10 Septiembre 2014
La partición del Ministerio Público en un órgano para acusar y otro para defender prevé la elección de un defensor general por concurso público de antecedentes y oposición. Este es uno de los aspectos sobresalientes del proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que tiene el respaldo de los cinco vocales de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), según informó Antonio Gandur, titular del cuerpo.
La iniciativa será girada en los próximos días al Poder Ejecutivo (PE) y a la Legislatura, en virtud de las facultades legales de la Corte. Si el texto no es modificado, el actual Ministerio Público quedará compuesto por un Ministerio Público Fiscal, a cargo de un ministro elegido discrecionalmente por el gobernador, y un Ministerio Público Pupilar, a cargo de un funcionario designado por el PE a partir de la terna de candidatos que confeccione el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), previa celebración de un proceso de selección. Tal matiz fue sugerido por Gandur al momento de analizar el borrador que había presentado la vocal Claudia Sbdar con el apoyo de su par Daniel Posse. Luego, durante el estudio del proyecto, dieron respectivamente su aquiescencia los vocales Antonio Estofán y René Goane.
El Ministerio Público Pupilar así planteado está encabezado por un defensor general (un abogado con 40 o más años de edad, que acredite 15 de ejercicio de la profesión o de la magistratura) e integrado por los defensores penales, de menores, en lo civil y laboral, y auxiliares. La enmienda que propone la Corte pone en cabeza del defensor general las funciones de producir instrucciones generales y particulares a los miembros de su ministerio; realizar las acciones conducentes para la defensa y protección de los derechos humanos; promover y ejecutar políticas para facilitar el acceso a la Justicia de los sectores discriminados o vulnerables; asegurar en todas las instancias y procesos la debida asistencia de cada una de las partes con intereses contrapuestos mediante la designación, si correspondiese, de diferentes defensores, etcétera.
Aunque no lo menciona expresamente, la iniciativa comprende la posibilidad de defender a las víctimas del delito que no pueden costearse un abogado. En el presente, la defensa oficial está casi enfocada con exclusividad a la asistencia del acusado, lo que supone una desventaja para los querellantes que carecen de recursos económicos, según la Fundación María de los Ángeles y la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad.
“En la provincia de Tucumán, la organización jerárquica del Ministerio Público Fiscal y Pupilar bajo la jefatura del ministro fiscal, que ejerce la superintendencia sobre ambos, provoca un desequilibrio institucional que debe ser corregido”, postulan los vocales de la CSJT en los fundamentos, donde sostienen que la división del órgano puede ser practicada sin necesidad de una reforma constitucional.
Si prospera, la iniciativa restará poder a Edmundo Jiménez, el ministro público que asumió en agosto. “No hubo problemas con que fiscales y defensores estén juntos porque el ministro no puede dar instrucciones a los defensores y sí a los fiscales. Pero el proyecto de la Corte es ‘escuchable’ porque parece que no es posible acusar y defender al mismo tiempo”, dijo antes de jurar en el cargo. Funcionarios del Poder Ejecutivo comentaron que, en principio, el proyecto sería avalado por el Gobierno.
La iniciativa será girada en los próximos días al Poder Ejecutivo (PE) y a la Legislatura, en virtud de las facultades legales de la Corte. Si el texto no es modificado, el actual Ministerio Público quedará compuesto por un Ministerio Público Fiscal, a cargo de un ministro elegido discrecionalmente por el gobernador, y un Ministerio Público Pupilar, a cargo de un funcionario designado por el PE a partir de la terna de candidatos que confeccione el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), previa celebración de un proceso de selección. Tal matiz fue sugerido por Gandur al momento de analizar el borrador que había presentado la vocal Claudia Sbdar con el apoyo de su par Daniel Posse. Luego, durante el estudio del proyecto, dieron respectivamente su aquiescencia los vocales Antonio Estofán y René Goane.
El Ministerio Público Pupilar así planteado está encabezado por un defensor general (un abogado con 40 o más años de edad, que acredite 15 de ejercicio de la profesión o de la magistratura) e integrado por los defensores penales, de menores, en lo civil y laboral, y auxiliares. La enmienda que propone la Corte pone en cabeza del defensor general las funciones de producir instrucciones generales y particulares a los miembros de su ministerio; realizar las acciones conducentes para la defensa y protección de los derechos humanos; promover y ejecutar políticas para facilitar el acceso a la Justicia de los sectores discriminados o vulnerables; asegurar en todas las instancias y procesos la debida asistencia de cada una de las partes con intereses contrapuestos mediante la designación, si correspondiese, de diferentes defensores, etcétera.
Aunque no lo menciona expresamente, la iniciativa comprende la posibilidad de defender a las víctimas del delito que no pueden costearse un abogado. En el presente, la defensa oficial está casi enfocada con exclusividad a la asistencia del acusado, lo que supone una desventaja para los querellantes que carecen de recursos económicos, según la Fundación María de los Ángeles y la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad.
“En la provincia de Tucumán, la organización jerárquica del Ministerio Público Fiscal y Pupilar bajo la jefatura del ministro fiscal, que ejerce la superintendencia sobre ambos, provoca un desequilibrio institucional que debe ser corregido”, postulan los vocales de la CSJT en los fundamentos, donde sostienen que la división del órgano puede ser practicada sin necesidad de una reforma constitucional.
Si prospera, la iniciativa restará poder a Edmundo Jiménez, el ministro público que asumió en agosto. “No hubo problemas con que fiscales y defensores estén juntos porque el ministro no puede dar instrucciones a los defensores y sí a los fiscales. Pero el proyecto de la Corte es ‘escuchable’ porque parece que no es posible acusar y defender al mismo tiempo”, dijo antes de jurar en el cargo. Funcionarios del Poder Ejecutivo comentaron que, en principio, el proyecto sería avalado por el Gobierno.
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