07 Septiembre 2014
BUENOS AIRES.- Por estos días, el gobierno enfrenta un fenómeno extraño, tal vez, fruto de su propia incapacidad e impericia. La economía transita por un escenario donde no abundan los pesos ni los dólares. Y en ambos fenómenos, el gobierno tiene una responsabilidad máxima, teniendo en cuenta que es el principal demandante de las dos monedas.
En el caso de los dólares, los efectos derivados de un default caprichoso y sin sentido, los menores ingresos derivados de la caída del precio de los commodities, las restricciones a la salida de divisas y la multiplicidad de mercados alternativos, provoca la desaparición del billete estadounidense.
En el caso de los pesos, el Estado desplaza al sector privado en la demanda de pesos, para atender su monumental gasto público que crece por encima de los ingresos fiscales y obliga al Tesoro y a las agencias del Estado a endeudarse, restringiendo el acceso a empresas y particulares. En uno y otro caso, el Banco Central debió subir las tasas de interés tras la devaluación para evitar que se potenciara la paridad cambiaria.
El ahogo financiero del Estado es absoluto. De allí, su negativa a subir el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias a los trabajadores en relación de dependencia, o a eliminar impuestos de baja significación tributaria como bienes personales. Desde el default, el deterioro de los ingresos fiscales es muy significativo a pesar de que la recaudación orilla los $ 100.000 millones. Aún así, los principales recursos muestran que la actividad económica se está paralizando. La baja de los derechos por importaciones, son una clara muestra de la parálisis productiva que va cobrando víctimas a su paso: la recaudación de aportes de monotributistas y autónomos -los eslabones más débiles de la cadena-, mostró una notable contracción, lo que evidencia la intensidad del comienzo del ciclo recesivo. Además, el Estado está apelando al viejo recurso de no devolver reintegros y reembolsos a las exportaciones, acumulando importante saldos deudores. Los retrasos con proveedores son otra de las usinas generadoras de un pasivo que va tomando cada vez mayor tamaño y se refleja en el lento ritmo de la obra pública.
Ni aún con esa magnitud de dinero, el Estado puede satisfacer su creciente gasto y vuelve a accionar la máquina de emitir pesos, generando inflación y esta mayor pobreza y miseria. Nuevamente, como en los ‘70 y en los ‘80, el Estado vuelve a tomar una dimensión gigantesca y vuelca sobre el resto de la sociedad su rigidez e ineficiencia. Es el mismo gobierno el que genera la inflación y es el que genera la pobreza. ¿Cómo es posible que YPF con 2/3 del mercado de los combustibles haya aumentado el precio de los carburantes 4%, cuando el precio del petróleo en los últimos dos meses cayó más del 10%? ¿Dónde está el aumento de costos que justifique semejante incremento?
Si los insumos no sólo no aumentaron sino que bajaron, el incremento de los costos habría que buscarlo en los gastos de funcionamiento de la compañía que se han desbordado por exceso de su plantilla.
La petrolera nacionalizada tiene posición dominante en el mercado doméstico y arrastra a la competencia a ajustar también sus precios, lo cual generaliza la suba. Este incremento dispara un ajuste en el costo de los fletes y éstos sobre los productos finales, aumentando los precios al público.
El gobierno pretende con la nueva ley de Abastecimiento imponer el terror sobre las empresas y meterse en el interior de las compañías privadas, para controlar una inflación que la misma administración Kirchner genera, a partir de un gasto público improductivo y creciente.
Mientras el oficialismo debate el cambio de domicilio de pago de la deuda pública -una ley inaplicable-, las causas que generaron esa deuda permanecen en actividad. El gasto público excesivo e improductivo, la emisión monetaria y la inflación son los principios activos de la deuda pública.
En el final de su ciclo, el kirchnerismo entró en un círculo vicioso que no tiene otro destino que el fracaso. Como antes, como ahora.
En el caso de los dólares, los efectos derivados de un default caprichoso y sin sentido, los menores ingresos derivados de la caída del precio de los commodities, las restricciones a la salida de divisas y la multiplicidad de mercados alternativos, provoca la desaparición del billete estadounidense.
En el caso de los pesos, el Estado desplaza al sector privado en la demanda de pesos, para atender su monumental gasto público que crece por encima de los ingresos fiscales y obliga al Tesoro y a las agencias del Estado a endeudarse, restringiendo el acceso a empresas y particulares. En uno y otro caso, el Banco Central debió subir las tasas de interés tras la devaluación para evitar que se potenciara la paridad cambiaria.
El ahogo financiero del Estado es absoluto. De allí, su negativa a subir el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias a los trabajadores en relación de dependencia, o a eliminar impuestos de baja significación tributaria como bienes personales. Desde el default, el deterioro de los ingresos fiscales es muy significativo a pesar de que la recaudación orilla los $ 100.000 millones. Aún así, los principales recursos muestran que la actividad económica se está paralizando. La baja de los derechos por importaciones, son una clara muestra de la parálisis productiva que va cobrando víctimas a su paso: la recaudación de aportes de monotributistas y autónomos -los eslabones más débiles de la cadena-, mostró una notable contracción, lo que evidencia la intensidad del comienzo del ciclo recesivo. Además, el Estado está apelando al viejo recurso de no devolver reintegros y reembolsos a las exportaciones, acumulando importante saldos deudores. Los retrasos con proveedores son otra de las usinas generadoras de un pasivo que va tomando cada vez mayor tamaño y se refleja en el lento ritmo de la obra pública.
Ni aún con esa magnitud de dinero, el Estado puede satisfacer su creciente gasto y vuelve a accionar la máquina de emitir pesos, generando inflación y esta mayor pobreza y miseria. Nuevamente, como en los ‘70 y en los ‘80, el Estado vuelve a tomar una dimensión gigantesca y vuelca sobre el resto de la sociedad su rigidez e ineficiencia. Es el mismo gobierno el que genera la inflación y es el que genera la pobreza. ¿Cómo es posible que YPF con 2/3 del mercado de los combustibles haya aumentado el precio de los carburantes 4%, cuando el precio del petróleo en los últimos dos meses cayó más del 10%? ¿Dónde está el aumento de costos que justifique semejante incremento?
Si los insumos no sólo no aumentaron sino que bajaron, el incremento de los costos habría que buscarlo en los gastos de funcionamiento de la compañía que se han desbordado por exceso de su plantilla.
La petrolera nacionalizada tiene posición dominante en el mercado doméstico y arrastra a la competencia a ajustar también sus precios, lo cual generaliza la suba. Este incremento dispara un ajuste en el costo de los fletes y éstos sobre los productos finales, aumentando los precios al público.
El gobierno pretende con la nueva ley de Abastecimiento imponer el terror sobre las empresas y meterse en el interior de las compañías privadas, para controlar una inflación que la misma administración Kirchner genera, a partir de un gasto público improductivo y creciente.
Mientras el oficialismo debate el cambio de domicilio de pago de la deuda pública -una ley inaplicable-, las causas que generaron esa deuda permanecen en actividad. El gasto público excesivo e improductivo, la emisión monetaria y la inflación son los principios activos de la deuda pública.
En el final de su ciclo, el kirchnerismo entró en un círculo vicioso que no tiene otro destino que el fracaso. Como antes, como ahora.
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