28 Septiembre 2014
El legislador massista Gerónimo Vargas Aignasse y su par, el alperovichista Raúl Hadla, se desafiaron a realizarse estudios de detección de droga en orina y a exhibir sus declaraciones juradas, luego de un duro cruce verbal que mantuvieron durante la semana. Pero el duelo podría no quedar allí.
El concejal radical José Luis Avignone irrumpió en la escena con dos presentaciones judiciales, para que se investigue si, de los dichos de ambos parlamentarios, se podría desprender la posible comisión de un delito. Los escritos firmados por el edil opositor ingresaron a los despachos del fiscal federal Carlos Brito, y del ministro fiscal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), Edmundo Jiménez. “El flagelo de la droga y su comercialización caló tan hondo en nuestra sociedad que es uno de los males, por sus connotaciones, difícil de erradicar y combatir a la vez”, señaló Avignone en ambos escritos.
El conflicto se originó en pleno debate mediático por un supuesto plan para conseguir, vía judicial, la reelección indefinida para cargos legislativos. La estrategia, que se le adjudica a un sector del peronismo “veterano” del parlamento, generó el rechazo del massista Vargas Aignasse, quien incluyó en ese grupo al oficialista Hadla.
Este retrucó que no tenía intenciones de “re-re”, y que buscará ser intendente en Alberdi en 2015. Y dijo que, más allá de ese debate, le preocupaba más el narcotráfico. “De eso el doctor Vargas Aignasse sabe”, apuntó Hadla. Y recordó que una persona de su entorno había sido detenida por una causa sobre drogas. Ante esto, el referente del Frente Renovador criticó al alperovichista porque consideró que aludía a su familiar que había sufrido la adicción a las drogas, pero ya se había recuperado. Contraatacó asegurando que se ocupa de combatir este delito con denuncias y con programas, y recordó el plan de alarmas “Alerta Tucumán”, que -asegura- es financiado con sus gastos sociales. E inquirió a su par: “¿qué hizo Hadla en estos 11 años con sus gastos sociales?”
Tras esto, el massista y el alperovichista acordaron un desafío: exhibir sus declaraciones juradas de la última década para medir la evolución patrimonial, y realizarse un test de detección de droga en orina (Vargas Aignasse se sometió a uno en abril, y le dio negativo).
Las graves declaraciones cruzadas, que deslizaban presuntos vínculos con narcos y el supuesto mal uso de los fondos públicos, generaron la reacción de Avignone. “Las declaraciones de Hadla no pecan de inocencia alguna”, señaló Avignone. Y requirió investigaciones de oficio al fuero federal y provincial.
“Obsecuencia”.- “Las declaraciones del legislador Raúl Hadla contra el legislador Vargas Aignasse tienen que ver con la obsecuencia al Gobierno corrupto que defiende, y no con la lucha contra el narcotráfico en la que nadie del oficialismo se ha comprometido”, acusó el ex parlamentario peronista Pedro Balceda, ahora alineado al Acuerdo Cívico y Social. Y criticó las versiones de “re-re” indefinida. “Querer continuar en las bancas a través de presionar a la Justicia tiene que ver con la defensa de la corrupción, de la inseguridad, con la exclusión social que generó en 12 años este gobierno”, agregó Balceda.
“Es extemporánea”.- El legislador José Páez, de la Democracia Cristiana, también cuestionó el supuesto plan de la “re-re” para legisladores. “Toda acción judicial que se intente es extemporánea, y sólo constituye un atajo del alperovichismo ante la inminencia de perder el control de la provincia. “Las acciones que fulminaron de inconstitucionalidad del CAM y la conformación de la Junta Electoral Provincial constituyeron diques concretos y oportunos a la voluntad abusiva del alperovichismo”, añadió.
El concejal radical José Luis Avignone irrumpió en la escena con dos presentaciones judiciales, para que se investigue si, de los dichos de ambos parlamentarios, se podría desprender la posible comisión de un delito. Los escritos firmados por el edil opositor ingresaron a los despachos del fiscal federal Carlos Brito, y del ministro fiscal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), Edmundo Jiménez. “El flagelo de la droga y su comercialización caló tan hondo en nuestra sociedad que es uno de los males, por sus connotaciones, difícil de erradicar y combatir a la vez”, señaló Avignone en ambos escritos.
El conflicto se originó en pleno debate mediático por un supuesto plan para conseguir, vía judicial, la reelección indefinida para cargos legislativos. La estrategia, que se le adjudica a un sector del peronismo “veterano” del parlamento, generó el rechazo del massista Vargas Aignasse, quien incluyó en ese grupo al oficialista Hadla.
Este retrucó que no tenía intenciones de “re-re”, y que buscará ser intendente en Alberdi en 2015. Y dijo que, más allá de ese debate, le preocupaba más el narcotráfico. “De eso el doctor Vargas Aignasse sabe”, apuntó Hadla. Y recordó que una persona de su entorno había sido detenida por una causa sobre drogas. Ante esto, el referente del Frente Renovador criticó al alperovichista porque consideró que aludía a su familiar que había sufrido la adicción a las drogas, pero ya se había recuperado. Contraatacó asegurando que se ocupa de combatir este delito con denuncias y con programas, y recordó el plan de alarmas “Alerta Tucumán”, que -asegura- es financiado con sus gastos sociales. E inquirió a su par: “¿qué hizo Hadla en estos 11 años con sus gastos sociales?”
Tras esto, el massista y el alperovichista acordaron un desafío: exhibir sus declaraciones juradas de la última década para medir la evolución patrimonial, y realizarse un test de detección de droga en orina (Vargas Aignasse se sometió a uno en abril, y le dio negativo).
Las graves declaraciones cruzadas, que deslizaban presuntos vínculos con narcos y el supuesto mal uso de los fondos públicos, generaron la reacción de Avignone. “Las declaraciones de Hadla no pecan de inocencia alguna”, señaló Avignone. Y requirió investigaciones de oficio al fuero federal y provincial.
“Obsecuencia”.- “Las declaraciones del legislador Raúl Hadla contra el legislador Vargas Aignasse tienen que ver con la obsecuencia al Gobierno corrupto que defiende, y no con la lucha contra el narcotráfico en la que nadie del oficialismo se ha comprometido”, acusó el ex parlamentario peronista Pedro Balceda, ahora alineado al Acuerdo Cívico y Social. Y criticó las versiones de “re-re” indefinida. “Querer continuar en las bancas a través de presionar a la Justicia tiene que ver con la defensa de la corrupción, de la inseguridad, con la exclusión social que generó en 12 años este gobierno”, agregó Balceda.
“Es extemporánea”.- El legislador José Páez, de la Democracia Cristiana, también cuestionó el supuesto plan de la “re-re” para legisladores. “Toda acción judicial que se intente es extemporánea, y sólo constituye un atajo del alperovichismo ante la inminencia de perder el control de la provincia. “Las acciones que fulminaron de inconstitucionalidad del CAM y la conformación de la Junta Electoral Provincial constituyeron diques concretos y oportunos a la voluntad abusiva del alperovichismo”, añadió.
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