06 Septiembre 2014
Las diferencias profundas que mantienen los letrados respecto de la organización y administración de la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de Tucumán proyectarán su sombra sobre la renovación parcial de autoridades programada para el 18 de septiembre. En ese comicio chocarán los dos sectores en pugna, con una oposición abroquelada en la lista “Frente Pluralista” y un oficialismo encolumnado en la nómina “Unidad Previsional”.
La contienda electoral quedó planteada así el martes pasado a la medianoche, cuando venció el plazo para presentar candidatos a dos sillas ad honórem de directores titulares con sus respectivos suplentes. El grupo afín a la actual cúpula directiva de la Caja oficializó la siguiente nómina: Joaquín Arch (titular), Karim Kanan (titular), Luis Manso (suplente) y María de los Ángeles Pacheco (suplente). El “Frente Pluralista”, por su parte, lleva como candidatos a José Salas Crespo (titular), Juan Carlos Sánchez (titular), Matilde Viscido (suplente) y Nélida Bendek (suplente).
La división de la abogacía se manifiesta con nitidez en las propuestas. “Unidad Previsional” tiene el apoyo de Pedro Yane Mana, presidente de la Caja, y de la mayor parte de la cúpula del Colegio de Abogados de la Capital, que representa al grupo dirigente tradicional. El “Frente Pluralista” exhibe el respaldo de agrupaciones opositoras a la conducción del Colegio como “Abogados Agremiados” (espacio fundador de la Asociación de Abogados de Tucumán), “Nicolás Avellaneda”, “Abogados Unidos” y “Dignidad Letrada”, según Fernando Lliteras, apoderado de la lista. Pero, además, en la oposición confluyen independientes; radicales identificados con el dirigente Raúl Moreno y peronistas.
Ambas listas estarían disputándose el apoyo del Colegio de Abogados del Sur, que aún no se “casó” con nadie, según informó Diego Vals, presidente de la entidad. La situación no es fácil de dirimir puesto que por primera vez habrá una postulante del sur, Pacheco (“Unidad Previsional”), pero resulta que esta abogada pertenece al sector opositor al grupo de Vals. Situaciones de esta clase anticipan que la campaña será movida y que establecerá el tono de las otras dos elecciones que celebrarán los abogados hasta fin de año: el 26 de septiembre volverán a las urnas para votar representantes para el Consejo de la Magistratura de la Nación y en noviembre harán lo propio para renovar en forma parcial la mesa del Colegio de Abogados de la Capital.
El padrón de la Caja está formado por alrededor de 5.500 letrados, según Yane Mana, que preside la junta electoral interna (los procuradores no participan porque no presentaron listas). La votación tendrá lugar en las mesas habilitadas en la sede de la institución y en el Colegio de Abogados del Sur. Los ganadores sustituirán a los directores Raúl Martínez Aráoz (vicepresidente), Carlos Casal (secretario), Carlos Parajón (protesorero) y Daniel Aguirre. Una vez sustanciada la elección, el directorio de la Caja se reunirá para designar autoridades.
“Dentro de la buena fe, espero que tengamos un comicio sano y responsable”, pidió Yane Mana, que dirige la Caja hace seis años. El resultado de la votación incidirá en la agenda de la entidad previsional, que tiene un 80% de afiliados morosos y dificultades de financiamiento (por año gasta $ 33 millones y recauda $ 26,4 millones), y cuya regulación legal está severamente cuestionada.
La contienda electoral quedó planteada así el martes pasado a la medianoche, cuando venció el plazo para presentar candidatos a dos sillas ad honórem de directores titulares con sus respectivos suplentes. El grupo afín a la actual cúpula directiva de la Caja oficializó la siguiente nómina: Joaquín Arch (titular), Karim Kanan (titular), Luis Manso (suplente) y María de los Ángeles Pacheco (suplente). El “Frente Pluralista”, por su parte, lleva como candidatos a José Salas Crespo (titular), Juan Carlos Sánchez (titular), Matilde Viscido (suplente) y Nélida Bendek (suplente).
La división de la abogacía se manifiesta con nitidez en las propuestas. “Unidad Previsional” tiene el apoyo de Pedro Yane Mana, presidente de la Caja, y de la mayor parte de la cúpula del Colegio de Abogados de la Capital, que representa al grupo dirigente tradicional. El “Frente Pluralista” exhibe el respaldo de agrupaciones opositoras a la conducción del Colegio como “Abogados Agremiados” (espacio fundador de la Asociación de Abogados de Tucumán), “Nicolás Avellaneda”, “Abogados Unidos” y “Dignidad Letrada”, según Fernando Lliteras, apoderado de la lista. Pero, además, en la oposición confluyen independientes; radicales identificados con el dirigente Raúl Moreno y peronistas.
Ambas listas estarían disputándose el apoyo del Colegio de Abogados del Sur, que aún no se “casó” con nadie, según informó Diego Vals, presidente de la entidad. La situación no es fácil de dirimir puesto que por primera vez habrá una postulante del sur, Pacheco (“Unidad Previsional”), pero resulta que esta abogada pertenece al sector opositor al grupo de Vals. Situaciones de esta clase anticipan que la campaña será movida y que establecerá el tono de las otras dos elecciones que celebrarán los abogados hasta fin de año: el 26 de septiembre volverán a las urnas para votar representantes para el Consejo de la Magistratura de la Nación y en noviembre harán lo propio para renovar en forma parcial la mesa del Colegio de Abogados de la Capital.
El padrón de la Caja está formado por alrededor de 5.500 letrados, según Yane Mana, que preside la junta electoral interna (los procuradores no participan porque no presentaron listas). La votación tendrá lugar en las mesas habilitadas en la sede de la institución y en el Colegio de Abogados del Sur. Los ganadores sustituirán a los directores Raúl Martínez Aráoz (vicepresidente), Carlos Casal (secretario), Carlos Parajón (protesorero) y Daniel Aguirre. Una vez sustanciada la elección, el directorio de la Caja se reunirá para designar autoridades.
“Dentro de la buena fe, espero que tengamos un comicio sano y responsable”, pidió Yane Mana, que dirige la Caja hace seis años. El resultado de la votación incidirá en la agenda de la entidad previsional, que tiene un 80% de afiliados morosos y dificultades de financiamiento (por año gasta $ 33 millones y recauda $ 26,4 millones), y cuya regulación legal está severamente cuestionada.
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