07 Septiembre 2014
Se tramitan casi 60 causas penales sobre trata de personas en el Juzgado Federal de Tucumán
Los casos más relevantes están vinculados con un prostíbulo que funcionaba en José Colombres 409 y otro, en Marco Avellaneda 666 Un equipo de la Procuradoría de Trata y Explotación de Personas (Protex) trabaja en Tucumán desde diciembre del año pasado para recibir denuncias, investigar y juzgar casos
PRIMERA VEZ EN TUCUMÁN. La semana pasada comenzó un debate oral por un presunto caso de trata de personas. la gaceta / foto de franco vera
La desaparición de María de los Ángeles “Marita” Verón en abril de 2002 puso a Tucumán en el mapa de la trata de personas con fines de explotación sexual. El estigma de la desnutrición sobrevolaba la provincia y a muchos les costaba entender que había mujeres tucumanas reclutadas para ejercer la prostitución en otros puntos del país.
La pista de La Rioja en el caso Verón no era creíble para la Justicia ni para la Policía. ¿Cómo podía ser que una mujer fuera trasladada tantos kilómetros contra su voluntad? Sin embargo, la tenacidad de los padres de “Marita” y de algunos policías permitió descubrir que existía una red que unía a Tucumán con los prostíbulos riojanos. Seis años más tarde, la historia volvía a repetirse.
C.M. tenía 17 años cuando su prima la estaba llevando bajo engaños a Santa Cruz para, presuntamente, entregarla a una proxeneta en Puerto San Julián. La adolescente fue rescatada a tiempo. En ese entonces, el 21 de mayo de 2008, ya había una ley que creó el delito de trata de personas, y existía una repartición policial dedicada exclusivamente a la investigación de estos casos, además de una incipiente fundación que prometía asistencia a las víctimas.
La captación y el traslado de la adolescente comenzaron a ser juzgados la semana pasada. Verónica de Jesús Olivera y Ana Alicia Taviansky enfrentan una acusación que las podría llevar a una condena de hasta 10 años de prisión. La primera de ellas es prima de la adolescente, a quien le habría prometido que podía buscar trabajo en Santa Cruz como profesora de danzas folclóricas. La segunda era dueña del prostíbulo “Cabaret San Julián”. Ambas admitieron ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (TOF) que fueron prostitutas y que ingresaron de pequeñas a ese mundo.
Dos casos importantes
“Cuando hablamos de trata, sea sexual o laboral, hablamos de violación grave de derechos humanos, de criminalidad organizada y de delito complejo y, en muchos casos, de participación criminal de funcionarios públicos”, afirmó Valentina García Salemi, miembro del equipo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) en Tucumán, quien se desempeña en el juicio como fiscal ad-hoc a la par del fiscal Federal subrogante Leopoldo Peralta Palma.
El equipo del Protex funciona desde diciembre del año pasado en la Fiscalía Federal Nº 2, integrado por García Salemi y por el abogado Daniel Weisemberg. Además de las investigaciones preliminares sobre trata de personas, colaboran técnicamente con las dos fiscalías federales de Tucumán en la recepción de las denuncias, y en la investigación y juzgamiento de los distintos casos.
En la Justicia Federal tucumana se encuentran tramitando cerca de 60 causas penales sobre trata de personas, de las cuales solamente cuatro corresponden a casos de posible explotación laboral. Los dos casos más importantes que terminaron con procesamientos ocurrieron el año pasado, cuando fueron detenidos los integrantes de dos presuntas redes de explotación sexual.
La primera de ellas estaría liderada por Luis “Pelado” Gambandé, quien habría regenteado un prostíbulo que funcionaba en el primer piso de José Colombres 409. En julio de 2013, Gambandé fue procesado y detenido junto a Melani Julliana Borgo. Más adelante, la Cámara Federal de Apelaciones revocó la prisión preventiva. La Fiscalía Federal de Cámara y la Protex presentaron un recurso de casación en contra de esa decisión, lo que debe ser resuelto por la Cámara Federal de Casación Penal, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gustavo Estofán, el abogado de Gambandé en esta causa, presenció parte de la primera audiencia del juicio por trata de personas que comenzó la semana pasada.
El segundo caso que vincula a una supuesta red de trata de personas es el del conocido prostíbulo de Marco Avellaneda 666 (“California”), que fue clausurado cuatro veces en menos de un año, desde que se sancionó la ley de Prostíbulos Cero. A pesar de los allanamientos policiales, los dueños lograban burlar los controles y volvían a abrir sus puertas, hasta que en septiembre del año pasado quedaron detenidas las siete personas que, presuntamente, integraban la organización. Además, la Justicia les imputa que regenteaban otro burdel frente a la vieja terminal de ómnibus, donde explotaban sexualmente a las mujeres.
Mercedes Medina, Ernesto Robles, Susana Figueroa, Aníbal Frías, Rosa Juárez, Eduardo Loto y Juan Sarmiento están cerca de enfrentar un juicio oral, luego de que la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán confirmara el procesamiento con prisión preventiva.
La asistencia
“La naturaleza de crimen organizado que tiene la trata hace que la víctima que la sobrevive sea una víctima especial: es ‘testigo-víctima’, requiere de protección integral del Estado. Por eso, y para prevenir, investigar y sancionar seriamente este delito, de acuerdo a las obligaciones internacionales asumidas, la respuesta también debe ser organizada y coordinada bajo la guía de políticas criminales claras”, enfatizó García Salemi.
Es así que en la trata de personas hay un abordaje jurídico en cuanto a la investigación penal, y otro que se relaciona con la asistencia integral de la víctima. Este rol, en general, lo cumple en la provincia la fundación “María de los Ángeles”. “Tenemos un equipo multidisciplinario, porque no sólo asistimos a la víctima, sino al grupo familiar”, explicó el abogado Agustín Aráoz Terán, de la fundación. El letrado comentó que en la actualidad recurren a la fundación entre 80 y 100 mujeres, que reciben contención social, psicológica y asistencia jurídica.
“Una de las más fuertes directivas fiscales es la de investigar la criminalidad organizada de manera ascendente: no sólo los eslabones más bajos de la cadena de responsabilidades o de redes sino investigar y juzgar a quienes realmente se benefician económica y millonariamente con la explotación ajena, sea sexual o laboral. No es tarea sencilla pero estamos muy bien encaminados y en coordinación”, expresó García Salemi.
El juicio contra Olivera y Taviansky continuará el martes a partir de las 14.
La pista de La Rioja en el caso Verón no era creíble para la Justicia ni para la Policía. ¿Cómo podía ser que una mujer fuera trasladada tantos kilómetros contra su voluntad? Sin embargo, la tenacidad de los padres de “Marita” y de algunos policías permitió descubrir que existía una red que unía a Tucumán con los prostíbulos riojanos. Seis años más tarde, la historia volvía a repetirse.
C.M. tenía 17 años cuando su prima la estaba llevando bajo engaños a Santa Cruz para, presuntamente, entregarla a una proxeneta en Puerto San Julián. La adolescente fue rescatada a tiempo. En ese entonces, el 21 de mayo de 2008, ya había una ley que creó el delito de trata de personas, y existía una repartición policial dedicada exclusivamente a la investigación de estos casos, además de una incipiente fundación que prometía asistencia a las víctimas.
La captación y el traslado de la adolescente comenzaron a ser juzgados la semana pasada. Verónica de Jesús Olivera y Ana Alicia Taviansky enfrentan una acusación que las podría llevar a una condena de hasta 10 años de prisión. La primera de ellas es prima de la adolescente, a quien le habría prometido que podía buscar trabajo en Santa Cruz como profesora de danzas folclóricas. La segunda era dueña del prostíbulo “Cabaret San Julián”. Ambas admitieron ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (TOF) que fueron prostitutas y que ingresaron de pequeñas a ese mundo.
Dos casos importantes
“Cuando hablamos de trata, sea sexual o laboral, hablamos de violación grave de derechos humanos, de criminalidad organizada y de delito complejo y, en muchos casos, de participación criminal de funcionarios públicos”, afirmó Valentina García Salemi, miembro del equipo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) en Tucumán, quien se desempeña en el juicio como fiscal ad-hoc a la par del fiscal Federal subrogante Leopoldo Peralta Palma.
El equipo del Protex funciona desde diciembre del año pasado en la Fiscalía Federal Nº 2, integrado por García Salemi y por el abogado Daniel Weisemberg. Además de las investigaciones preliminares sobre trata de personas, colaboran técnicamente con las dos fiscalías federales de Tucumán en la recepción de las denuncias, y en la investigación y juzgamiento de los distintos casos.
En la Justicia Federal tucumana se encuentran tramitando cerca de 60 causas penales sobre trata de personas, de las cuales solamente cuatro corresponden a casos de posible explotación laboral. Los dos casos más importantes que terminaron con procesamientos ocurrieron el año pasado, cuando fueron detenidos los integrantes de dos presuntas redes de explotación sexual.
La primera de ellas estaría liderada por Luis “Pelado” Gambandé, quien habría regenteado un prostíbulo que funcionaba en el primer piso de José Colombres 409. En julio de 2013, Gambandé fue procesado y detenido junto a Melani Julliana Borgo. Más adelante, la Cámara Federal de Apelaciones revocó la prisión preventiva. La Fiscalía Federal de Cámara y la Protex presentaron un recurso de casación en contra de esa decisión, lo que debe ser resuelto por la Cámara Federal de Casación Penal, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gustavo Estofán, el abogado de Gambandé en esta causa, presenció parte de la primera audiencia del juicio por trata de personas que comenzó la semana pasada.
El segundo caso que vincula a una supuesta red de trata de personas es el del conocido prostíbulo de Marco Avellaneda 666 (“California”), que fue clausurado cuatro veces en menos de un año, desde que se sancionó la ley de Prostíbulos Cero. A pesar de los allanamientos policiales, los dueños lograban burlar los controles y volvían a abrir sus puertas, hasta que en septiembre del año pasado quedaron detenidas las siete personas que, presuntamente, integraban la organización. Además, la Justicia les imputa que regenteaban otro burdel frente a la vieja terminal de ómnibus, donde explotaban sexualmente a las mujeres.
Mercedes Medina, Ernesto Robles, Susana Figueroa, Aníbal Frías, Rosa Juárez, Eduardo Loto y Juan Sarmiento están cerca de enfrentar un juicio oral, luego de que la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán confirmara el procesamiento con prisión preventiva.
La asistencia
“La naturaleza de crimen organizado que tiene la trata hace que la víctima que la sobrevive sea una víctima especial: es ‘testigo-víctima’, requiere de protección integral del Estado. Por eso, y para prevenir, investigar y sancionar seriamente este delito, de acuerdo a las obligaciones internacionales asumidas, la respuesta también debe ser organizada y coordinada bajo la guía de políticas criminales claras”, enfatizó García Salemi.
Es así que en la trata de personas hay un abordaje jurídico en cuanto a la investigación penal, y otro que se relaciona con la asistencia integral de la víctima. Este rol, en general, lo cumple en la provincia la fundación “María de los Ángeles”. “Tenemos un equipo multidisciplinario, porque no sólo asistimos a la víctima, sino al grupo familiar”, explicó el abogado Agustín Aráoz Terán, de la fundación. El letrado comentó que en la actualidad recurren a la fundación entre 80 y 100 mujeres, que reciben contención social, psicológica y asistencia jurídica.
“Una de las más fuertes directivas fiscales es la de investigar la criminalidad organizada de manera ascendente: no sólo los eslabones más bajos de la cadena de responsabilidades o de redes sino investigar y juzgar a quienes realmente se benefician económica y millonariamente con la explotación ajena, sea sexual o laboral. No es tarea sencilla pero estamos muy bien encaminados y en coordinación”, expresó García Salemi.
El juicio contra Olivera y Taviansky continuará el martes a partir de las 14.
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