Tucumán aprobó una ley pero no implentó los mecanismos de prevención de apremios

La Defensoría General de la Nación exigió ayer que Tucumán ponga en funcionamiento el mecanismo de prevención de la tortura, que fue creado en septiembre de 2012 por la Legislatura Provincial a través de la ley 8.523, pero que sin embargo no fue reglamentado.

El organismo, del que dependen los defensores Oficiales del Poder Judicial de la Nación, pidió además que la provincia designe los miembros y ponga en funcionamiento el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que fue creado por el Congreso Nacional en noviembre de 2012, y reglamentado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en abril de este año.

En un comunicado de prensa, la Defensoría rechazó los apremios ilegales que se observan en un video, en el que un “agente policial –mientras es filmado por otro- aplica tratos vejatorios a una persona esposada, tratos que por su entidad sin duda alguna constituyen torturas.”

“No es la primera vez que trascienden imágenes de esta naturaleza. Se divulgaron en su momento torturas cometidas en cárceles de la provincia de Mendoza; lo propio ocurrió en una comisaría de Salta. Lamentablemente, en aquellos casos, la noticia desapareció muy rápidamente de los periódicos y canales de noticias, sin generar en la comunidad la reacción de intolerancia absoluta esperable ante prácticas tan incompatibles con la democracia”, manifestó el organismo que dirige Stella Maris Martínez.

La comisión a la que hace mención la Defensoría, tendría capacidad para realizar visitas a los lugares de privación de libertad, recibir denuncias y promoverlas, entre otras acciones, según explicó la organización de abogados Andhes.