03 Octubre 2014
ALLANAMIENTO. La Policía Aeroportuaria secuestró documentación de la casa de Ángel Ale, en Rivadavia y Bolivia. LA GACETA / FOTO DE INÉS QUINTEROS ORIO
La familia Ale y personas de su entorno son investigadas por la Justicia Federal, sospechadas de tejer una red de trata de personas para explotación sexual y de haber conformado una asociación ilícita dedicada al narcotráfico y el lavado de activos de origen ilícito. Según la información publicada en el portal del Ministerio Público Fiscal, dicha red de trata habría sido responsable de la desaparición de María de los Ángeles "Marita" Verón, en 2002.
En el marco de esta causa, el juez Federal Fernando Poviña -que ordenó hoy más de 40 allanamientos en la provincia- procesó en diciembre pasado con prisión preventiva a Rubén "La Chancha" Ale, María Jesús Rivero, Roberto Dilascio, Fabián González y Víctor Suarez, a quienes consideró responsables de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita. Esta medida también había sido solicitada por el fiscal Federal de Tucumán, Carlos Brito, y el fiscal General a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella.
El proceso fue impulsado por la presidenta de la Fundación "María de los Ángeles", Susana Trimarco, y por la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa en la causa como parte querellante. Luego, fue iniciado por la denuncia de la Procelac y la Procuraduría para el Combate de la Trata y Explotación de Personas (Protex) de la Procuración General de la Nación, informó el Ministerio Público Fiscal. En su momento, la UIF había detectado diversas maniobras sospechosas de los involucrados en la causa. Algunas de las más destacadas fueron la adquisición de decenas de vehículos, varios de alta gama, así como de diversas propiedades inmuebles.
En el marco de esta causa, el juez Federal Fernando Poviña -que ordenó hoy más de 40 allanamientos en la provincia- procesó en diciembre pasado con prisión preventiva a Rubén "La Chancha" Ale, María Jesús Rivero, Roberto Dilascio, Fabián González y Víctor Suarez, a quienes consideró responsables de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita. Esta medida también había sido solicitada por el fiscal Federal de Tucumán, Carlos Brito, y el fiscal General a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella.
El proceso fue impulsado por la presidenta de la Fundación "María de los Ángeles", Susana Trimarco, y por la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa en la causa como parte querellante. Luego, fue iniciado por la denuncia de la Procelac y la Procuraduría para el Combate de la Trata y Explotación de Personas (Protex) de la Procuración General de la Nación, informó el Ministerio Público Fiscal. En su momento, la UIF había detectado diversas maniobras sospechosas de los involucrados en la causa. Algunas de las más destacadas fueron la adquisición de decenas de vehículos, varios de alta gama, así como de diversas propiedades inmuebles.
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