01 Octubre 2014
El almacenamiento de los vehículos secuestrados por la Policía genera numerosos problemas a la institución. Por eso el secretario de Seguridad, Paul Hofer, adelantó el viernes que la Provincia tenía previsto sumarse a un programa del Gobierno nacional para compactar todos los rodados que no hayan sido reclamados por sus dueños en los 60 días siguientes al secuestro.
Con esa idea, el funcionario alperovichista se reunió ayer con representantes de la Nación a fin de cerrar el acuerdo. Sin embargo, una misiva que el ministro Fiscal, Edmundo Jiménez, le envió al gobernador, José Alperovich, dejaría en suspenso la iniciativa del ministerio de Seguridad.
El argumento que esgrimió el ministro Fiscal para oponerse a esta expeditiva adhesión que pretendía sumar a la Provincia al Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores -que está vigente desde 2009- es que, antes de sumarse a ese plan federal, el ministerio de Seguridad debe enviar al fuero penal un informe pormenorizado de cada uno de los vehículos que, según Hofer, están en condiciones de ser reducidos a chatarra.
En la misiva enviada al titular del Poder Ejecutivo Jiménez explicó: “el Ministerio Público está abocado a la investigación de los robos y hurtos de vehículos y motovehículos y, existiendo la posibilidad de que dichos rodados sean objeto de algún ilícito penal se considera que debe brindarse a este Ministerio un detalle exhaustivo de los bienes que se encuentran registrados como secuestro”.
Jiménez destacó la importancia de saber qué vehículos se pretenden destruir ante el incremento de los robos que se vienen cometiendo en los últimos meses. En este sentido remarcó que, sólo en el turno de la Fiscalía de Instrucción de la VIII° Nominación (desde el 8 al 16 de agosto) se registraron 149 robos de vehículos.
Ante estas alarmantes cifras el ministro consideró que la población debe conocer con precisión la manera en la que se procederá con el compactamiento de las unidades secuestradas. Es por esto que, en el informe requerido por el Ministerio Público, se exige que se detallen no sólo los vehículos que están secuestrados por infringir la Ley de Tránsito, sino que también se pide que se informe cuáles son los rodados que fueron secuestrados por un requerimiento judicial.
Entrega a los propietarios
El informe requerido por el ministro Jiménez, según argumentó en su misiva, busca que la Justicia disponga de la información necesaria “no sólo para la recuperación del bien a su legítimo propietario sino también para aportar datos a las investigaciones en trámite, como para el inicio de acciones judiciales tendientes a esclarecer los ilícitos de los cuales gran cantidad de ciudadanos resultaron perjudicados”.
Por estos motivos fue que el funcionario judicial consideró que se debe suspender la ejecución del plan de compactación que se anunció hasta que el Ministerio Público Fiscal cuente con la nómina completa de los vehículos secuestrados por la Policía.
El secretario de Seguridad había señalado que la Policía tiene secuestrados más de 12.000 vehículos de los cuales 7.000 estaban en condiciones de ser compactados para luego ser vendidos como chatarra. Además aclaró que la mayoría de estos rodados son motocicletas. Sin embargo, ahora deberá esperar la decisión que tomará el gobernador Alperovich que deberá analizar el pedido que le formuló la Justicia.
En tanto se supo que la máquina compactadora móvil llegaría a Tucumán recién a fines de este mes. Y, tal como había asegurado Hofer, se instalará en el predio de la Jefatura de Policía.
Con esa idea, el funcionario alperovichista se reunió ayer con representantes de la Nación a fin de cerrar el acuerdo. Sin embargo, una misiva que el ministro Fiscal, Edmundo Jiménez, le envió al gobernador, José Alperovich, dejaría en suspenso la iniciativa del ministerio de Seguridad.
El argumento que esgrimió el ministro Fiscal para oponerse a esta expeditiva adhesión que pretendía sumar a la Provincia al Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores -que está vigente desde 2009- es que, antes de sumarse a ese plan federal, el ministerio de Seguridad debe enviar al fuero penal un informe pormenorizado de cada uno de los vehículos que, según Hofer, están en condiciones de ser reducidos a chatarra.
En la misiva enviada al titular del Poder Ejecutivo Jiménez explicó: “el Ministerio Público está abocado a la investigación de los robos y hurtos de vehículos y motovehículos y, existiendo la posibilidad de que dichos rodados sean objeto de algún ilícito penal se considera que debe brindarse a este Ministerio un detalle exhaustivo de los bienes que se encuentran registrados como secuestro”.
Jiménez destacó la importancia de saber qué vehículos se pretenden destruir ante el incremento de los robos que se vienen cometiendo en los últimos meses. En este sentido remarcó que, sólo en el turno de la Fiscalía de Instrucción de la VIII° Nominación (desde el 8 al 16 de agosto) se registraron 149 robos de vehículos.
Ante estas alarmantes cifras el ministro consideró que la población debe conocer con precisión la manera en la que se procederá con el compactamiento de las unidades secuestradas. Es por esto que, en el informe requerido por el Ministerio Público, se exige que se detallen no sólo los vehículos que están secuestrados por infringir la Ley de Tránsito, sino que también se pide que se informe cuáles son los rodados que fueron secuestrados por un requerimiento judicial.
Entrega a los propietarios
El informe requerido por el ministro Jiménez, según argumentó en su misiva, busca que la Justicia disponga de la información necesaria “no sólo para la recuperación del bien a su legítimo propietario sino también para aportar datos a las investigaciones en trámite, como para el inicio de acciones judiciales tendientes a esclarecer los ilícitos de los cuales gran cantidad de ciudadanos resultaron perjudicados”.
Por estos motivos fue que el funcionario judicial consideró que se debe suspender la ejecución del plan de compactación que se anunció hasta que el Ministerio Público Fiscal cuente con la nómina completa de los vehículos secuestrados por la Policía.
El secretario de Seguridad había señalado que la Policía tiene secuestrados más de 12.000 vehículos de los cuales 7.000 estaban en condiciones de ser compactados para luego ser vendidos como chatarra. Además aclaró que la mayoría de estos rodados son motocicletas. Sin embargo, ahora deberá esperar la decisión que tomará el gobernador Alperovich que deberá analizar el pedido que le formuló la Justicia.
En tanto se supo que la máquina compactadora móvil llegaría a Tucumán recién a fines de este mes. Y, tal como había asegurado Hofer, se instalará en el predio de la Jefatura de Policía.
Lo más popular
