28 Septiembre 2014
Planificaban un barrio de 180 casas, se “cayó” por presuntas anomalías y ahora edificarán 126
El Tribunal de Cuentas había detectado sobreprecios e irregularidades en la licitación, pero el proyecto recobró vida la semana pasada. El plan comenzó hace dos años, con un presupuesto de $ 54,2 millones. Ahora costará, al menos, $ 58,7 millones. Dos ordenanzas.
SIN EDIFICACIONES. Las 4,5 hectáreas que se cedió al SOEM están detrás de un basural “verde”, en San José, al finalizar la avenida Fanzolato. LA GACETA/FOTO DE DIEGO ARAOZ
¿Cambio de planes? ¿Efectos de la suba generalizada de los precios en la construcción? ¿Posibles anomalías? El barrio para los empleados municipales de Yerba Buena aún no ha nacido, pero su historia ya está repleta de interrogantes.
Los primeros pasos administrativos para la obra comenzaron hace casi dos años; entonces, el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) preveía que se edificaran 180 casas, con $ 54,2 millones que aportaría la Nación. Sin embargo, una serie de presuntas irregularidades hizo “caer” el proyecto, luego de una adjudicación formulada por el Ipvdu a favor de la empresa GAMA que el Tribunal de Cuentas (TC) calificó de “irregular e ilegítima”, y observó además “con carácter de formal oposición”.
Pero la segunda, esta vez, podría ser la vencida. Al parecer, el predio de 4,5 hectáreas, cedido en 2012 por una ordenanza del Concejo Deliberante de Yerba Buena -la normativa fue modificada en la sesión de la semana que pasó-, será sede del proyecto habitacional para el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SEOM) de esa ciudad.
El Ipvdu logró resolver los nuevos cuestionamientos efectuados por el TC -entre ellos, otros presuntos sobreprecios-, y se confeccionó un pliego para la obra, que tendrá 126 casas (es decir, 54 menos que el plan original) y costará $ 58,7 millones (o sea, $ 4,5 millones más que cuando se proyectó el barrio).
El nacimiento
El 27 de noviembre de 2012, el Concejo Deliberante de Yerba Buena autorizó al intendente, Daniel Toledo, a transferir al SOEM, en carácter de donación, unas 4,5 hectáreas que se encuentran en San José, al final de la avenida Fanzolato.
La ordenanza establece que las tierras deben ser utilizadas para la conformación de un barrio, y tiene que intervenir el Ipvdu. Además, se otorgó un plazo de tres años para el cumplimiento. Así las cosas, la operatoria vence en noviembre de 2015.
El Ipvdu, una vez a cargo de la gestión del barrio, elaboró el proyecto “180 Viviendas e Infraestructura en Yerba Buena - Departamento Yerba Buena”. Según el acuerdo N° 2.280 del TC, de septiembre de 2013, el presupuesto era de $ 54,2 millones, y se iban a utilizar fondos de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación y del Fondo Nacional de Viviendas.
El primer conflicto surgió cuando el Ipvdu convocó a la licitación pública. Según la información del TC, sólo se presentó la empresa GAMA, que ofreció una cotización de $ 54,7 millones. El ente estatal le adjudicó la obra, pero el organismo de control, integrado por Miguel Chaibén Terraf (presidente), Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci (vocales) le requirió al interventor del Ipvdu, Gustavo Durán, mayores datos “a fines de contar con la totalidad de los elementos que permitan un pronunciamiento adecuado” (acuerdo N° 270/14). Las respuestas aportadas por Durán no fueron satisfactorias para el ente de contralor.
La caída
El 7 de abril pasado, el Tribunal de Cuentas se expresó en formal oposición al proceso licitatorio efectuado por el Ipvdu a favor de GAMA. Según el acuerdo N° 904/14, la empresa reenvió los documentos “con diversas correcciones a la oferta anterior, y de las cuales surge un nuevo presupuesto inferior al oficial en 3,54%”. Es decir, la firma proponía entonces ejecutar la obra por $ 52,8 millones (unos $ 2 millones menos). Los ingenieros fiscales del TC formularon una serie de cuestionamientos. Por ejemplo, marcaron “el elevado porcentual de aumento en el ítem nexo de gas (966,59%)”, y explicaron que este exceso se debía a obras complementarias no previstas en el pliego. “Se corrigen diversos ítems por errores en los cómputos cometidos en la oferta original, los cuales podrían haber luego influido en el presupuesto que se aprueba con probable perjucio económico al Estado. Se considera necesario advertir al organismo (por el Ipvdu) que tenga una mayor atención y dedicación por parte de sus estamentos técnicos en el análisis de las documentaciones que se aprueban”, señaló el TC. Los contadores fiscales agregaron que el proceso “careció de un análisis serio por parte de la empresa y de los distintos estamentos de la repartición, quienes sin formular ningún tipo de observación no advirtieron errores de cómputos como el mal uso de la escala métrica, precios unitarios incorrectos”, entre otras. Así, el ente de control concluyó que la modificación de la oferta original del pliego fue un procedimiento “irregular e ilegítimo”.
El 27 de mayo, el Ipvdu se vio obligado a rechazar “en todos sus términos” la oferta de GAMA y a declarar desierta la licitación pública, según el acuerdo 1.584.
El resurgimiento
El barrio para los municipales de Yerba Buena no murió. El acuerdo N° 2.668, publicado el 11 de agosto por el TC, reveló que el Ipvdu había reconfeccionado el pliego de condiciones generales y particulares para la obra, esta vez denominada “126 Viviendas e Infraestructura en Yerba Buena - Departamento Yerba Buena”. Con este trámite, la repartición preparaba la licitación con un presupuesto oficial de $ 58,7 millones (siempre de origen federal).
Otra vez hubo objeciones por parte del ente de control. “Se considera llamativa la diferencia entre los montos estimados para el rubro Pozo y Obras Complementarias, ya que en una licitación similar a la presente se calculaba para este ítem en mayo de 2013 una suma de $ 850.000, siendo en esta ocasión un monto de $ 1,38 millones (un 61,33% mayor en 14 meses) sin adjuntar análisis de precios para este rubro”, indicó el Tribunal de Cuentas en el acuerdo N° 2.668.
El 27 de agosto, el ente de control emitió el último acuerdo (N° 2.907) referido a este proyecto, y señaló que se había dado cumplimiento a todas las observaciones. Por fin, se aprobó el trámite.
¿Final feliz?
El martes último, en una sesión especial del Concejo yerbabuenense, que había sido convocada de urgencia, los ediles cambiaron la ordenanza a través de la cual habían autorizado a la Intendencia a que le transfiera a su sindicato las tierras.
Los concejales eliminaron los artículos tercero y cuarto, en los que se consignaba que las casas iban a estar destinadas únicamente a afiliados al SOEM, y se establecía que el sindicato debía realizar un registro de beneficiarios. El toledista Luciano Villegas argumentó que el expediente había sido enviado por el Ejecutivo, porque así lo requirió el Ipvdu.
Según una ronda de consultas realizada por este diario, la mayoría de los ediles ignoraba ese día, mientras sesionaban, que hace cuatro meses se había efectuado la licitación que luego el TC dio por fracasada.
Los primeros pasos administrativos para la obra comenzaron hace casi dos años; entonces, el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) preveía que se edificaran 180 casas, con $ 54,2 millones que aportaría la Nación. Sin embargo, una serie de presuntas irregularidades hizo “caer” el proyecto, luego de una adjudicación formulada por el Ipvdu a favor de la empresa GAMA que el Tribunal de Cuentas (TC) calificó de “irregular e ilegítima”, y observó además “con carácter de formal oposición”.
Pero la segunda, esta vez, podría ser la vencida. Al parecer, el predio de 4,5 hectáreas, cedido en 2012 por una ordenanza del Concejo Deliberante de Yerba Buena -la normativa fue modificada en la sesión de la semana que pasó-, será sede del proyecto habitacional para el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SEOM) de esa ciudad.
El Ipvdu logró resolver los nuevos cuestionamientos efectuados por el TC -entre ellos, otros presuntos sobreprecios-, y se confeccionó un pliego para la obra, que tendrá 126 casas (es decir, 54 menos que el plan original) y costará $ 58,7 millones (o sea, $ 4,5 millones más que cuando se proyectó el barrio).
El nacimiento
El 27 de noviembre de 2012, el Concejo Deliberante de Yerba Buena autorizó al intendente, Daniel Toledo, a transferir al SOEM, en carácter de donación, unas 4,5 hectáreas que se encuentran en San José, al final de la avenida Fanzolato.
La ordenanza establece que las tierras deben ser utilizadas para la conformación de un barrio, y tiene que intervenir el Ipvdu. Además, se otorgó un plazo de tres años para el cumplimiento. Así las cosas, la operatoria vence en noviembre de 2015.
El Ipvdu, una vez a cargo de la gestión del barrio, elaboró el proyecto “180 Viviendas e Infraestructura en Yerba Buena - Departamento Yerba Buena”. Según el acuerdo N° 2.280 del TC, de septiembre de 2013, el presupuesto era de $ 54,2 millones, y se iban a utilizar fondos de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación y del Fondo Nacional de Viviendas.
El primer conflicto surgió cuando el Ipvdu convocó a la licitación pública. Según la información del TC, sólo se presentó la empresa GAMA, que ofreció una cotización de $ 54,7 millones. El ente estatal le adjudicó la obra, pero el organismo de control, integrado por Miguel Chaibén Terraf (presidente), Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci (vocales) le requirió al interventor del Ipvdu, Gustavo Durán, mayores datos “a fines de contar con la totalidad de los elementos que permitan un pronunciamiento adecuado” (acuerdo N° 270/14). Las respuestas aportadas por Durán no fueron satisfactorias para el ente de contralor.
La caída
El 7 de abril pasado, el Tribunal de Cuentas se expresó en formal oposición al proceso licitatorio efectuado por el Ipvdu a favor de GAMA. Según el acuerdo N° 904/14, la empresa reenvió los documentos “con diversas correcciones a la oferta anterior, y de las cuales surge un nuevo presupuesto inferior al oficial en 3,54%”. Es decir, la firma proponía entonces ejecutar la obra por $ 52,8 millones (unos $ 2 millones menos). Los ingenieros fiscales del TC formularon una serie de cuestionamientos. Por ejemplo, marcaron “el elevado porcentual de aumento en el ítem nexo de gas (966,59%)”, y explicaron que este exceso se debía a obras complementarias no previstas en el pliego. “Se corrigen diversos ítems por errores en los cómputos cometidos en la oferta original, los cuales podrían haber luego influido en el presupuesto que se aprueba con probable perjucio económico al Estado. Se considera necesario advertir al organismo (por el Ipvdu) que tenga una mayor atención y dedicación por parte de sus estamentos técnicos en el análisis de las documentaciones que se aprueban”, señaló el TC. Los contadores fiscales agregaron que el proceso “careció de un análisis serio por parte de la empresa y de los distintos estamentos de la repartición, quienes sin formular ningún tipo de observación no advirtieron errores de cómputos como el mal uso de la escala métrica, precios unitarios incorrectos”, entre otras. Así, el ente de control concluyó que la modificación de la oferta original del pliego fue un procedimiento “irregular e ilegítimo”.
El 27 de mayo, el Ipvdu se vio obligado a rechazar “en todos sus términos” la oferta de GAMA y a declarar desierta la licitación pública, según el acuerdo 1.584.
El resurgimiento
El barrio para los municipales de Yerba Buena no murió. El acuerdo N° 2.668, publicado el 11 de agosto por el TC, reveló que el Ipvdu había reconfeccionado el pliego de condiciones generales y particulares para la obra, esta vez denominada “126 Viviendas e Infraestructura en Yerba Buena - Departamento Yerba Buena”. Con este trámite, la repartición preparaba la licitación con un presupuesto oficial de $ 58,7 millones (siempre de origen federal).
Otra vez hubo objeciones por parte del ente de control. “Se considera llamativa la diferencia entre los montos estimados para el rubro Pozo y Obras Complementarias, ya que en una licitación similar a la presente se calculaba para este ítem en mayo de 2013 una suma de $ 850.000, siendo en esta ocasión un monto de $ 1,38 millones (un 61,33% mayor en 14 meses) sin adjuntar análisis de precios para este rubro”, indicó el Tribunal de Cuentas en el acuerdo N° 2.668.
El 27 de agosto, el ente de control emitió el último acuerdo (N° 2.907) referido a este proyecto, y señaló que se había dado cumplimiento a todas las observaciones. Por fin, se aprobó el trámite.
¿Final feliz?
El martes último, en una sesión especial del Concejo yerbabuenense, que había sido convocada de urgencia, los ediles cambiaron la ordenanza a través de la cual habían autorizado a la Intendencia a que le transfiera a su sindicato las tierras.
Los concejales eliminaron los artículos tercero y cuarto, en los que se consignaba que las casas iban a estar destinadas únicamente a afiliados al SOEM, y se establecía que el sindicato debía realizar un registro de beneficiarios. El toledista Luciano Villegas argumentó que el expediente había sido enviado por el Ejecutivo, porque así lo requirió el Ipvdu.
Según una ronda de consultas realizada por este diario, la mayoría de los ediles ignoraba ese día, mientras sesionaban, que hace cuatro meses se había efectuado la licitación que luego el TC dio por fracasada.
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