07 Septiembre 2014
EN 2013. En marzo del año pasado, ruralistas de Tucumán se reunieron ante su enojo por las políticas oficiales. la gaceta / foto de diego aráoz (archivo)
El malestar del campo por la aprobación de la reformas de la Ley de Abastecimiento y otras normas de Defensa del Consumidor, desembocará en posibles medidas de protesta, extendidas a distintos sectores sociales y económicos, en todo el país. Así lo afirmó la Sociedad Rural de Tucumán (SRT), que además reclamó a los legisladores nacionales por Tucumán que voten en contra de las normas impulsadas por la Casa Rosada. “Este modelo nos lleva a diario a mayor inflación, escasez y pleno estado de recesión”, dijo la entidad en un comunicado.
El viernes, último día de la semana hábil, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) confirmó la Resolución 2750, que exige a la empresas agrícolas declarar de manera georreferenciada la ubicación física de soja en depósitos o silo bolsas. La medida provocó la reacción de las entidades rurales, al considerar que es una herramienta que se sumará a la nueva Ley de Abastecimiento, en caso de ser aprobada en el Parlamento, que permitirá un decomiso de la producción de la oleaginosa en manos de los productores. “Es una cabal muestra de que es el principio de una nueva escalada contra el campo”, afirmó la SRT.
“La prórroga de la obligación de informar los stock granarios del 30 de agosto al 30 de septiembre es por esta nueva exigencia. Sin dudas, apunta a que con la nueva Ley de Abastecimiento, que ya cuenta con media sanción del Senado de la Nación y que se tratará en Diputados el próximo 17 del corriente, puedan avanzar con el decomiso de soja u otros cereales aún en poder de los productores”, insistió la entidad en la nota, que según sus cálculos, la existencia de mercadería llegaría a 22 millones de toneladas de la oleaginosa, aproximadamente.
La Sociedad Rural calificó que las iniciativas de la gestión de Cristina Fernández podrían llevar a la reedición de un nuevo escenario de conflicto entre el Gobierno y el campo. También remarcó que la SRT recurrirá a la Justicia, al juzgar que violan derechos constitucionales.
En esa misma línea, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Etchevehere, advirtió que hay alarma en los campos porque con la ley de Abastecimiento se quiere confiscar la producción, por lo cual ratificó que acudirán a la Justicia para declarar su inconstitucionalidad. “El proyecto de ley del oficialismo dice claramente que permitiría la confiscación de la producción”, indicó el dirigente. Etchevehere manifestó: “la verdad es que en vez de ponerle un GPS a la soja, habría que ponérselo a (el vicepresidente Amado) Boudou para facilitarle la tarea a los fiscales”, consignó la agencia de noticias DyN.
Los proyectos que la Casa Rosada envió al Congreso, junto con el del cambio de sede de pago de la deuda externa reestructurada, contempla un nuevo sistema de resolución de conflictos en relaciones de consumo, con la creación de un fuero especial para atender este tipo de asuntos; otra iniciativa que crea un Observatorio de Precios (de Defensa del Consumidor); y la reforma de la Ley de Abastecimiento, que propone acciones de intervención estatal para evitar abusos y la apropiación indebida del excedente de la cadena de valor, según el texto. Entre los cambios anunciados por el oficialismo se encontraron la eliminación de la Secretaría de Comercio como autoridad de aplicación, dejando en manos del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) la potestad de poner en marcha la norma, y la exclusión de las PyME.
El viernes, último día de la semana hábil, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) confirmó la Resolución 2750, que exige a la empresas agrícolas declarar de manera georreferenciada la ubicación física de soja en depósitos o silo bolsas. La medida provocó la reacción de las entidades rurales, al considerar que es una herramienta que se sumará a la nueva Ley de Abastecimiento, en caso de ser aprobada en el Parlamento, que permitirá un decomiso de la producción de la oleaginosa en manos de los productores. “Es una cabal muestra de que es el principio de una nueva escalada contra el campo”, afirmó la SRT.
“La prórroga de la obligación de informar los stock granarios del 30 de agosto al 30 de septiembre es por esta nueva exigencia. Sin dudas, apunta a que con la nueva Ley de Abastecimiento, que ya cuenta con media sanción del Senado de la Nación y que se tratará en Diputados el próximo 17 del corriente, puedan avanzar con el decomiso de soja u otros cereales aún en poder de los productores”, insistió la entidad en la nota, que según sus cálculos, la existencia de mercadería llegaría a 22 millones de toneladas de la oleaginosa, aproximadamente.
La Sociedad Rural calificó que las iniciativas de la gestión de Cristina Fernández podrían llevar a la reedición de un nuevo escenario de conflicto entre el Gobierno y el campo. También remarcó que la SRT recurrirá a la Justicia, al juzgar que violan derechos constitucionales.
En esa misma línea, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Etchevehere, advirtió que hay alarma en los campos porque con la ley de Abastecimiento se quiere confiscar la producción, por lo cual ratificó que acudirán a la Justicia para declarar su inconstitucionalidad. “El proyecto de ley del oficialismo dice claramente que permitiría la confiscación de la producción”, indicó el dirigente. Etchevehere manifestó: “la verdad es que en vez de ponerle un GPS a la soja, habría que ponérselo a (el vicepresidente Amado) Boudou para facilitarle la tarea a los fiscales”, consignó la agencia de noticias DyN.
Los proyectos que la Casa Rosada envió al Congreso, junto con el del cambio de sede de pago de la deuda externa reestructurada, contempla un nuevo sistema de resolución de conflictos en relaciones de consumo, con la creación de un fuero especial para atender este tipo de asuntos; otra iniciativa que crea un Observatorio de Precios (de Defensa del Consumidor); y la reforma de la Ley de Abastecimiento, que propone acciones de intervención estatal para evitar abusos y la apropiación indebida del excedente de la cadena de valor, según el texto. Entre los cambios anunciados por el oficialismo se encontraron la eliminación de la Secretaría de Comercio como autoridad de aplicación, dejando en manos del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) la potestad de poner en marcha la norma, y la exclusión de las PyME.
Lo más popular
