01 Octubre 2014
La Justicia encuentra culpable al ex juez Terán
La crisis de los títulos públicos había precipitado la destitución del ex juez federal N°2, Felipe Terán, en 2006 y la renuncia del ex juez federal N°1, Jorge Parache, en 2007. Ayer y por los mismos hechos, un tribunal impuso una sanción penal a Terán y a otros tres imputados
LA VERDAD JUDICIAL. Gabriel Casas lee la resolución en presencia de sus pares Alicia Noli y Juan Carlos Reynaga. la gaceta / foto de diego aráoz
La Justicia puso fin a la incertidumbre que arrastraba desde hace nueve años, y declaró culpables a Felipe Terán, ex juez federal N°2; a los abogados Daniel Martín y Alfredo Ducca y al productor bursátil Jorge Rigourd (en disidencia parcial, la camarista Alicia Noli votó por la absolución de Ducca). El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) atribuyó a los tres primeros la comisión del delito de falsificación de documentos mientras que condenó a Rigourd por una tentativa de fraude en perjuicio de la administración pública. A todos ellos impuso la pena de tres años de prisión de ejecución condicional con inhabilitación de seis años para ejercer cargos públicos (Terán); la abogacía (Martín y Ducca) y la producción bursátil (Rigourd).
La incertidumbre también terminó para Fernando Recalde, Pablo Rossi y Daniel Barboza, tres imputados vinculados a Rigourd y a MA Valores SA Sociedad de Bolsa. Respecto de ellos, los camaristas Gabriel Casas (presidente), Noli y Juan Carlos Reynaga (intervino en sustitución de Carlos Enrique Jiménez Montilla, que se excusó) dispusieron la absolución.
La lectura de la sentencia de “Borquez” y “Camandona”, primeras dos investigaciones de maniobras con títulos públicos llevadas a juicio, empezó a las 19.41. Y empezó -vale la redundancia- por la declaración de prescripción de la tentativa de defraudación respecto de Martín y Ducca. La parte resolutiva concluyó con el rechazo de la pretensión de investigar por falso testimonio a Laura Alercia, ex abogada del Ministerio de Economía de la Nación, y a Julio Melchor Camandona, ex tenedor de títulos públicos en default. El TOF ofrecerá los fundamentos del fallo el 7 de octubre: a partir de ese momento, comenzará a correr el plazo de 10 días hábiles para la interposición del recurso de casación.
En términos generales, el fallo redujo las penas que había solicitado Leopoldo Peralta Palma, fiscal general subrogante ante el TOF, y, en principio -y si los tres años quedan firmes-, no acarreará el cumplimiento efectivo de prisión para ninguno de los condenados. El 25 de septiembre, el fiscal había pedido siete años para Terán y Martín; seis para Ducca; cuatro para Rigourd y dos años de prisión de ejecución condicional para Recalde.
Cuatro primeras veces
“Borquez” determinó la destitución de Terán en 2006 y, en 2007, la renuncia de Jorge Parache, ex juez federal N°1. En esta pesquisa el Ministerio Público daba cuenta de la adquisición de títulos públicos a posteriori del dictado de la medida cautelar que ordenaba al erario el pago de los papeles en dólares, en las condiciones previas a la pesificación forzosa dispuesta en 2001. En esta causa había en juego U$S 5,2 millones, que nunca llegaron a cobrarse.
En “Camandona” tampoco fueron percibidos los U$S 139.000 correspondientes a los bonos adquiridos antes del default. En este caso también hubo una medida cautelar sin monto favorable al peticionante, y en ella coincidieron como imputados Martín y Terán.
En su época, aquellas investigaciones hicieron ver las estrellas a la Justicia Federal de Tucumán, pero todo ello parecía lejano este martes, durante la audiencia en la que tuvieron lugar los alegatos de Rodolfo Burgos y de Pablo Bauque, abogados respectivos de Martín y de Terán; la réplica escueta de Peralta Palma; las contrarréplicas de los defensores y las palabras finales de los imputados.
En una sala con más público que de costumbre (el juicio había convocado a escasos espectadores durante las siete jornadas previas) y con voz temblorosa, Ducca dijo ser víctima de “un relato” y Recalde expresó que él se había limitado a desempeñar la tarea de cajero de Rigourd para MA Valores SA Sociedad de Bolsa. Con la ayuda de unas notas manuscritas, el productor de bolsa recordó que en su momento él también había asesorado al camarista Jiménez Montilla en relación con sus títulos públicos en default y que no hubo reproches. “Jiménez Montilla siguió en este tribunal y juzgó delitos de lesa humanidad”, expresó Rigourd.
En su primera intervención en el juicio, Martín manifestó que él diligenció oficios en “Borquez” por pedido del abogado Julio Barbaglia (no estuvo imputado y tampoco prestó declaración testimonial). “No puedo dar explicaciones por una causa en la que no participé”, añadió. Terán, por su parte, aseguró que “cayó” por haber denunciado la posible comisión de un delito en “Borquez”: “a alguien le toqué los talones. El fiscal de primera instancia (Carlos Brito) me persiguió porque no lo saludé alguna vez o porque no le concedí algo que no correspondía”. Terán dijo que él había sido el primer juez de la Nación en pedir una investigación de esta especie; también fue el primer juez federal de Tucumán destituido por el Jurado de Enjuiciamiento y el primero en sentarse entre los acusados. Por último y hasta que otro tribunal diga lo contrario, es el primer ex juez federal condenado: tales marcas resumen los nueve años de vida de “Borquez” y “Camandona”.
EL PORQUÉ DE LA SENTENCIA
• El Tribunal Oral comunicará los fundamentos de su decisión el 7 de octubre a partir de las 20.
La incertidumbre también terminó para Fernando Recalde, Pablo Rossi y Daniel Barboza, tres imputados vinculados a Rigourd y a MA Valores SA Sociedad de Bolsa. Respecto de ellos, los camaristas Gabriel Casas (presidente), Noli y Juan Carlos Reynaga (intervino en sustitución de Carlos Enrique Jiménez Montilla, que se excusó) dispusieron la absolución.
La lectura de la sentencia de “Borquez” y “Camandona”, primeras dos investigaciones de maniobras con títulos públicos llevadas a juicio, empezó a las 19.41. Y empezó -vale la redundancia- por la declaración de prescripción de la tentativa de defraudación respecto de Martín y Ducca. La parte resolutiva concluyó con el rechazo de la pretensión de investigar por falso testimonio a Laura Alercia, ex abogada del Ministerio de Economía de la Nación, y a Julio Melchor Camandona, ex tenedor de títulos públicos en default. El TOF ofrecerá los fundamentos del fallo el 7 de octubre: a partir de ese momento, comenzará a correr el plazo de 10 días hábiles para la interposición del recurso de casación.
En términos generales, el fallo redujo las penas que había solicitado Leopoldo Peralta Palma, fiscal general subrogante ante el TOF, y, en principio -y si los tres años quedan firmes-, no acarreará el cumplimiento efectivo de prisión para ninguno de los condenados. El 25 de septiembre, el fiscal había pedido siete años para Terán y Martín; seis para Ducca; cuatro para Rigourd y dos años de prisión de ejecución condicional para Recalde.
Cuatro primeras veces
“Borquez” determinó la destitución de Terán en 2006 y, en 2007, la renuncia de Jorge Parache, ex juez federal N°1. En esta pesquisa el Ministerio Público daba cuenta de la adquisición de títulos públicos a posteriori del dictado de la medida cautelar que ordenaba al erario el pago de los papeles en dólares, en las condiciones previas a la pesificación forzosa dispuesta en 2001. En esta causa había en juego U$S 5,2 millones, que nunca llegaron a cobrarse.
En “Camandona” tampoco fueron percibidos los U$S 139.000 correspondientes a los bonos adquiridos antes del default. En este caso también hubo una medida cautelar sin monto favorable al peticionante, y en ella coincidieron como imputados Martín y Terán.
En su época, aquellas investigaciones hicieron ver las estrellas a la Justicia Federal de Tucumán, pero todo ello parecía lejano este martes, durante la audiencia en la que tuvieron lugar los alegatos de Rodolfo Burgos y de Pablo Bauque, abogados respectivos de Martín y de Terán; la réplica escueta de Peralta Palma; las contrarréplicas de los defensores y las palabras finales de los imputados.
En una sala con más público que de costumbre (el juicio había convocado a escasos espectadores durante las siete jornadas previas) y con voz temblorosa, Ducca dijo ser víctima de “un relato” y Recalde expresó que él se había limitado a desempeñar la tarea de cajero de Rigourd para MA Valores SA Sociedad de Bolsa. Con la ayuda de unas notas manuscritas, el productor de bolsa recordó que en su momento él también había asesorado al camarista Jiménez Montilla en relación con sus títulos públicos en default y que no hubo reproches. “Jiménez Montilla siguió en este tribunal y juzgó delitos de lesa humanidad”, expresó Rigourd.
En su primera intervención en el juicio, Martín manifestó que él diligenció oficios en “Borquez” por pedido del abogado Julio Barbaglia (no estuvo imputado y tampoco prestó declaración testimonial). “No puedo dar explicaciones por una causa en la que no participé”, añadió. Terán, por su parte, aseguró que “cayó” por haber denunciado la posible comisión de un delito en “Borquez”: “a alguien le toqué los talones. El fiscal de primera instancia (Carlos Brito) me persiguió porque no lo saludé alguna vez o porque no le concedí algo que no correspondía”. Terán dijo que él había sido el primer juez de la Nación en pedir una investigación de esta especie; también fue el primer juez federal de Tucumán destituido por el Jurado de Enjuiciamiento y el primero en sentarse entre los acusados. Por último y hasta que otro tribunal diga lo contrario, es el primer ex juez federal condenado: tales marcas resumen los nueve años de vida de “Borquez” y “Camandona”.
EL PORQUÉ DE LA SENTENCIA
• El Tribunal Oral comunicará los fundamentos de su decisión el 7 de octubre a partir de las 20.
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