Esto es violencia del Estado

Josefina Doz Costas - Directora de Andhes

Las escalofriantes imágenes que se hicieron públicas ayer deben interpelarnos sobre cuáles son las condiciones de posibilidad para que siga existiendo la tortura en el siglo XXI, año 2014 en Tucumán. Cuando vemos estas imágenes, tenemos que entender que esto es violencia institucional, es un Estado (un agente actuando en nombre del Estado) torturando a un ciudadano.

Impunidad. En cuestiones de violencia institucional, el círculo de impunidad se abre con la desigualdad de poder entre el torturado y el torturador que actúa en nombre del estado; se refuerza con la no existencia de una política decidida de prevención, investigación, sanción de la tortura; y se completa con la bajísima propensión a denunciar por parte de la víctima, por la desconfianza de la víctima en el sistema de Justicia y el temor a sufrir peores represalias. En este sentido, la reforma del Código Procesal Penal y el diseño de una política criminal por parte del Ministerio Público Fiscal es fundamental.

Institución policial. La tortura no ocurre sólo en cárceles y comisarías, ocurre en los operativos y prácticas policiales cotidianas. La estructura institucional de la Policía permite la “protección corporativa” de torturadores por sus pares, que se completa con la complicidad del Poder Judicial. La inconstitucional Ley de Contravenciones es una herramienta excepcional para la persistencia de estas prácticas. La Reforma integral de la institución policial, que desde Andhes venimos promoviendo a través de la “Campaña Reforma Policial ya” es ineludible.

Falta de mecanismos efectivos de prevención de la tortura. Argentina ratificó la Convención contra la Tortura y su protocolo facultativo. Mediante Ley Nacional 26.827 creó el Mecanismo Nacional que ordena “Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura” en todas las provincias. Tucumán promulgó en 2012 la ley 8.523 que crea ese mecanismo, pero no está operativa porque no se ha reglamentado. La reglamentación de la Ley 8.523 es urgente.

Hoy, como medida urgente, desde Andhes exigimos al Poder Ejecutivo la inmediata identificación y suspensión de los agentes involucrados (a quienes se puede identificar, entre otras cosas, por el número de la radio que se escucha claramente ante la llamada de la operadora); y al Poder Judicial la investigación y sanción penal correspondiente a los mismos.