17 Octubre 2014
¿Quién controla a las cooperativas de trabajo? El intendente de San Miguel de Tucumán, Domingo Amaya, insinuó el interrogante esta semana, luego de que LA GACETA diera a conocer el caso de “Caminemos Juntos”, una organización que participa en obras millonarias solventadas por el Estado y que fijó su sede fiscal en la casa materna del legislador alperovichista Emiliano Vargas Aignasse. “El Ipacym (Instituto de Acción Cooperativa y Mutual) debería observar más estas cuestiones. El organismo tiene su responsabilidad en esto. Pienso que debería realizar auditorías como corresponde”, señaló el jefe municipal el martes, en una rueda de prensa.
La respuesta al planteo de Amaya llegó desde el Poder Ejecutivo (PE). David Mizrahi, titular del Ipacym, expresó en una entrevista con este diario que el deber de controlar las cooperativas de trabajo recae “sobre quien las contrata”. Y recordó que los últimos proyectos asignados a “Caminemos Juntos” -por un total de $ 2,8 millones- pertenecen al plan federal “Más Cerca I”, que está bajo la órbita de la Intendencia capitalina. “Me sorprende que después de 11 años de estar frente a un municipio, de trabajar con obras y de contratar diferentes cooperativas (Amaya) no sepa cuál es el procedimiento de adjudicación y cuáles son las responsabilidades de cada uno”, remarcó el funcionario.
Mizrahi aclaró que la Municipalidad tampoco pidió auditoría alguna sobre la situación actual de “Caminemos Juntos”. Y añadió que, según los registros de la repartición, la Capital tampoco solicitó al Ipacym informes de Normal Funcionamiento (NF) sobre una de las nueve cooperativas que ejecuta obras en esa jurisdicción por el “Más Cerca I”. “Es obligación del contratante requerir (el NF). Y si no está adjuntado dentro del sobre del pliego de cotejo de precio, por más que sea la mejor oferta, se la tiene que desechar”, aseveró.
La organización mencionada por Mizrahi es la cooperativa de trabajo “Independencia”, a la que se le encomendó la construcción de rampas para discapacitados para San Miguel de Tucumán por un valor de $ 464.000. Según fuentes consultadas por este diario, sería cercana a un dirigente amayista. “No hemos emitido el NF de ‘Independencia’ durante los períodos de contrataciones. No sé cómo han hecho para cumplimentar el trámite”, ironizó el titular de Ipacym.
La semana pasada, en el barrio Alejandro Heredia, vecinos aseguraron que hubo un reparto “político” de 50 módulos habitacionales, supuestamente a favor de una “puntera” vinculada a Vargas Aignasse. La mano de obra para las mejoras en viviendas es aportada por “Caminemos Juntos”, que tiene domicilio fiscal en la casa materna del legislador y de la hermana de este, Carolina Vargas Aignasse, secretaria general de la Gobernación.
El martes, Amaya criticó el presunto “favoritismo” en la distribución de los módulos. “No conocía esta situación. Me molesta mucho lo que está sucediendo porque las cooperativas tienen otra finalidad”, opinó el intendente. E instó al Ipacym a realizar auditorías.
Mizrahi, titular de la repartición, explicó que no es función de esa oficina observar las rendiciones de cuentas de estas organizaciones. “Las cooperativas de trabajo tradicionales tienen la obligación de presentar balances anuales. Allí aparece toda la actividad económica que ha tenido en el transcurso del año; eso tiene que ser tratado en asamblea y votado por los socios. El Ipacym controla la forma, y si hay alguna denuncia, interviene por requerimiento de parte. Pero el tratamiento del balance corresponde a los socios”, insistió el funcionario alperovichista.
La respuesta al planteo de Amaya llegó desde el Poder Ejecutivo (PE). David Mizrahi, titular del Ipacym, expresó en una entrevista con este diario que el deber de controlar las cooperativas de trabajo recae “sobre quien las contrata”. Y recordó que los últimos proyectos asignados a “Caminemos Juntos” -por un total de $ 2,8 millones- pertenecen al plan federal “Más Cerca I”, que está bajo la órbita de la Intendencia capitalina. “Me sorprende que después de 11 años de estar frente a un municipio, de trabajar con obras y de contratar diferentes cooperativas (Amaya) no sepa cuál es el procedimiento de adjudicación y cuáles son las responsabilidades de cada uno”, remarcó el funcionario.
Mizrahi aclaró que la Municipalidad tampoco pidió auditoría alguna sobre la situación actual de “Caminemos Juntos”. Y añadió que, según los registros de la repartición, la Capital tampoco solicitó al Ipacym informes de Normal Funcionamiento (NF) sobre una de las nueve cooperativas que ejecuta obras en esa jurisdicción por el “Más Cerca I”. “Es obligación del contratante requerir (el NF). Y si no está adjuntado dentro del sobre del pliego de cotejo de precio, por más que sea la mejor oferta, se la tiene que desechar”, aseveró.
La organización mencionada por Mizrahi es la cooperativa de trabajo “Independencia”, a la que se le encomendó la construcción de rampas para discapacitados para San Miguel de Tucumán por un valor de $ 464.000. Según fuentes consultadas por este diario, sería cercana a un dirigente amayista. “No hemos emitido el NF de ‘Independencia’ durante los períodos de contrataciones. No sé cómo han hecho para cumplimentar el trámite”, ironizó el titular de Ipacym.
La semana pasada, en el barrio Alejandro Heredia, vecinos aseguraron que hubo un reparto “político” de 50 módulos habitacionales, supuestamente a favor de una “puntera” vinculada a Vargas Aignasse. La mano de obra para las mejoras en viviendas es aportada por “Caminemos Juntos”, que tiene domicilio fiscal en la casa materna del legislador y de la hermana de este, Carolina Vargas Aignasse, secretaria general de la Gobernación.
El martes, Amaya criticó el presunto “favoritismo” en la distribución de los módulos. “No conocía esta situación. Me molesta mucho lo que está sucediendo porque las cooperativas tienen otra finalidad”, opinó el intendente. E instó al Ipacym a realizar auditorías.
Mizrahi, titular de la repartición, explicó que no es función de esa oficina observar las rendiciones de cuentas de estas organizaciones. “Las cooperativas de trabajo tradicionales tienen la obligación de presentar balances anuales. Allí aparece toda la actividad económica que ha tenido en el transcurso del año; eso tiene que ser tratado en asamblea y votado por los socios. El Ipacym controla la forma, y si hay alguna denuncia, interviene por requerimiento de parte. Pero el tratamiento del balance corresponde a los socios”, insistió el funcionario alperovichista.
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