Vecinos se quejan por la suba en las cuotas de las viviendas

En los últimos años, muchos tucumanos pudieron cumplir con el sueño de la casa propia. Pero con el transcurso de los meses, ese anhelo cumplido se fue transformando en una pesadilla, según denuncian algunos vecinos. La falta de títulos de propiedad, el aumento desmesurado del número de cuotas, la falta de planos para realizar refacciones y la incertidumbre de no saber a ciencia cierta de la cantidad exacta de cuotas que el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) está dispuesto a cobrarles generó una ola de preocupación entre moradores de varios barrios que fueron construidos por el organismo provincial que conduce el ingeniero Gustavo Durán.

A raíz de esta situación, un grupo de vecinos pertenecientes a cinco barrios del Ipvdu, y patrocinados por la senadora radical Silvia Elías de Pérez, presentaron un recurso de consideración contra dos resoluciones emanadas del organismo (Nº 02762 y Nº 03441) porque consideran que lesionan su derechos. Según los adjudicatarios, los dos instrumentos vulneran el artículo 30 de la ley provincial del Ipvdu que establece que el ente encargado de gestionar la construcción de casas debe fijar precios justos y formas accesibles de amortización para las distintas soluciones habitacionales.

“Por ello, la fijación del precio definitivo debe respetar los lineamientos establecidos en el ordenamiento jurídico. En todo contrato de carácter oneroso, el precio debe ser cierto y determinable. Y para que esto así sea, necesito una actualización de las cuotas de amortización y una estimación temporal sobre mi condición de deudor. Hoy, en la provincia de Tucumán, un adjudicatario de una vivienda social no sabe cuántas cuotas va a pagar, de qué monto, en qué plazo serán actualizadas y finalmente cuándo podrá disponer de su propiedad al obtener su escritura pública. Todo esto genera una gran inseguridad jurídica, acentúa la parte débil de la relación, tratándose de cláusulas contractuales abusivas y nulas de nulidad absoluta”, reza un párrafo de la presentación que realizaron los vecinos ante el Ipvdu.

Boletas en mano

Con las boletas de las cuotas en la mano, los adjudicatarios que decidieron portar la voz del resto de los vecinos, aseguran que insistirán en su reclamo para pagar lo que les corresponde por ley. Enzo Giacosa, Facundo Bellomío, Marcelo Rodríguez, Alejandro Catella, Rubén Garnica y Elba Cajal, habitantes de los barrios Lomas de Tafí (Sector 18 y Lomas 3.000), Odontológico (San Pablo), 470 Viviendas (San Andrés) y 270 Viviendas (San Pablo), plantearon sus inquietudes ante LA GACETA.

“En octubre de 2010 se entrega el barrio (470 viviendas de San Andrés) con tenencia precaria. Empezamos a pagar desde el segundo mes un monto de $ 461,50 y en la boleta figuraba la cuota número 1 sobre 214. Todo se desarrolló con normalidad hasta la cuota número 8, y desde la octava ya no figuraban las cuotas restantes. Después de que sucedió eso comenzaron a llegar las discriminaciones de las cuotas pagadas, pero ya sobre un total de 428. Y en agosto nos llegó una notificación que dice que a partir de noviembre habrá una segunda suba en la cuota de casi un 80%”, explicó Catella, quien es vecino de Lomas de Tafí. “Hoy no sabemos cuál es el costo real de nuestras casas, y la verdad no sé cómo actualizan los valores. No son claros. Los vecinos nos reunimos el sábado pasado y elaboramos una nota que fue presentada ante el Ipvdu para que se revea esto. Esta situación genera desconfianza y malestar. Sentimos que nos están metiendo la mano en el bolsillo”, agregó el adjudicatario Rodríguez.

Versiones

La única mujer que integra el grupo de vecinos también opina sobre la situación. “Nos dijeron que recién a partir del quinto año la cuota iba a sufrir un aumento. Pero en julio de este año cumplimos dos años de la entrega de las casas y ya se produjo el primer aumento. La cuota pasó a costar de $ 450 a $ 550. Es muy triste lo que ocurre en el Barrio 470 Viviendas porque a esta situación se suma el problema de las cloacas. Tenemos un delegado comunal que en estos años hizo nada por solucionar los inconvenientes”, afirma Cajal, respecto de la barriada construida en San Andrés.

La senadora Elías de Pérez sostuvo que en un estado de derecho, estas cosas no pueden ocurrir. “En un estado de derecho son las normas existentes las que tienen que regir y no lo que decide el dictador que hace lo que él quiere y de la manera que a él le conviene. Las normas procedimentales son como el cauce de un río. Si ese cauce no existiera habría desbordes. La gran pregunta que todos nos hacemos es ¿qué está pasando con el Instituto de la Vivienda que los desbordes son absolutamente continuos?”, cuestionó la parlamentaria opositora.

Y agregó: “el Estado no puede cobrar las cuotas de la manera que se le plazca y actualizarlas como quiera. Es evidente que hay ahora una figura que inventaron para hacer trampa. Como saben que no pueden aumentar el monto de las cuotas hasta el valor que quieran, de un día para el otro aparecen 428 cuotas cuando originariamente eran 214. Ahora intentan duplicarles el número de cuotas con un aumento del 80%”, insistió.

Los vecinos consideran que se trata de un ardid “que está hecho de mala fe”. “Para poder inflar la cuota hasta donde ellos quieran están cobrando la infraestructura, cuando la ley marca que el adjudicatario se hace cargo sólo del terreno. Dentro del monto total de la cuota están cobrando la infraestructura y eso es improcedente”, se sostiene en el texto de la presentación de los vecinos.