Los imputados serán juzgados por asesinatos y desapariciones

En la última audiencia, estuvieron por primera vez en la sala. Al llegar y durante los cuartos intermedios, algunos compartieron caramelos y palmadas en la espalda; otros, se concentraron en hablar con sus abogados defensores y en hacer anotaciones. Los imputados de la megacausa “Villa Urquiza”, sin embargo, permanecieron casi imperturbables durante la lectura de los crímenes de lesa humanidad por los que se encuentran acusados. En la lista se incluyen desde privaciones ilegítimas de la libertad hasta violaciones de prisioneras y homicidios en el pabellón de presos políticos -denominado “De la Muerte”- de la penitenciaría que tuvo las características de un centro clandestino entre 1975 y 1983.

Diez de los 11 sospechosos se acomodaron en las tres filas de sillas, a metros de los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga: Jorge Lazarte (70), Roberto Albornoz (83), Daniel Álvarez (67), Ángel Audes (83), Augusto Wertel Montenegro (86), Santo González (86), Juan Carlos Medrano (68), Pedro Fidel García (81), Francisco Ledesma (65) y Héctor Valenzuela (66 años).

José Víctor Gerez (85 años) sufrió una descompensación y tuvo que ser trasladado a un hospital.

Sobre el ex policía Albornoz pesan cuatro condenas a perpetua de juicios anteriores. “El Tuerto” se desempeñó, según reiterados fallos, como jefe del Servicio de Informaciones Confidenciales (SIC) o D2. El ex militar Lazarte, en tanto, fue sentenciado el año pasado a 10 años en la megacausa “Arsenales II-Jefatura II”. De acuerdo con la acusación, fue supervisor de esa área de inteligencia policial entre 1974 y 1975.

El resto de los acusados habrían sido guardiacárceles, celadores o conserjes en el penal. Inclusive, algunos de ellos están acusados de pertenecer a una “patota” interna que habría sometido a torturas y maltratos a los detenidos.

Asesinatos y violaciones

Los imputados serán juzgados por los homicidios de los detenidos Juan Carlos Suter y José Torrente. El secretario del TOF, Mariano García Zavalía, y la prosecretaria Florencia Pero leyeron las circunstancias de las muertes de ambos. Suter no habría soportado las torturas, de acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio. La versión oficial, que contradice los testimonios de sobrevivientes, afirma que al militante justicialista lo retiraron de su celda el 9 de julio de 1976 con el argumento de que necesitaba atención médica y que horas después lo habrían encontrado muerto.

Torrente, de acuerdo con el documento, fue apuñalado tras un simulacro de motín el 26 de mayo de 1976. Allí se detalló que el crimen se habría producido en presencia del fallecido represor Antonio Domingo Bussi.

También se definirán las responsabilidades en las desapariciones forzadas de Alberto Ferreyra (militante peronista y empleado municipal), Jorge Kofman (obrero y estudiante), Marcos Pérez (dirigente gremial del Ingenio Concepción) y Manuel Ascencio Tajan (dirigente gremial del Ingenio Concepción).

En relación a la situación de las mujeres detenidas, se leyeron fragmentos de testimonios de presos comunes que detallaron los delitos sexuales a los que fueron sometidas (las identidades de las víctimas permanecen resguardadas por el tipo de padecimientos que sufrieron).

En las declaraciones de sobrevivientes se da cuenta de cruentas agresiones sexuales hacia las reclusas e, inclusive, de embarazos y nacimientos como consecuencia de las violaciones sistemáticas. También consignaron que hubo niños pequeños que fueron secuestrados junto a sus madres y que permanecieron algún tiempo en el penal.