde hace mucho y Lomas de Tafí, una pequeña ciudad parida con ilusiones de vecinos y permanentes improlijidades del Gobierno desde el mismo momento en que se compró el terreno para construir las viviendas, puede transformarse en el centro del conflicto en el ardiente verano. El megabarrio está construido “en una zona sedienta en medio de dos desiertos (Villa Carmela y Tafì Viejo)”, según explica el experto sanitarista José Domián. “Los pozos de Tafí Viejo y de Villa Carmela son insuficientes. ¿De dónde creyeron que hacer cinco pozos en Lomas de Tafí bastaba para habilitar las 5.000 viviendas?”, pregunta. Ya Tucumán tenía crisis con el agua desde antes, dice otro experto, Julio César Salmoiraghi, que añade que la construcción y el desmonte, desde la capital hasta La Cocha, agravan el problema, porque llega menos líquido a los acuíferos.
El agua de la capital viene en un 70% del acueducto de El Cadillal que desemboca en Villa Muñecas. Pero toda la zona oeste capitalina está con problemas de suministro y presión desde hace años. “Desde Trulalá hasta La Ciudadela -dice Domián-, pasando por Barrio El Bosque, Floresta, etcétera”. Y al habilitar Lomas de Tafí, aparecieron 25.000 vecinos nuevos que apenas fueron a vivir a sus casas se dieron con la escasez de agua. Según los habitantes que protestaron anteayer frente al Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), los cortes programados les significaron estar 13 horas sin agua cada día.
La solución del Gobierno ha sido pinchar el acueducto de El Cadillal. Mejoraron la planta y los filtros en el dique. Hicieron otro acueducto de 3,6 km. desde Las Talitas a Lomas y desviarán parte del agua que va a San Miguel de Tucumán. “Es un parche que agravará la situación del oeste capitalino”, alerta Domián. Es que El Cadillal fue hecho en los 60 para una ciudad con 200.000 habitantes y ahora consumen agua más de 500.000. Ya el centro tiene problemas con la proliferación de edificios de altura, que han concentrado en la última década la demanda de agua. Para ello, se comenzó a cobrar a las constructoras un fondo de infraestructura (Ley 7.938, de 2007) con el cual se iban a construir pozos en las plazas para mejorar la presión para 80 edificios del microcentro. El edil radical José Luis Avignone ha pedido informes sobre el destino de esos fondos a la SAT y al ente de control Ersept pero no le contestaron. La Justicia acaba de ordenar al titular del Ersept, Sergio Sánchez, que dé explicaciones.
Es cierto que la cuestión política se cuela en el problema. La senadora Elías de Pérez denunció al Ipvdu y al Gobierno por el costo del acueducto -anunciado en $ 31 millones en 2009 y valuado ahora en $63 millones- y porque dice que el Gobierno violó su propia ley 7.966 de 2007, que establecía que no se podían entregar las casas de Lomas Norte sin que estuviera habilitado el acueducto.
Otras denuncias contra el Ipvdu muestran diversas aristas de una política de viviendas hecha a los ponchazos: las demoras de un 40% en las obras, denunciada por la Auditoría General de la Nación en agosto pasado; y las recientes quejas por los cambios en los valores de las cuotas de las casas. La más antigua es la denuncia por presuntos sobreprecios, hecha ante la Justicia Federal. Según Elías de Pérez, el juez federal Daniel Bejas, con el argumento de que la obra había sido hecha por la provincia, le pasó en noviembre pasado la causa a la Justicia provincial. Cayó en la fiscalía de Instrucción IV y el fiscal Diego López Avila, saturado con el caso de Paulina Lebbos, se sacó de encima la investigación de sobreprecios y -por compensación- la pasó a la fiscalía II, del jubilado Carlos Albaca. Allí quedó, sepultada en un cajón. De esa fiscalía se está ocupando, como subrogante, la fiscala Adriana Giannoni.
Los titulares de Vivienda, Gustavo Durán, y de la SAT, Alfredo Calvo, explicaron que los pozos de Lomas decayeron en su capacidad y se agregó la demanda de estos días de calor. Prometieron a los vecinos de Lomas de Tafì que en 45 días estarán habilitados el acueducto y una cisterna construida al sur del megabarrio. Tanto Domián como Salmoiraghi piensan que es entonces cuando se va a generalizar el problema de la falta de agua en el gran Tucumán. Cuando las guerras del agua se generalicen en luchas de usuarios contra usuarios, habrá que pensar en una política de aprovechamiento de las inversiones y de mejoras en serio, como ya está haciendo Santiago del Estero en Termas de Río Hondo. Mientras tanto, aquí impera la política del parche, hecha de reclamos vecinales y peleas partidarias.
Pero la guerra del agua está desde hace mucho y Lomas de Tafí, una pequeña ciudad parida con ilusiones de vecinos y permanentes improlijidades del Gobierno desde el mismo momento en que se compró el terreno para construir las viviendas, puede transformarse en el centro del conflicto en el ardiente verano. El megabarrio está construido “en una zona sedienta en medio de dos desiertos (Villa Carmela y Tafì Viejo)”, según explica el experto sanitarista José Domián. “Los pozos de Tafí Viejo y de Villa Carmela son insuficientes. ¿De dónde creyeron que hacer cinco pozos en Lomas de Tafí bastaba para habilitar las 5.000 viviendas?”, pregunta. Ya Tucumán tenía crisis con el agua desde antes, dice otro experto, Julio César Salmoiraghi, que añade que la construcción y el desmonte, desde la capital hasta La Cocha, agravan el problema, porque llega menos líquido a los acuíferos.
El agua de la capital viene en un 70% del acueducto de El Cadillal que desemboca en Villa Muñecas. Pero toda la zona oeste capitalina está con problemas de suministro y presión desde hace años. “Desde Trulalá hasta La Ciudadela -dice Domián-, pasando por Barrio El Bosque, Floresta, etcétera”. Y al habilitar Lomas de Tafí, aparecieron 25.000 vecinos nuevos que apenas fueron a vivir a sus casas se dieron con la escasez de agua. Según los habitantes que protestaron anteayer frente al Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), los cortes programados les significaron estar 13 horas sin agua cada día.
La solución del Gobierno ha sido pinchar el acueducto de El Cadillal. Mejoraron la planta y los filtros en el dique. Hicieron otro acueducto de 3,6 km. desde Las Talitas a Lomas y desviarán parte del agua que va a San Miguel de Tucumán. “Es un parche que agravará la situación del oeste capitalino”, alerta Domián. Es que El Cadillal fue hecho en los 60 para una ciudad con 200.000 habitantes y ahora consumen agua más de 500.000. Ya el centro tiene problemas con la proliferación de edificios de altura, que han concentrado en la última década la demanda de agua. Para ello, se comenzó a cobrar a las constructoras un fondo de infraestructura (Ley 7.938, de 2007) con el cual se iban a construir pozos en las plazas para mejorar la presión para 80 edificios del microcentro. El edil radical José Luis Avignone ha pedido informes sobre el destino de esos fondos a la SAT y al ente de control Ersept pero no le contestaron. La Justicia acaba de ordenar al titular del Ersept, Sergio Sánchez, que dé explicaciones.
Es cierto que la cuestión política se cuela en el problema. La senadora Elías de Pérez denunció al Ipvdu y al Gobierno por el costo del acueducto -anunciado en $ 31 millones en 2009 y valuado ahora en $63 millones- y porque dice que el Gobierno violó su propia ley 7.966 de 2007, que establecía que no se podían entregar las casas de Lomas Norte sin que estuviera habilitado el acueducto.
Otras denuncias contra el Ipvdu muestran diversas aristas de una política de viviendas hecha a los ponchazos: las demoras de un 40% en las obras, denunciada por la Auditoría General de la Nación en agosto pasado; y las recientes quejas por los cambios en los valores de las cuotas de las casas. La más antigua es la denuncia por presuntos sobreprecios, hecha ante la Justicia Federal. Según Elías de Pérez, el juez federal Daniel Bejas, con el argumento de que la obra había sido hecha por la provincia, le pasó en noviembre pasado la causa a la Justicia provincial. Cayó en la fiscalía de Instrucción IV y el fiscal Diego López Avila, saturado con el caso de Paulina Lebbos, se sacó de encima la investigación de sobreprecios y -por compensación- la pasó a la fiscalía II, del jubilado Carlos Albaca. Allí quedó, sepultada en un cajón. De esa fiscalía se está ocupando, como subrogante, la fiscala Adriana Giannoni.
Los titulares de Vivienda, Gustavo Durán, y de la SAT, Alfredo Calvo, explicaron que los pozos de Lomas decayeron en su capacidad y se agregó la demanda de estos días de calor. Prometieron a los vecinos de Lomas de Tafì que en 45 días estarán habilitados el acueducto y una cisterna construida al sur del megabarrio. Tanto Domián como Salmoiraghi piensan que es entonces cuando se va a generalizar el problema de la falta de agua en el gran Tucumán. Cuando las guerras del agua se generalicen en luchas de usuarios contra usuarios, habrá que pensar en una política de aprovechamiento de las inversiones y de mejoras en serio, como ya está haciendo Santiago del Estero en Termas de Río Hondo. Mientras tanto, aquí impera la política del parche, hecha de reclamos vecinales y peleas partidarias.
Lo más popular
