Morelli nombró a la esposa de su chofer, que había firmado recibos como "asesor"

El arquitecto Osvaldo Morelli, intendente de Concepción, parece tener una plena confianza en su chofer, José Enrique Salica, y en el entorno de este.

En 2006, cuando se celebró la Convención Constituyente (CC) que reformó -supuestamente ad honorem- la Constitución provincial, Salica firmó comprobantes por $ 32.000 debido a su presunta labor como asesor de Morelli, según recibos de la CC a los que accedió LA GACETA.

Este año, el jefe municipal de “La Perla del Sur” estrechó aún más los lazos con su conductor asignado. El 27 de enero pasado, el funcionario alperovichista firmó el decreto N° 22/14, que designa a la esposa de Salica, María Soledad Rodríguez, como directora de Calidad de Vida, en planta permanente y en categoría 24, la más alta en ese municipio.

En diciembre de 2013, cuando habían tomado estado público los recibos por gastos de la CC, Morelli defendió a su empleado asegurando que esos comprobantes eran apócrifos. Ayer, otra vez ante una consulta de LA GACETA, el intendente de Concepción volvió a desestimar maniobra irregular a través de Salica. “Nada tiene que ver la Convención Constituyente en todo esto. Yo (a Rodríguez de Salica) la nombré por la capacidad que tiene. Mi chofer no tiene nada que ver, pero siguen insistiendo con eso”, renegó el jefe municipal.

Más allá de la defensa de Morelli, en “La Perla del Sur” la situación ha generado polémica. “El intendente, además de movilizarse en el vehículo oficial de la Municipalidad para tareas que no eran propias de su cargo, hizo firmar recibos a su chofer como asesor. Y cuando esto toma estado público, designa a la esposa del señor Salica en planta permanente. Todo indica que Morelli no sólo ha lucrado con los fondos de la Convención, sino también que con nombramientos busca callar la verdad de un hecho que nunca dilucidó”, afirmó Raúl Albarracín (UCR), ex concejal de esa ciudad.

En diciembre de 2004, a un año de la llegada de José Alperovich a la conducción del PE, la Legislatura sancionó la Ley N° 7.469, que habilitaba una reforma parcial de la Constitución provincial. El artículo 9° de la norma establecía que “los convencionales constituyentes gozarán de los derechos, prerrogativas e inmunidades inherentes a los legisladores provinciales y sus funciones serán desempeñadas ad honorem, con excepción de los gastos que demande el cumplimiento de las mismas”.

Sobre la base de este último argumento, el cuerpo constituyente aprobó las erogaciones de la nueva Carta Magna el 6 de junio de 2006. Según el decreto N° 1.039, firmado en abril de 2007 por el gobernador, el costo ascendió a $ 1,8 millón. De todas formas, este diario accedió a supuestos recibos de la convención, cuya sumatoria supera los $ 2 millones.

En total, Salica firmó recibos por $ 32.000 en 2006, según los comprobantes que fueron publicados por LA GACETA el año pasado. Esto significó el 38% de los recursos para erogaciones operativas que había destinado la CC a la bancada de Participación Cívica, una agrupación de radicales alperovichistas.

En diciembre del año pasado, LA GACETA habló con el chofer de Morelli. “Yo, la verdad, no sabía de esta cosa”, afirmó el hombre de 43 años, en alusión a los comprobantes difundidos. Luego, el intendente afirmó que eran apócrifos, y habían sido adulterados en la oficina de su ex presidente de bloque, Carlos Courel.

Sin embargo, otra vez aparecen datos sobre la extrema confianza que tiene el jefe municipal de Concepción en su conductor oficial. En enero, a dos meses de la que estallara el escándalo, la esposa de Salica llegó a planta permanente con categoría máxima, según el boletín oficial.

LA GACETA intentó conversar con ella, pero en la Municipalidad un empleado dijo que ella no tenía teléfono en su oficina. “Déjeme su celular, ella le devolverá el llamado”, afirmó el recepcionista. Rodríguez no contestó, pero sí lo hizo Morelli.

“Ella se encarga de revisar e inspeccionar todo lo que tiene que ver con (la higiene) de los lugares donde acude la gente, como restaurantes, bares y otros espacios públicos. Además, controla (el correcto tratamiento de) los residuos patológicos”, explicó el intendente, que asemejó esa repartición a las tareas de bromatología. “Ella tiene título”, agregó, luego de que LA GACETA le consultara si Rodríguez había realizado una especialización de algún tipo para desarrollar esas tareas. Sin embargo, no aclaró cuál era la profesión de la encargada de Calidad de Vida. Justificó además la categoría que le asignó. “Ejerce como directora, no puede ser menos (que categoría 24)”, indicó.

Señaló después que se trataba de “un cargo político”. “Significa que yo puedo poner a alguien, tenga o no título, porque se trata de un área en la que necesitamos gente de confianza. Ella (por Rodríguez) sí está capacitada”, insistió Morelli.

En la jerga dirigencial, un “cargo político” es aquel que finaliza con el mandato o la decisión del referente del espacio. Pero en este caso, cuando terminé la gestión de Morelli, Rodríguez seguirá siendo funcionaria de la más alta categoría, porque fue incorporada como planta permanente.

Claves del escándalo

¿Qué tarea cumple la Convención Constituyente?

Una vez que la Legislatura sanciona una ley de necesidad de reforma constitucional, que fija los aspectos que pueden ser modificados, se cita a comicios de convencional constituyente, que deberán llevar adelante esa tarea normativa. 

¿Cuándo se reformó por última vez la Constitución?

El alperovichismo concretó la reforma el 6 de junio de 2006. Según la ley que convocó la Convención, la tarea de los 40 integrantes de ese cuerpo era “ad honorem”. Pero la labor insumió gastos por, al menos, $ 1,8 millón en asesores.

¿Cómo se supo de esas erogaciones?

Si bien ya habían sido aprobados por decreto gubernamental en 2007, el año pasado LA GACETA difundió recibos de gastos de la Convención. Opositores -como José Páez- se quejaron porque habían recibido menos plata que sus pares oficialistas.