06 Septiembre 2014
“Escuché al ex juez Terán decir ‘aquí hay joda’”
Guillermo García, director de Auditoría de la Procuración del Tesoro, describió las anomalías detectadas en causas con títulos públicos “También hubo fondos buitre en Tucumán”, comentó el auditor. El ex magistrado federal y coimputado se despegó de la confección de oficios tachados de falsos
EL AUDITOR. El testigo Guillermo García declara en el juicio oral de las causas “Borquez” y “Camandona” durante el debate del martes pasado. la gaceta / foto de diego aráoz
El juicio oral de las causas “Borquez” y “Camandona” recrea la última -y quizá más feroz- crisis de la Justicia Federal de Tucumán. Ese orden irregular, que entre 2006 y 2007 acabó con las carreras de los dos jueces de primera instancia, Felipe Federico Terán (fue destituido) y Jorge Parache (dimitió), quedó petrificado en la auditoría elaborada por Guillermo García para la Procuración del Tesoro de la Nación, luego de que el ex procurador Osvaldo César Guglielmino advirtiese abundantes anomalías en el trámite de medidas cautelares con títulos públicos.
“Escuché decir al ex juez Terán ‘aquí hay joda’”, declaró García este martes, en la cuarta jornada del juicio que celebra el Tribunal Oral en lo Criminal Federal. El testigo, que en el presente es director de Auditoría de la Procuración del Tesoro de la Nación, recordó que durante esos días de trabajo en la Justicia Federal de Tucumán hubo algunas cosas que no le parecieron normales. “(En los juicios auditados) se pretendía la exclusión de títulos públicos del régimen de la cesación de pagos en función de la edad y del estado de salud de los tenedores (Inés Yolanda Borquez y Julio Melchor Camandona -sobreseídos-). La señora Borquez decía que se trataba de sus ahorros de toda la vida, pero los bonos por U$S 620.000 habían ingresado a su cuenta un par de días antes de la demanda. Luego, después de obtener la cautelar de parte de Terán (coimputado), aparecieron títulos por cuatro millones más: esto no me pareció muy común”, describió.
Durante su declaración, García insistió en que la bonista había invocado un estado de necesidad que ella misma había creado al adquirir títulos públicos en default (alcanzados por la cesación de pagos y la pesificación forzosa que dispuso el Gobierno a finales de 2001). “No vimos ahí otra razón que no fuese una maniobra porque no era aquella la situación que el Estado había considerado al establecer la excepción de la pesificación (edad avanzada y salud deteriorada). En ‘Borquez’ ni siquiera había diagnóstico, y la enfermedad era acreditada mediante fotocopias y estudios de hacía cuatro o cinco años”, advirtió. Y opinó: “en Tucumán también hubo fondos buitre (en referencia a los tenedores de bonos pre-default que no ingresaron al canje)”.
El auditor ratificó que consideraba una grave irregularidad la falta de coincidencia entre la orden de Terán de pagar la renta de los títulos y los oficios presentados por el abogado Daniel Martín (coimputado) para cobrar los dólares, que incluían también la amortización. García se mantuvo en su posición pese a que la defensa de Martín expresó que las cuotas de los bonos implicados en “Camandona” comprendían capital e intereses. A esa altura del debate, Terán pidió la palabra y sostuvo que todas las cautelares que había firmado hablaban solamente de la renta. “Si hubiese querido pagar el capital, habría sido específico. El Juzgado Federal N°1 (a cargo de Parache) sacó resoluciones que ordenaban abonar la renta y el capital. El oficio era distinto (a la decisión), pero yo no lo hice”, expresó el ex juez federal N°2.
García, a quien Guglielmino calificó en su respectiva declaración en este juicio como el “mejor auditor que tuvo la República en términos técnicos y morales”, relató también que fue testigo de la decisión de Terán de enviar los juicios auditados a la Fiscalía Federal para que investigue la posible comisión de delitos (la divulgación de la supuesta maniobra impidió que el Estado cumpla las cautelares que dictó el ex juez, que suponían pagar U$S 5,2 millones en “Borquez” y U$S 139.000 en “Camandona”).
Respecto de la determinación de Terán, el funcionario García comentó: “no sé si obró así porque ya estaba todo jugado o por otra razón. Había una orden previa de presentar una denuncia penal emitida por el Ministerio de Economía que yo no había visto nunca antes y sé que Laura Alercia (entonces abogada del Ministerio) se reunió con el ex juez, pero desconozco qué pasó después. Nosotros no juzgamos a nadie, pero hace 20 años tratamos de defender el erario”.
“Escuché decir al ex juez Terán ‘aquí hay joda’”, declaró García este martes, en la cuarta jornada del juicio que celebra el Tribunal Oral en lo Criminal Federal. El testigo, que en el presente es director de Auditoría de la Procuración del Tesoro de la Nación, recordó que durante esos días de trabajo en la Justicia Federal de Tucumán hubo algunas cosas que no le parecieron normales. “(En los juicios auditados) se pretendía la exclusión de títulos públicos del régimen de la cesación de pagos en función de la edad y del estado de salud de los tenedores (Inés Yolanda Borquez y Julio Melchor Camandona -sobreseídos-). La señora Borquez decía que se trataba de sus ahorros de toda la vida, pero los bonos por U$S 620.000 habían ingresado a su cuenta un par de días antes de la demanda. Luego, después de obtener la cautelar de parte de Terán (coimputado), aparecieron títulos por cuatro millones más: esto no me pareció muy común”, describió.
Durante su declaración, García insistió en que la bonista había invocado un estado de necesidad que ella misma había creado al adquirir títulos públicos en default (alcanzados por la cesación de pagos y la pesificación forzosa que dispuso el Gobierno a finales de 2001). “No vimos ahí otra razón que no fuese una maniobra porque no era aquella la situación que el Estado había considerado al establecer la excepción de la pesificación (edad avanzada y salud deteriorada). En ‘Borquez’ ni siquiera había diagnóstico, y la enfermedad era acreditada mediante fotocopias y estudios de hacía cuatro o cinco años”, advirtió. Y opinó: “en Tucumán también hubo fondos buitre (en referencia a los tenedores de bonos pre-default que no ingresaron al canje)”.
El auditor ratificó que consideraba una grave irregularidad la falta de coincidencia entre la orden de Terán de pagar la renta de los títulos y los oficios presentados por el abogado Daniel Martín (coimputado) para cobrar los dólares, que incluían también la amortización. García se mantuvo en su posición pese a que la defensa de Martín expresó que las cuotas de los bonos implicados en “Camandona” comprendían capital e intereses. A esa altura del debate, Terán pidió la palabra y sostuvo que todas las cautelares que había firmado hablaban solamente de la renta. “Si hubiese querido pagar el capital, habría sido específico. El Juzgado Federal N°1 (a cargo de Parache) sacó resoluciones que ordenaban abonar la renta y el capital. El oficio era distinto (a la decisión), pero yo no lo hice”, expresó el ex juez federal N°2.
García, a quien Guglielmino calificó en su respectiva declaración en este juicio como el “mejor auditor que tuvo la República en términos técnicos y morales”, relató también que fue testigo de la decisión de Terán de enviar los juicios auditados a la Fiscalía Federal para que investigue la posible comisión de delitos (la divulgación de la supuesta maniobra impidió que el Estado cumpla las cautelares que dictó el ex juez, que suponían pagar U$S 5,2 millones en “Borquez” y U$S 139.000 en “Camandona”).
Respecto de la determinación de Terán, el funcionario García comentó: “no sé si obró así porque ya estaba todo jugado o por otra razón. Había una orden previa de presentar una denuncia penal emitida por el Ministerio de Economía que yo no había visto nunca antes y sé que Laura Alercia (entonces abogada del Ministerio) se reunió con el ex juez, pero desconozco qué pasó después. Nosotros no juzgamos a nadie, pero hace 20 años tratamos de defender el erario”.
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